Autoridades de las 10 principales ciudades de Bolivia renuncian a sus cargos para lanzarse a la carrera electoral que culminará en diciembre, cuando la ciudadanía elija a 3.500 alcaldes, concejales y agentes cantonales.
Por primera vez, los partidos políticos librarán una batalla electoral contra unas 70 agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que postularán candidatos propios, gracias a las modificaciones incorporadas en la nueva Ley Electoral.
Antes de esos cambios, sólo los partidos políticos tenían la facultad de presentar candidatos, pero el escenario es distinto y, según analistas políticos, en cada región predominará la popularidad de los postulantes que acumularon méritos como líderes cívicos o comunitarios.
El nuevo ámbito en que se disputarán 327 alcaldías debilita a los partidos tradicionales que pierden militantes influyentes frente a la fortaleza de organizaciones ciudadanas, como nueva oferta ante un electorado que espera cambios sustanciales en la conducta de los funcionarios públicos electos.
En opinión del analista y docente universitario Joaquín Saravia, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas ganarán los espacios dejados por los partidos, que atraviesan el camino del descrédito.
Pero la falta de conocimiento sobre la gestión pública alejará las buenas intenciones de la realidad y terminará devolviendo el protagonismo a los partidos tradicionales, dijo Saravia a IPS.
Desde 1994, en Bolivia se aplica la transferencia directa de recursos públicos a más de 300 gobiernos municipales, pero la experiencia, inicialmente muy auspiciosa por la democratización de las decisiones sobre el destino del dinero, terminó con serios cuestionamientos de mala administración en varios distritos.
Pese a los mecanismos de control social, algunos casos acabaron en violencia, como el asesinato del alcalde de la población altiplánica de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, en medio de pugnas por el poder municipal.
Según Saravia, el carácter de representación corporativa de los candidatos de organizaciones ciudadanas e indígenas podría conducir a la pérdida de una visión global de los problemas, y poner en duda la representación democrática.
La contienda electoral, en la que participarán unos 4,2 millones de electores, será intensa en las nueve capitales departamentales y en la empobrecida ciudad de El Alto, que cuenta con una población de casi 600.000 habitantes.
El Alto fue escenario de violentos enfrentamientos, un año atrás, en la denominada guerra del gas contra la política energética del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y que acabó con su renuncia.
En esa ciudad, el alcalde y ex militante del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) José Luis Paredes creó su partido Plan Progreso y aspira a retomar el control del municipio, tras una gestión caracterizada por mejoras urbanas, aunque los grados de insatisfacción con los servicios públicos crecen a la par de la migración rural hacia el centro urbano.
Apenas a unos pocos kilómetros de El Alto, La Paz, sede del gobierno nacional, tendrá al abogado y jefe del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, como principal candidato a gobernarla por otros cinco años.
Del Granado logró, como jurista, condenar y llevar a prisión al ex dictador militar Luis García Meza (1980-1981), quien cumple 30 años de reclusión en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro.
Defensor de los derechos humanos como legislador y fiscalizador sin tregua, Del Granado reordenó el municipio paceño, ejecutó proyectos importantes para la ciudad y combatió la actitud social pasiva frente a la corrupción que antecedió a su mandato.
En la central ciudad de Cochabamba, la alcaldesa Rocío Luque apuesta por su elección como concejal por Nueva Fuerza Republicana, del centroderechista ex candidato a la presidencia Manfred Reyes Villa.
El alcalde de la central ciudad de Santa Cruz, Roberto Fernández, renunció a sus funciones y al partido heredado de su fallecido padre, Max Fernández, Unión Cívica Solidaridad, y ahora se postula por la agrupación ciudadana Unidad por Santa Cruz.
En el sudoeste de Bolivia, en la ciudad de Potosí, el alcalde obrero René Joaquino abandonó su despacho en hombros de sus adherentes por una gestión con resultados satisfactorios, pues asoció a los residentes a la labor municipal, y piensa volver por el mismo camino.
Seguidor del pensamiento del guerrillero izquierdista argentino-cubano Ernesto Guevara, Joaquino organiza su movimiento ciudadano Alianza Social y desea repetir su triunfo del periodo anterior, cuando se postuló por el Partido Socialista.
En la capital de la República, Sucre, la alcaldesa Aideé Nava presentará su candidatura por el Movimiento Bolivia Libre, mientras en la ciudad de Tarija, al sur, Oscar Montes apostará por una nueva gestión con el respaldo del MIR.
En el extremo norte, en la lejana Cobija, capital del departamento de Pando, Miguel Becerra deja la alcaldía y promueve su Movimiento Amazónico de Renovación Democrática.
Mientras, los alcaldes de las ciudades de Trinidad y de Oruro, Moisés Shiriqui y Edgar Bazán, respectivamente, se preparan para los comicios con el respaldo de organizaciones ciudadanas. (
