El gobierno español recibió este jueves 59 siluetas femeninas, en representación de igual número de mujeres muertas por su pareja en lo que va del año en este país, junto a 103.900 firmas pidiendo que se garantice la protección de las víctimas de maltrato doméstico.
El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue motivo de actos y declaraciones variadas en España. La señal de partida la dio la convocatoria frente a la sede del gobierno, organizado por el capítulo nacional de Amnistía Internacional.
Significativa ha sido también la declaración del Observatorio contra la Violencia Doméstica, integrado entre otros por el Consejo General del Poder Judicial, la cual subraya que la principal causa de esta violencia reside en la situación de desigualdad entre hombres y mujeres fruto de las relaciones de poder, dominio y de posesión que han ejercido históricamente aquellos sobre éstas.
Ese texto resalta, además, porque precisamente el Consejo, ante diversas demandas, ha contestado que carece de facultades para coordinar la protección de las mujeres que presentan denuncias de malos tratos, muchas de las cuales han terminado muertas a manos de sus maridos o parejas de hecho.
La violencia de género ha pasado a ser en los últimos años la primera causa de muerte violenta e intencionada de mujeres en España, sin contar por supuesto las víctimas de los atentados terroristas del grupo ETA, que propone la independencia del País Vasco, y del perpetrado el 11 de marzo en Madrid atribuido al fundamentalismo islámico.
La portavoz del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Comisión de Asuntos Sociales del parlamento, Marisol Pérez, manifestó a IPS su esperanza de que antes de finalizar el año quede aprobada por unanimidad la llamada Ley contra la Violencia de Género, que está en trámite.
Mientras, Amnistía Internacional (AI), la organización humanitaria con sede en Londres, reclamó al jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que se garantice el cumplimiento riguroso de las medidas de protección dictadas por tribunales para mujeres víctimas de violencia de género.
También exigió que se ofrezca a las víctimas rápida y adecuada reparación que las equipare con otras categorías de víctimas de delitos violentos.
María Naredo, responsable del Area de Mujeres en AI, presentó el ejemplo de Alicia Arístregui, apuñalada por su marido el 9 de abril de 2002 y al cual ella había denunciado en numerosas ocasiones por incumplir la orden judicial de alejamiento.
La activista precisó al respecto que la policía de la localidad donde vivía (Arístregui) nunca fue informada de que existiera dicha orden de alejamiento.
En este caso, como en muchos otros, sus hijos no fueron indemnizados, porque, según el Tribunal Supremo de Justicia, el Estado sólo es responsable en el caso de que el delito sea cometido por agentes del servicio público o con su conocimiento.
Ante este pronunciamiento, Naredo ha solicitado que en la ley a estudio del parlamento se incluya la obligación de una reparación justa y adecuada en el ámbito de la tutela penal, tanto para las supervivientes de las agresiones como para las familias de las víctimas.
A su entender, respaldado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, la ley debe contemplar cuatro elementos fundamentales, que son la restitución de la víctima a la situación anterior a las agresiones sufridas, la indemnización, la rehabilitación y las garantías de no repetición asegurando una protección efectiva de todas las víctimas..
La española Francisca Sauquillo, diputada socialista del Parlamento Europeo y presidenta del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), señaló a IPS que, dentro del panorama de alarma social que se vive al respecto, existe un colectivo que requiere una mayor protección como son las mujeres inmigrantes sin los documentos requeridos para su regularización en el país.
Según Teresa Martínez, directora del Centro de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, instalado por el MPDL y en el cual hay más de un centenar de inmigrantes, éstas son particularmente víctimas por el desconocimiento que tienen sobre sus derechos y por la falta de recursos destinadas a las mismas.
Las campañas existentes no están pensadas para mujeres inmigrantes, no se las visibiliza y por ello muchas desconocen que hay dispositivos protectores y esto, unido a su temor a denunciar por su estatus de irregularidad, facilita que sufran ataques físicos y psicológicos intolerables perpetrados por sus parejas, aclaró.
Desde el gobierno ya se anuncian medidas de prevención. Por iniciativa del grupo parlamentario socialista, el Congreso de los Diputados aprobó este jueves y por unanimidad una declaración institucional, en la que se compromete a estar alerta para promover medidas legales y a ejercer su función de control para que también lo haga el Poder Ejecutivo.
Esa declaración expresa la satisfacción de los diputados por haber aprobado el proyecto de ley de protección integral contra la violencia de género y llama a todas las instituciones para que pongan en marcha todos sus recursos para hacer desaparecer los malos tratos contra las mujeres, la discriminación por razón de sexo y para que propugnen la tolerancia cero hacia esos delitos.
En la sesión parlamentaria, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la primera mujer que ocupa ese cargo en la historia de España, afirmó que ha cesado la hora del silencio y llega el momento del vigor de la respuesta de nuestra sociedad para que las mujeres accedan plenamente al libre ejercicio de sus derechos como personas.
Hoy ya no toleramos la persistencia entre nosotros de ámbitos de dominación que pretenden anular la autonomía de la mujer, concluyó la vicepresidenta.
Por otro lado, en la Secretaría General de Políticas de Igualdad y del Instituto de la Mujer, en un acto presidido por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se encendió un pebetero, cuya llama estará permanentemente encendida en memoria de las mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia doméstica.
Al encenderlo, la actriz Charo López leyó un manifiesto reconociendo la labor desarrollada por las organizaciones de mujeres y por éstas individualmente, en favor de la igualdad de derechos y por la eliminación de toda forma de violencia ejercida contra las mujeres.
