Ante la indiferencia del gobierno federal de Estados Unidos a las advertencias sobre el recalentamiento planetario, cada vez más autoridades estaduales de este país lanzan sus propias políticas contra el cambio climático.
Las señales son muy sutiles, pero auguran un futuro siniestro. Cada primavera, la nieve se descongela dos semanas antes que hace 50 años en la mayor parte de Estados Unidos, y las mariposas de la costa oeste ahora huyen al norte para escapar del calor.
Estos detalles, imperceptibles para la gran mayoría, demuestran que el cambio climático ya está en escena y que asumirá cada vez mayor protagonismo si no se actúa cuanto antes, concuerdan científicos.
De cumplirse el pronóstico de que la temperatura de la Tierra aumentará 10 grados para fines del siglo XXI, la cosecha de los estados del centro y el oeste de Estados Unidos sufrirá una importante caída y los incendios se multiplicarán en los bosques del occidente, así como las inundaciones en la costa.
El recalentamiento planetario es una de las mayores amenazas a nuestra calidad de vida, dijo sin rodeos este mes el gobernador del noroccidenal estado de Oregon, Ted Kulongoski.
Cada vez más autoridades locales reconocen el problema, pero se enfrentan con la indiferencia del gobierno federal, que cuestiona el consenso científico en materia de cambio climático.
Los gobernadores se ven obligados a redoblar los esfuerzos para controlar a las industrias que emiten gases invernadero, derivados de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas y causantes, según la mayoría de los científicos, del recalentamiento planetario.
Pero no es nada fácil eludir la dependencia del petróleo y adoptar fuentes de energía limpias.
Es probable que a la mayoría de los estados les gustaría que el gobierno federal tomara la delantera, pues el diseño y puesta en práctica de sus planes requieren de muchos recursos, afirmó Judi Greenwald, del independiente Centro Pew sobre Cambio Climático Planetario.
En tanto haya un vacío en el liderazgo nacional, cada vez más estados adoptarán sus propias políticas e incluso aprobarán leyes restrictivas, añadió.
El Protocolo de Kyoto, con el que se procura reducir las emisiones de gases invernadero —el principal de los cuales es el dióxido de carbono—, entrará en vigencia en febrero gracias la ratificación de Rusia.
Bush se negó a enviar el tratado al Congreso legislativo para su ratificación, pues considera que afecta la economía de los países industrializados como Estados Unidos.
Este país produce un cuarto de los gases invernadero del planeta. Sólo el meridional estado de Texas, del que fue gobernador el propio Bush —perteneciente a una familia con intereses en la industria petrolera—, supera las emisiones anuales de Francia.
Ahora, casi todos los estados tienen programas propios de fomento de las energías procedentes de fuente renovable, y han comenzado a trabajar juntos en bloques regionales.
Estas iniciativas tienen mucho apoyo popular, en parte porque están integradas con otros asuntos que le interesan a la gente, dijo Greenwald.
Algunos estados buscan innovaciones tecnológicas para afrontar el problema.
Por ejemplo, la Oficina para el Desarrollo del Cobre del nororiental estado de Ohio financia proyectos para capturar emisiones de dióxido de carbono producto de la fundición de ese metal. La Coalición del Hidrógeno del oriental estado de Carolina del Sur promueve el desarrollo de tecnologías limpias.
Mientras, 16 estados aprobaron leyes para obligar a que las empresas eléctricas, que emiten cerca de un tercio de los gases invernadero liberados a la atmósfera desde este país, generen un porcentaje determinado de su energía mediante el uso de fuentes renovables.
Este mismo mes, los gobernadores de Oregon, California y Washington, todos estados de la costa oeste, divulgaron 36 recomendaciones en materia de cambio climático, entre ellas una serie de iniciativas para promover el uso del hidrógeno como combustible alternativo.
Las autoridades del occidental estado de California también aprobaron en septiembre una norma para obligar a la industria automovilística a vender para 2016 vehículos que emitan 30 por ciento menos de contaminación. Pronto le seguirán otros estados, como los nororientales de Nueva York y Massachusetts.
Aún está por verse si los fabricantes de automóviles, que se han opuesto al plan por considerarlo demasiado caro y sin beneficios comprobados, cumplirán con la norma o la cuestionarán ante la justicia.
Estamos evaluando todas nuestras opciones, dijo a IPS el portavoz de la Alianza de Fabricantes de Automóviles, Eron Shosteck.
Organizaciones ambientalistas y de consumidores confían en que las iniciativas de los estados abran paso a una política nacional para reducir las emisiones de gases invernadero, pero no creen que eso suceda en los próximos tiempos.
La semana pasada, James Connaughton, presidente del Consejo sobre Calidad Ambiental de la Casa Blanca, anunció un plan de inversión dirigido a compañías para la reducción de 18 por ciento de las emisiones de metano, un gas invernadero, en los próximos 12 años.
Ambientalistas advirtieron que el objetivo es enteramente voluntario y que representa la misma reducción que se registró en el último decenio, de alrededor de 1,5 por ciento anual.
El fracaso de los gobernantes nacionales para atender el cambio climático lleva a que los políticos se den cuenta de que deberán compensar su inacción, dijo Joe Mendelson, director legal del Centro Internacional de Evaluación Tecnológica, centro académico que analiza el modo en que la tecnología afecta a la sociedad.
Éste y una docena de organizaciones ambientalistas y fiscales generales de 11 estados han demandado ante la justicia a la gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA) para que regule las emisiones de gases invernadero en los vehículos nuevos. Se prevé que los tribunales emitirán su veredicto el próximo verano.
La negativa a emplear las herramientas que tenemos, como la Ley de Aire Limpio, conducirán desafortunadamente a más y más enfrentamientos y querellas, pronosticó Mendelson.
