Bolivia, el país andino de grandes reservas gasíferas, recorre un tortuoso camino hacia una nueva ley de hidrocarburos, entre el interés de los inversores por sus capitales y el de las regiones por sus regalías.
Al cumplir su primer año de gobierno, el presidente Carlos Mesa experimenta un nuevo motivo de inquietud.
Una reserva de 53 trillones de pies cúbicos de gas natural, con un valor estimado en 100.000 millones de dólares, cambió dramáticamente la historia política y social de Bolivia.
Una política energética polémica provocó la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003. Mientras, las regiones productoras de hidrocarburos amenazan con intentos autonomistas, bajo la atenta mirada de Estados Unidos y Brasil, prestos para defender los intereses de sus inversores.
En un país dependiente económicamente y escaso de recursos humanos y tecnológicos, sólo queda negociar con las empresas para obtener algún rédito, dijo a IPS el sociólogo Rolando Sánchez.
En octubre de 2003, una rebelión popular que acabó llamándose la guerra del gas consiguió dejar sin efecto la exportación del recurso a México y Estados Unidos a través de puertos chilenos. En las refriegas de esos días, murieron 67 personas y 300 fueron heridas, según la asociación de víctimas. Sánchez de Lozada se vio obligado a renunciar.
El Congreso legislativo empleó la facultad constitucional de elegir al vicepresidente, Carlos Mesa, como sucesor de Sánchez de Lozada, en un ambiente de efervescencia social.
Las organizaciones sociales no sólo se oponían al trayecto dado al gasoducto para exportar el gas, sino a toda la política energética, en particular a las concesiones otorgadas a las compañías transnacionales para explotar hidrocarburos. Además, reclamaban que el futuro del valioso recurso fuera resuelto en una consulta popular.
El 18 de julio, la mayoría de los bolivianos aprobaron el cambio de política energética y la recuperación de los hidrocarburos para el Estado, en un referéndum promovido por el gobierno.
En la consulta, los bolivianos también se pronunciaron a favor del cobro de más impuestos, de garantizar la existencia de una empresa estatal fortalecida y de vender gas natural como materia prima e industrializada.
Entonces, el gobierno anunció que revisaría 78 contratos firmados con petroleras extranjeras, pero descartó la expropiación, una jugada que podía costar al país 5.000 millones de dólares en indemnizaciones.
Ahora, el proyecto de una nueva ley de hidrocarburos se debate entre la política gubernamental (que intenta preservar inversiones extranjeras efectuadas desde 1996 por valor de 3.500 millones de dólares) y la del Congreso, dominada por el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) del indígena Evo Morales, que reclama un impuesto de 50 por ciento a los volúmenes de gas producidos.
El 20 de octubre, bajo la presión de marchas y protestas de campesinos y sindicatos, el Congreso aprobó en primera instancia un proyecto que aplica impuestos hasta de 50 por ciento y un cambio obligatorio de los contratos bajo un nuevo régimen, restitutorio de la propiedad de los hidrocarburos al Estado.
El Poder Ejecutivo amenazó con un veto porque el contenido de esa nueva legislación pondría en riesgo las inversiones petroleras.
El gobierno propone en cambio un impuesto complementario a los hidrocarburos, que se sumaría al actual 18 por ciento que pagan las compañías, aplicable de manera progresiva, y el respeto de los contratos de riesgo compartido ya firmados por el Estado con las empresas extranjeras.
Un día después de la aprobación, el secretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos para la Región Andina, Charles Shapiro, llegó a La Paz con la misión urgente de interceder por las empresas petroleras estadounidenses que operan en el país.
Si hay migración obligatoria de contratos bajo un nuevo sistema, eso puede tener complicaciones. Y nosotros tenemos la obligación de proteger inversiones estadounidenses, igual que los demás países tienen obligación para las inversiones de los ciudadanos de su país, declaró ante los periodistas.
Sin demora, pero con una opinión moderada, el enviado del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurelio García, habló con el presidente Mesa y con líderes de los partidos con representación parlamentaria.
García expresó que su gobierno respeta las decisiones del pueblo boliviano e hizo votos para que Bolivia desarrolle un modelo económico que corresponda a los intereses del país. Pero hizo notar el deseo de Brasilia de que la nueva ley otorgue seguridad jurídica a los inversores brasileños.
El parlamentario del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) Rafael Oviedo denunció presiones de empresas petroleras extranjeras a través de las representaciones diplomáticas con la finalidad de obtener la aprobación del proyecto gubernamental.
Las transnacionales que explotan 80 por ciento de las reservas gasíferas bolivianas son la brasileña Petrobras, la francesa Total, la estadounidense Maxus y la española Repsol.
A su vez, las empresas Chaco y Andina —que operan como subsidiarias de la estadounidense Amoco, de British Petroleum y de Repsol— administran15 por ciento de las reservas de gas natural.
A la inquietud de los inversores, se suma el movimiento del oriental departamento de Santa Cruz, impulsado por influyentes empresarios que cuestionan el proyecto aprobado por el Congreso y amenazan con resistencia civil y una asamblea constituyente regional que autoproclame algún tipo de autonomía.
Se ha generado una guerra psicológica por la actuación de organismos internacionales y las regiones de Santa Cruz y Tarija, para que en Bolivia aprobemos una ley en función de los intereses de las empresas petroleras, dijo a IPS el analista económico del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario, Carlos Villegas.
La entrada en vigor del proyecto del Congreso, en términos de autonomía nacional, será difícil por el enorme potencial energético en juego, opinó Villegas. Pero los parlamentarios no han de doblegarse frente a las presiones, y deben votar una ley que genere recursos para el Estado durante los próximos 30 años, sostuvo. (
