Activistas, profesores y dirigentes socialistas de España arrecian en sus críticas contra autoridades de los centros educativos de Madrid y Valencia, dos comunidades gobernadas por el Partido Popular, por negarse a admitir a inmigrantes irregulares que hayan cumplido los dos ciclos básicos.
España debe abrir las puertas a los inmigrantes y para ello es indispensable la formación, ya que la integración pasa por reunir las condiciones profesionales necesarias para competir en el mercado laboral en igualdad de condiciones, señaló a IPS la diputada del parlamento madrileño Maravilla Martínez Doncel, del Partido Socialista Obrero Español.
Impedir su inscripción es una forma más de obstaculizar a los inmigrantes para que hagan lo que España necesita, que es tener habitantes con la máxima formación posible, sea cual sea su origen y su documentación, concluyó.
Todos los menores de 16 años que residen en el país, sea cual sea su situación legal, están obligados por ley a completar los ciclos primario y secundario de la educación.
Si no son inscriptos ni asisten a clases, la norma considera que sus padres o quien tenga la tutela los tienen en abandono o bajo malos tratos, lo que da lugar a una investigación que puede concluir con la suspensión de la paternidad.
Quienes finalizan esos ciclos educativos pueden inscribirse en el Bachillerato o Formación Profesional, sin que sea obligatorio hacerlo. Pero, reglamentos como el vigente en la Comunidad de Madrid establecen que los alumnos extranjeros tendrán que presentar el número de identidad de extranjero, el permiso de residencia, la tarjeta de extranjero o el visado de estudios.
En la actualidad hay alrededor de 100.000 estudiantes que carecen de esos papeles, según la no gubernamental Asociación América-España Solidaridad y Cooperación (Aesco).
Es organización indicó que sólo en Madrid hay 3.800 jóvenes que han tenido que abandonar sus estudios este año porque sus padres entraron en España de forma irregular y, por lo tanto, sus hijos no cuentan con la documentación requerida.
Portavoces de Aesco precisaron que muchos de esos jóvenes se presentaron en septiembre para matricularse y se encontraron con un no, tú no puedes estudiar como respuesta.
Precisamente, Madrid y Valencia, dos de las 17 comunidades autónomas que integran España y gobernadas por el centroderechista Partido Popular (PP), son las que registran mayor cantidad de inmigrantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas y la Delegación del Gobierno para la Extranjería.
En Madrid residen 589.215 inmigrantes empadronados, sólo 355.035 de los cuales tienen tarjeta o permiso, mientras que en Valencia suman 413.760 los extranjeros, 233.749 de ellos sin esos papeles.
Es un contrasentido que estudiantes que han completado la educación básica no puedan continuar estudiando, manifestó a IPS Javier Carrascal, portavoz de la Asociación Nacional de Profesores de la Educación (ANPE), definido como sindicato independiente.
Después de aclarar que no entraría a discutir sobre la ley y los reglamentos, pues esa es una responsabilidad política que deben resolver los organismos competentes, subrayó que ellos, los profesores, en las escuelas nos da lo mismo la nacionalidad de los alumnos, (pues) para nosotros son todos iguales.
En el gobierno de Madrid explican que están estudiando el problema para resolverlo, mientras que un portavoz de la consejería (ministerio) de Educación de Valencia negó a IPS que haya una prohibición expresa de inscribir a los inmigrantes irregulares en Bachillerato o Formación Profesional.
Lo que ocurre, explicó el funcionario valenciano, es que para inscribirlos en esos cursos tienen que demostrar que han cursado la educación básica y, al no presentar certificados o papeles que lo demuestren, no se los puede inscribir.
Ante eso, una de las soluciones que se están estudiando es tomarles un examen y, de acuerdo al resultado, inscribirlos o no. Mientras, tampoco admiten a los que han completado la educación básica en España, si no está regularizada su situación y cuentan con los papeles inmigratorios respectivos.
Esas contradicciones tienen cierto fundamento legal, dependiendo de cómo se interprete la ley vigente.
Por eso el gobierno de España presidido desde mayo por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero pondrá en marcha a principios de 2005 un nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, una norma aprobada durante la administración de José María Aznar (1994-2004), del PP.
En esa reglamentación se incluirá un capítulo dedicado al tema educativo, además de abrir la puerta para regularizar a los inmigrantes que aún no cuenten con la documentación necesaria.
La ley vigente establece que todos los extranjeros tienen derecho a la educación básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas.
Pero al referirse a la educación de naturaleza no obligatoria no consigna la expresión todos los extranjeros, sino que simplemente habla de los extranjeros.
El borrador del nuevo Reglamento, que se espera sea aprobado por el parlamento antes de finalizar el año, se establece que las comunidades autónomas podrán facilitar el acceso de los extranjeros menores de edad, que se hallen empadronados en un municipio, a los niveles de enseñanza posobligatoria no universitarios.
Si ese borrador se aprueba, podrán acceder a esos niveles los inmigrantes empadronados aunque carezcan de visa o permiso de residencia, pero igualmente seguirán excluidos los que ni siquiera están empadronados.
Según cifras extraoficiales, en España hay unos 200.000 inmigrantes no empadronados, o sea no inscriptos en el municipio en el que residen, aunque para hacerlo no necesitan tener permiso de residencia ni visa de entrada al país.
