La controvertida propuesta de construir campamentos para solicitantes de asilo fuera del territorio de la Unión Europea (UE) volverá a ser discutida en la cumbre que se celebrará en Bruselas el 5 de noviembre.
La saliente Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, y algunos países del bloque toman distancia de la propuesta, pero expertos pronostican que algunos gobiernos y la Comisión que asumirá en noviembre le darán nueva vida.
La iniciativa de instalar campamentos de tránsito en la otra costa del mar Mediterráneo escandalizó a muchos, pero también las imágenes televisadas de los aspirantes a solicitantes de asilo que llegan sin cesar a la isla de Lampedusa, el punto más meridional de Italia, cerca de Sicilia.
Alemania, Gran Bretaña e Italia argumentan que se salvarían miles de vidas si los refugiados fueran interceptados antes de llegar a la costa europea, en instalaciones donde se discriminaría a los emigrantes económicos de los genuinos solicitantes de asilo.
Pero la Asociación Europea para la Protección de los Derechos Humanos (FIDH-AE), que reúne a algunas de las principales organizaciones no gubernamentales del continente, presiona a gobiernos y parlamentarios para que rechacen la iniciativa.
Es cínico abusar de la muerte de miles de refugiados utilizándola como argumento para la creación de campamentos en Africa septentrional, dijo a IPS el presidente de FIDH-AE, Dan Van Raemdonck.
Es ilusorio pensar que esos campamentos impedirán que muchos arriesguen sus vidas cruzando el mar. La idea sirve a otro propósito: socavar el derecho al asilo político y adoptar medidas más represivas contra los refugiados, agregó.
FIDH-AE lanzó una campaña de recolección de firmas entre parlamentarios, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos con miras a la cumbre de noviembre.
Hasta ahora, la convocatoria cuenta, entre otros, con el apoyo de 15 organizaciones no gubernamentales y tres miembros franceses del Parlamento Europeo, así como del líder del grupo de los Verdes en el cuerpo, el alemán Daniel Cohn-Bendit.
Los grupos liberal y verde se oponen al procesamiento de solicitudes de asilo a la UE en terceros países.
Uno puede referirse a ellos cautelosamente como 'centros' o 'portales migratorios', pero apuntan nada menos que a impedir el ingresar de los solicitantes de asilo en el territorio de la UE y acceder a ese procedimiento, un derecho garantizado por la Convención de Ginebra de 1951, dijo Cohn-Bendit.
Es legalmente difícil solicitar asilo a un país de la UE desde Libia, pues ese país no es firmante de la Convención de Ginebra sobre refugiados. Algunos miembros de la UE, como Bélgica y Francia, usaron ese argumento para mantener la propuesta a raya.
El comisario para Justicia e Interior saliente Antonio Vitorino aseguró tener la mente abierta a estos enfoques, pero advirtió que los terceros países donde se radicarían los campamentos deben adherir a todos los instrumentos legales relevantes, en particular la Convención de 1951.
La UE necesita completar la creación de nuestro sistema europeo de asilo común, agregó. Tal esquema no estará vigente antes de 2010, según expertos.
Al primer ministro británico Tony Blair correspondió la primera presentación de una propuesta de instalar en países ajenos al bloque centros de tránsito y centros regionales de procesamiento. Fue en la cumbre de 2003, celebrada en Tesalónica, Grecia.
La iniciativa fue rápidamente rechazada por la mayoría de los líderes europeos.
El 1 de este mes, la propuesta resurgió, ligeramente alterada, en una reunión informal de ministros del Interior en Scheveningen, Holanda. El ministro alemán Otto Schily dijo que los centros de procesamiento podrían constituir un mecanismo para detener la inmigración ilegal en Europa.
En esa ocasión, también faltó la coincidencia.
Organizaciones humanitarias se muestran preocupadas de que la nueva Comisión Europea haga suyo el proyecto cuando quede instalada el 1 de noviembre.
El próximo presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, fue, como primer ministro, arquitecto de una restrictiva política de asilo en Portugal.
El sucesor de Vitorino, Rocco Buttiglione, hoy en el centro de una intensa polémica por declaraciones suyas despectivas hacia los homosexuales y las mujeres, ha sido un entusiasta defensor del fortalecimiento de los controles fronterizos y de la instalación de campamentos en Africa septentrional.
Buttiglione ha redefinido esos campamentos como centros de asistencia humanitaria, luego de una intensa presión al respecto desde el Parlamento Europeo, que se sumó a la originada por sus posiciones acerca de los derechos de las mujeres y de los homosexuales.
Los dirigentes que defienden esta idea quieren eludir la obligación moral y legal de proteger a los refugiados, al bloquearlos en campamentos en Africa septentrional, dijo a IPS la experta en leyes de migración Claire Rodier, de la organización francesa especializada Gisti.
También el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) se opone al plan. Tememos que en esos campamentos se socave el derecho a la protección y al asilo, dijo a IPS el portavoz de la agencia en Bruselas, Diederik Kramers.
Esos derechos ya sufren bastantes violaciones en las actuales condiciones, lamentó Kramers.
