Descubrir lo que este gobierno no quiere que sepamos ha sido siempre una pelea que perdemos una y otra vez, advirtió Bill Moyers, uno de los periodistas más respetados de Estados Unidos.
El presidente George W. Bush ha puesto una tapa sobre el acceso del público a la información… No sólo pretende bloquear a los historiadores y a los periodistas: también al Congreso legislativo, es decir, a ustedes, el público, y a sus representantes.
Moyers era el secretario de prensa del fallecido presidente Lyndon B. Johnson en 1966, año de promulgación de la Ley de Libertad de Información (FOIA), la cual implementa el principio de que el público debe tener amplio acceso a los registros del gobierno.
En su programa de la televisión estatal estadounidense, Now, Moyers condenó al gobierno de Bush por su afán de mantener en reserva los asuntos públicos. Se no dice que todo se refiere a la seguridad nacional, pero no es así, dijo.
El secretismo del gobierno no figuró en la agenda de la recién concluida campaña electoral, que culminó con la reelección de Bush, pero con seguridad volverá al ojo público cuando el Congreso legislativo reanude las deliberaciones que no concluyó antes de los comicios.
Organizaciones de defensa de los derechos civiles y defensores de la transparencia del gobierno están alarmados por una norma que avanza rápidamente en el Congreso y que daría al nuevo director nacional de inteligencia la facultad de mantener información secreta para proteger 'fuentes y métodos', según el diario The Palm Beach Post.
La norma está incluida en dos proyectos elaborados en respuesta a las conclusiones del informe de la Comisión 9/11, cuerpo designado por el gobierno que investigó los atentados terroristas que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001.
Ambas iniciativas están en proceso de fusión en manos de negociaciones de las dos cámaras legislativas.
Quienes cuestionan la legislación en debate consideran que podría conducir a una generalización del secretismo gubernamental, al aumentar las excepciones a la Ley de Libertad de Información.
De acuerdo con la ley actual, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tiene la potestad de impedir la revelación pública de información delicada calificándola de vital para la seguridad nacional.
Activistas por la transparencia gubernamental temen que esa facultad se potencialice con la iniciativa legislativa.
La iniciativa en debate permitiría a todas las agencias ubicadas bajo la égida del propuesto director nacional de inteligencia reivindicar la excepción a la publicidad de determinadas informaciones.
Entre esos organismos figuran el Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal), el Departamento (ministerio) del Tesoro y el Departamento de Seguridad Interna.
La excepción por razones de seguridad nacional no admite revisión judicial, por lo que esas agencias no deberán explicar su reserva ante los tribunales.
La lucha contra la transparencia también afectará las iniciativas en defensa del ambiente para los próximos años.
Ambientalistas prevén continuas batallas con el presidente Bush en su segundo periodo, sobre políticas federales que afecten a terrenos fiscales, la vida silvestre y al agua en la región occidental, informó la agencia noticiosa Gannet News Service.
Esperamos más secretismo gubernamental, más ocultamiento de datos científicos básicos e incluso esfuerzos para negarle a los ciudadanos el derecho básico de acudir a los tribunales para defenderse a sí mismos y a sus comunidades contra los ataques y peligros ambientales, dijo a Gannet el director ejecutivo de la organización Sierra Club, Carl Pope.
También muchos periodistas prevén aun más sombras sobre el vínculo entre la prensa acreditada en Washington —ya célebre por su secretismo— y las autoridades.
Como dijo el presidente de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca a la revista The Washingtonian, Ron Hutcheson: Tienen una destacable capacidad para controlar el mensaje. Después de esta elección, será aun más difícil que antes. No nos necesitan más.
El reportero de Los Angeles Times Ed Chen prevé al menos el mismo grado de falta de acceso, o más.
Un informe elaborado por el representante demócrata por California, Henry Waxman, acusó al gobierno de Bush de ejercer un sistemático esfuerzo (…) por limitar la aplicación de las leyes que promueven la apertura del gobierno y su responsabilidad.
La administración procuró restringir el acceso público a la información, al mismo tiempo que amplió los poderes del gobierno de operar en secreto.
Tanto a los ciudadanos como al Congreso se les niega el acceso a millones de páginas de documentos cuya apertura está garantizada por las leyes, aseguró Waxman.
Las acciones del gobierno de Bush derivaron en una extraordinaria expansión del secretismo gubernamental. A los observadores externos, incluidos el Congreso, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, se les ha limitado consistentemente su capacidad de controlar las actividades del gobierno, agregó.
Hasta la Comisión 9/11 debió apelar a demandas judiciales para acceder a documentos del Departamento (ministerio) de Defensa y de la Administración Federal de Aviación, advirtió.
En cuanto al Congreso, el gobierno le ocultó incluso datos del censo y correspondencia de rutina de organismos estatales dirigida a los registros de la presidencia y la vicepresidencia, sostuvo Waxman.
El gobierno también se rehusó a entregar a legisladores documentos sobre los contactos entre compañías de energía y la oficina del vicepresidente Dick Cheney, así como las comunicaciones entre el Departamento de Defensa y la vicepresidencia sobre los contratos de la empresa Halliburton.
También se mantuvo en secreto los registros sobre violaciones de derechos humanos en la prisión iraquí de Abu Ghraib y las supuestas armas de destrucción masiva en Iraq.
Las autoridades clasificaron (declararon secretos) 14 millones de nuevos documentos en 2003, un incremento de 60 por ciento respecto de 2001, afirmó la organización de periodistas y activistas Open de Government.
