Una década después de las controvertidas privatizaciones del petróleo, el gas y la electricidad, el Estado argentino vuelve al negocio energético con una nueva compañía concebida para influir en un mercado de pocos jugadores.
Tras cinco meses de debate, el Congreso legislativo aprobó el miércoles un proyecto del gobierno de Néstor Kirchner para crear la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), con un paquete accionario de 53 por ciento para el Estado nacional, 12 por ciento de las provincias, y el 35 por ciento restante de inversores privados.
El economista Aldo Ferrer, futuro director de la flamante empresa, dijo a IPS que Enarsa nace con todas las facultades que se requieren para influir en todo el ciclo energético. Si se hace un buen trabajo y hay calidad en sus proyectos, entonces será una empresa importante.
Según el artículo cuarto de la ley, Enarsa podrá intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en la conformación de monopolios u oligopolios.
Una empresa estatal es siempre un factor de ordenamiento del mercado, explicó Ferrer.
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La conformación de la compañía fue anunciada en mayo como parte del plan gubernamental de inversiones para afrontar la crisis energética desatada a comienzos de año, y que se hizo sentir desde abril, cuando comenzó a restringirse la oferta de gas natural y de electricidad.
En los años 90, el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la mayor parte de las empresas públicas, incluyendo las principales proveedoras de servicios de agua, luz, gas y telecomunicaciones, así como la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
La petrolera era la tercera empresa sudamericana del sector, después de Petróleos de Venezuela y Petrobras de Brasil. Once años atrás fue subastada y adquirida por la transnacional española Repsol, que más tarde incorporó capitales estadounidenses al negocio.
A comienzos de 2003, tras casi cuatro años de recesión, la economía argentina comenzó a recuperarse y un año después se presentaron los primeros problemas de abastecimiento de gas destinado a generar electricidad para industrias y usuarios particulares.
Kirchner acusó entonces a las empresas gasíferas de haber invertido sólo en gasoductos destinados a la más lucrativa exportación, en lugar de dar prioridad al mercado local, como dispone la Ley Nacional de Hidrocarburos.
La caída en la oferta frenó la recuperación de la actividad económica y provocó roces en la relación con Chile, principal comprador de gas argentino, pues el gobierno restringió las ventas al exterior, pese a la resistencia de las compañías.
En este panorama de zozobra, el gobierno decidió colocar nuevamente al Estado en el ruedo energético.
Enarsa podrá explorar, explotar, producir, generar, transportar, distribuir y comercializar petróleo, gas natural, electricidad, carbón, energía nuclear y de fuentes alternativas, y podrá vender en el mercado interno e internacional.
Además, la empresa será titular de los permisos de exploración y explotación de las concesiones sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a tales permisos o concesiones.
Todos los países cuentan al menos con uno de los dos factores principales de control sobre sus recursos energéticos: el primero es el marco regulatorio para la operación, y el segundo es la empresa propia, explicó Ferrer. A partir de ahora, Argentina volverá a tener los dos, dijo.
El proyecto de Enarsa despertó críticas y debates. Legisladores de orientación liberal consideraron que la creación de una empresa estatal es un retroceso respecto de los años 90, cuando se impuso el modelo privatizador a fuerza de un discurso que hacía hincapié en el déficit y la ineficacia de las empresas públicas.
Y parlamentarios de centroizquierda saludaron la creación de Enarsa, si bien algunos no han ocultado dudas. El diputado Claudio Lozano, de la Central de Trabajadores Argentinos, manifestó preocupación por una futura participación accionaria mayor de los capitales privados.
Si se modificara la proporción accionaria —como ocurrió con otras empresas de capitales mixtos que siguieron así el camino a la privatización—, los capitales privados que ingresaran a Enarsa tendrían acceso a la explotación de hidrocarburos en la plataforma submarina, que hoy les está vedada.
Por eso, entre las modificaciones al proyecto original, Lozano sugirió que se incorporara la obligación de mantener siempre la mayoría accionaria en manos del Estado. El punto se aprobó, si bien no con todas las garantías a las que el legislador aspiraba.
La creación de Enarsa fue igualmente respaldada por miembros del Movimiento de Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno), que defienden el regreso al Estado de las empresas de hidrocarburos pues éstos constituyen un recurso estratégico. Pero también le efectuaron críticas.
Gustavo Callejas, integrante de Moreno, dijo a IPS que la empresa debió ser completamente estatal y recibir no sólo las áreas que no fueron concesionadas sino también las ya cedidas en explotación, pero que cometen infracciones y que son la mayoría, a su juicio.
Callejas sostiene que el negocio de hidrocarburos está dominado por apenas siete empresas que controlan más de 90 por ciento de la producción del gas y del petróleo, y muchas de ellas tienen peso en todas las etapas del proceso, desde la extracción hasta la venta en el mercado interno y en el exterior.
Esas empresas son la hispano-estadounidense Repsol, principal usufructuaria y exportadora de las reservas de gas y petróleo, la brasileña Petrobras, el grupo Pan American Energy (del que participan British Petroleum-Amoco y la argentina Bridas), la francesa Total y la también argentina Techint.
Mientras esas empresas sean las que manejen el negocio, el barril de petróleo, que tiene un costo local de producción de 4,5 dólares, se venderá a 30, 40 o 50 dólares en el mercado interno, de acuerdo a su cotización internacional, se quejó Callejas.
