El gobierno de Bolivia mantiene apenas el equilibrio tras el rechazo que recibió su proyecto de presupuesto en el Congreso legislativo, y rodeado de amenazas de huelgas y protestas con bloqueos de vías de transporte.
Los pasos fronterizos fueron cortados el lunes por los transportistas, que demandan la eliminación del Impuesto al Valor Agregado de 13 por ciento, si bien este martes los cortes se mantenían parcialmente y el gobierno anunció el inicio de negociaciones para resolver el conflicto.
Mientras, organizaciones cívicas del sudoriental departamento de Potosí resolvieron suspender una paralización de actividades de 48 horas, prevista para este miércoles en reclamo de fomento a la reactivación de la minería local. Una medida similar se había cumplido dos semanas atrás.
Aunque la huelga se levantó, los dirigentes de Potosí fustigaron duramente al gobierno.
Por otra parte, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto ratificó una tregua a sus protestas por diversas reivindicaciones, hasta el 20 de diciembre, a la espera de que para entonces el gobierno atienda sus reclamos.
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La Fejuve deja en suspenso una huelga general que debía comenzar esta semana en ese combativo municipio.
Más que un golpe de Estado, es una guerra de desgaste, dijo el ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo, describiendo el jaque social y político puesto al Poder Ejecutivo.
Galindo acusó a sectores políticos, que no identificó, de colocar a la democracia y al gobierno contra la pared.
La declaración siguió a una semana signada por tres explosiones contra la sede del Ministerio de la Defensa, una instalación militar y un canal de televisión propiedad del presidente Carlos Mesa.
El gobierno atraviesa una situación complicada, pero no es coyuntural porque la gestión estuvo acompañada de constantes conflictos sociales, dijo a IPS la analista política María Teresa Zegada.
Las dificultades de la administración inaugurada en octubre de 2003 también se presentan en el terreno económico, pues el Poder Legislativo rechazó el proyecto de presupuesto general de la nación que prevé un ejercicio fiscal de 6.375 millones de dólares para 2005.
Ese monto es inferior en 1.480 millones de dólares al producto interno bruto (PIB), estimado en 7.855 millones de dólares en 2003. El déficit fiscal del actual ejercicio es de 7,8 por ciento del PIB.
Cada año, Bolivia requiere la ayuda financiera externa de unos 400 millones de dólares para cubrir buena parte de ese déficit.
Los parlamentarios cuestionan un recorte de 250 millones de dólares en gasto social. El gobierno replicó que lamentaba la decisión de la Cámara de Diputados de incrementar su propio presupuesto en dos millones de dólares.
El gobierno explicó que el recorte (que hace inviables los aumentos de salarios públicos) se debe a la incertidumbre en que se encuentran los futuros ingresos tributarios del crucial sector de hidrocarburos, pues se demora la aprobación de una ley al respecto.
El Poder Ejecutivo proyectaba ingresos adicionales de 90 millones dólares por la aplicación de un impuesto progresivo a las compañías petroleras, pero un sector de legisladores de izquierda propone colocar en 50 por ciento las obligaciones fiscales de estas empresas, mediante nuevos contratos.
La modificación de los contratos es una puerta cerrada, en virtud de compromisos sobre respeto a la inversión extranjera firmados en el marco de acuerdos bilaterales con los países sede de corporaciones petroleras que operan en este país.
Los principales inversores extranjeros en Bolivia, la segunda mayor reserva de gas natural de la región con 53 trillones de pies cúbicos, tienen el respaldo de los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña y España.
Las diferencias de opinión entre los partidos políticos con representación legislativa y el gobierno determinaron la postergación del tratamiento de la ley de hidrocarburos hasta el 7 de diciembre.
Mientras, la riqueza de los hidrocarburos sigue sin mejorar la vida cotidiana. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la pobreza afecta a 61 por ciento de los 9,2 millones de bolivianos.
Mesa se ve también jaqueado en el terreno judicial, con una nueva derrota ante el Tribunal Constitucional que consideró inválido su nombramiento de un fiscal general y nueve fiscales de distrito, sin pasar por el procedimiento de la aprobación legislativa.
El presidente justificó el mecanismo de las designaciones directas en las indefiniciones y demoras del Congreso.
Los miembros del Tribunal, nombrados durante el gobierno anterior, exigen que los fiscales sean seleccionados en concursos bajo supervisión del Congreso.
Aunque algunos analistas y medios de comunicación expresan preocupación por la debilidad gubernamental, el sociólogo Joaquín Saravia dijo a IPS que en el transcurso del año los conflictos hallaron su cauce natural de solución, por lo cual no cabría una alteración del proceso democrático.
Para Zegada, la democracia boliviana ingresará en una reconfiguración del sistema político y de partidos este domingo, cuando unos 4,5 millones de electores elijan alcaldes y concejales de 327 gobiernos municipales, cargos para los cuales se postulan 13.000 candidatos.
Se trata de un juego de liderazgos que se proyectarán a las elecciones generales de 2007, dijo.
Zegada observa con interés la actuación de los partidos que se mantuvieron al margen del gobierno anterior y de aquellos que participaron en la administración del Estado en pasadas gestiones.
La campaña electoral muestra una actuación débil del ex gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tras su caída en octubre de 2003, con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien sólo gobernó desde 2002.
La renuncia de Sánchez de Lozada fue consecuencia de la denominada guerra del gas, protestas multitudinarias contra su política energética en las que murieron 67 personas, según la asociación de víctimas.
También el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) mantienen una actuación discreta, a diferencia de colectividades como el Movimiento Sin Miedo, liderado por el abogado Juan del Granado, ex alcalde de La Paz que aspira a la reelección, y el Movimiento al Socialismo (MAS), dirigido por el parlamentario indígena Evo Morales.
Morales fue el segundo candidato más votado en las elecciones nacionales de 2002 y encabeza además el movimiento de campesinos cocaleros (cultivadores de coca).
En las elecciones locales también participarán, por primera vez, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas que han obtenido el reconocimiento de la Corte Nacional Electoral para postular candidatos propios.
