Ocho acusados en un proceso por sistemáticos abusos sexuales de niños y adolescentes, que a comienzos de 2002 comenzó a estremecer los pilares morales de Portugal, finalmente llegaron este jueves frente a un tribunal.
En el banquillo del Tribunal de Boa-Hora de Lisboa se sentaron Carlos Silvino, los abogados Manuel Abrantes y Hugo Marçal, el embajador Jorge Ritto, el periodista Carlos Cruz, el médico pediatra João Ferreira Diniz, el arqueólogo Francisco Alves y Gertrudes Nunes, todos ellos presuntos implicados en abuso sexual de niños, actos homosexuales con adolescentes y lenocinio o proxenetismo.
El expediente del proceso ya consta de 13.000 fojas divididas en nueve volúmenes y se deberán citar a declarar a 790 testigos, todo lo cual hace presumir que las audiencias se prolongarán por varios meses.
La imputación de la fiscalía general de la República de Portugal es reforzada por la acusación de 17 jóvenes nacidos entre 1984 y 1988, que cuando ocurrieron los hechos, entre 1999 y 2000, tenían de 12 a 16 años, así como otros 29 muchachos nacidos entre 1983 y 1991, con edades que iban de los ocho a los 16 años a la fecha de los crímenes investigados.
Silvino debe responder por 690 crímenes de abuso sexual de menores, Abrantes, por 51 crímenes, Ritto por 11, Cruz por seis, Ferreira Diniz por 18 , Marçal por 14 de abuso sexual de niños y 21 de proxeneta, mientras sobre Gertrudes Nunes recae la acusación de 35 crímenes de lenocinio y Alves por posesión ilegal de arma.
El caso se remonta a noviembre de 2002, cuando un reportaje del semanario local Expresso relató los abusos sexuales en la Casa Pía, un centro estatal de educación de 3.500 niños huérfanos e indigentes de todo el país.
En esa publicación se reproducían acusaciones de Joel, un alumno que conservó su anonimato bajo ese nombre, culpando al funcionario Carlos Silvino por haberle violado.
Días más tarde, Silvino es detenido en acción preventiva. Luego es destituido Luís Rebelo de su cargo de director de Casa Pía y nombrado en su lugar su lugar el hasta entonces subdirector, Manuel Abrantes.
Pero, tras dos días en el cargo, también fue exonerado Abrantes y arrestado el 1 de abril de 2003 por sospecha de prácticas pedófilas.
A fines de 2002 se hacen las primeras referencias a la presunta participación del embajador Ritto, uno de los diplomáticos más condecorados del país y de Cruz, periodista y célebre animador de televisión, como usuarios de la supuesta red de pedofilía administrada por Silvino.
A comienzos de febrero de 2003, Cruz, Marçal y Ferreira Diniz son puestos en prisión preventiva, mientras que a fines de ese mismo mes es arrestada Nunes, la propietaria de una casa donde se habría practicado sexo con niños y adolescentes.
Coincidente con la captura de Nunes, el psiquiatra infantil Pedro Strecht, jefe del gabinete da apoyo de los alumnos de Casa Pía, afirma que fueron detectados más de 100 casos de abuso sexual de menores de 18 años en esa institución.
En mayo del mismo año son detenidos Paulo Pedroso, quien fuera ministro socialista de Bienestar Social de 1995 a 2002, y el embajador Ritto, bajo la acusación de crímenes de abuso sexual de menores, y en junio es declarado reo del proceso el arqueólogo Alves.
La prisión de Pedroso, basada en su identificación por parte de un alumno a partir de una fotografía y reforzada por grabaciones de sus llamadas telefónicas, desata el escándalo político,
El período señalado es rico en fugas de información a los medios de comunicación, las que solo podrían haberse originado en la Fiscalía General de la República.
El caso comienza a adquirir una dimensión tal que el propio presidente de Portugal, Jorge Sampaio, se vio forzado a intervenir.
En septiembre de 2003, Sampaio sostuvo que algunos mecanismos del sistema judicial, como la presunción de inocencia de los acusado, el secreto de justicia y las grabación de conversaciones telefónicas deben ser revisadas para impedir decisiones iluminadas.
Sin embargo, en la misma oportunidad, el mandatario reiteró su confianza en el fiscal general de la república, Antonio de Souto Moura.
Pedroso fue puesto en libertad en octubre del año pasado por fallo de un tribunal de apelación, que contraría las razones invocadas por el juez de primera instancia Rui Teixeira, quien en varias oportunidades fue calificado de modo irónico de justiciero por los diarios locales alentados por los abogados de la defensa. La fiscalía reaccionó a esa decisión criticando la politización de la justicia.
El penúltimo día de 2003, la investigación cierra el proceso sin haber logrado demostrar la existencia de una red pedófila con características de asociación criminal, pero logra unir a los acusados de abusos sexuales de menores en una estructura informal.
Durante el primer semestre de este año, a siete de los ocho acusados, todos ellos de altos ingresos económicos, les fue decretada prisión domiciliaria en espera de juicio. El único acusado que continúa en la cárcel es Silvino.
Ente las bajas más importante causadas por el caso Casa Pía se cuentan la renuncia el pasado 9 de agosto de Adelino Salvado al cargo de director de la Policía Judicial, por haber proporcionado datos confidenciales del proceso a un periodista del matutino lisboeta Correio da Manhã, y de la asesora de prensa de Souto Moura, Sara Pina, por violación del secreto de justicia.
Se levanta un clamor nacional encabezado por la oposición pidiendo la cabeza del fiscal general, pero los partidos de la mayoría gubernamental apoyan a Souto Moura, ante lo cual Sampaio y el primer ministro, Pedro Santana Lopes, le reiteran su confianza política.
El juicio iniciado este jueves y que proseguirá el 2 de diciembre es punto de partida del cierre de este largo período marcado por la creciente desconfianza de las capas económicamente más bajas de la población en su sistema judicial. Está concebido para favorecer a los ricos, dijo un curioso entrevistado a la entrada del tribunal de Boa-Hora.
Una encuesta de la empresa Marktest, divulgada este jueves por la emisora lisboeta TSF-Radio Jornal, indica que la inmensa mayoría de los portugueses dejaron de confiar en que la justicia sea igual para todos, ya que 64,3 por ciento piensa que el desenlace del proceso no será justo, frente a 22,5 por ciento que tiene opinión contraria, al tiempo que 13,2 por ciento dice no tener opinión.
Las repercusiones de la causa Casa Pía parecen haber provocado daños colaterales que van a perdurar. Para todos los analistas locales, este fue un asunto que hizo tambalear el régimen democrático instaurado en 1974, tras el largo periodo dictatorial inaugurado en 1926.
Las diversas opiniones vertidas en medios de comunicación permiten concluir que la sociedad portuguesa está especialmente atenta a lo que ocurrirá.
Para los niños huérfanos, víctimas indefensas durante años, será la recuperación de la confianza perdida en muchos adultos. Para los acusados, el juicio determinará su prisión o su libertad, mientras que para el sistema legal lo que está en juego es su credibilidad. (
