A partir del 22 de este mes brillará una antorcha de modo permanente frente a la catedral metropolitana de El Salvador en homenaje al obispo católico Oscar Arnulfo Romero, pionero de la pacificación de su país y cuyo asesinato un cuarto de siglo atrás aún permanece impune.
En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo, les ruego, les suplico, les ordeno que cese la represión, dijo en una homilía dirigida a militares salvadoreños el 23 de marzo de 1980 el entonces arzobispo de San Salvador. Un día después, cuando ofrecía misa, el prelado era abatido por las balas de un francotirador.
La impunidad reina aún cuando se acerca el 25 aniversario de este asesinato, que dio a la víctima categoría de icono en el catolicismo progresista de América Latina y al que la Iglesia de El Salvador postuló a santo ante la jerarquía del Vaticano en 1994.
Mientras sus seguidores y deudos lo celebran y piden justicia, el gobierno salvadoreño de Antonio Saca, cuyo partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) fue creado en 1981 por el principal acusado de ser el autor intelectual del asesinato de monseñor Romero, se niega a investigar el caso, enterrado bajo una ley de amnistía.
El crimen estuvo a cargo de escuadrones de la muerte comandados por el hoy fallecido Roberto D'Abuisson, que luego fundaría Arena, según una investigación patrocinada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Desde marzo se realizan en el país diversos programas religiosos y culturales para recordar al obispo mártir. El próximo acto será la colocación de la antorcha frente a la catedral, para luego seguir con otras celebraciones hasta abril de 2005.
Según grupos religiosos y de defensores de los derechos humanos, la posibilidad de esclarecer el asesinato y castigar a los culpables, no está perdida.
Esos sectores se entusiasmaron en septiembre cuando un juez federal del occidental estado estadounidense de California condenó al ex capitán de la Fuerza Aérea salvadoreña Alvaro Saravia por haber planeado junto a otros ex militares, el asesinato de Romero. La pena dictada entonces fue el pago de 10 millones de dólares a la parte acusadora.
Saravia había emigrado a Estados Unidos a fines de los años 80, cuando era investigado por la muerte de Romero. Para obligarlo a atender la pesquisa, fue detenido en ese país de manera provisional en 1988, pero la justicia y el gobierno salvadoreños gestionaron rápidamente su puesta en libertad con el argumento de que no había elementos suficientes para inculparlo.
Familiares de monseñor Romero acudieron entonces a una corte de California y, amparándose en la Ley Federal de Demandas Civiles para Extranjeros, presentaron una denuncia contra Saravia, quien finalmente nunca se presentó ante el juez y fue condenado en ausencia. Nadie sabe hoy dónde está el ex militar, aunque se supone que sigue en Estados Unidos.
Lo que sucedió en California nos impulsa, pero sigue la impunidad y los asesinos materiales e intelectuales de monseñor Romero están protegidos por las estructuras de Estado salvadoreño, dijo a IPS vía telefónica desde El Salvador, Adelaida de Estrada, portavoz de la no gubernamental Fundación Oscar Romero.
Es que el partido gobernante Arena, tiene las manos manchadas con ese crimen, sostuvo.
D'Abuisson, el mayor del ejército mentor de Arena es señalado en diversos informes, entre ellos el de la ONU, como el creador de los escuadrones de la muerte que mataron a Romero y asolaron El Salvador durante la guerra civil, que se extendió en los años 80 e inicios de los 90.
En los enfrentamientos de los aparatos de seguridad del Estado y paramilitares contra la guerrilla izquierdista murieron 75.000 personas y otras 7.000 desaparecieron de modo forzoso. Entre los asesinados por la represión militar de entonces se cuentan 18 sacerdotes católicos, cinco monjas, cuatro de ellas originarias de Estados Unidos, y un seminarista.
El poder político (en El Salvador) está en manos de la Fuerza Armada. Ellos usan de su poder inescrupulosamente. Sólo saben reprimir al pueblo y defender los intereses de la oligarquía salvadoreña, declaraba Romero en el fragor de esa guerra civil.
El arzobispo de San Salvador, que no descansaba en reclamar en sus homilías respeto a los derechos humanos y criticaba a la extrema derecha de su país, fue un impulsor del trabajo pastoral juvenil en comunidades rurales y marginales de las ciudades.
Nacido en 1917 en Ciudad Barrios, cursó estudios de Teología en la Universidad Gregoriana de Roma y se ordenó sacerdote en 1942. Un año después comenzó a desempeñarse como párroco en su país y, más tarde, como director del seminario interdiocesano de San Salvador. El Vaticano le designó obispo en 1967 y arzobispo de la capital salvadoreña el 22 de febrero de 1977.
Por su intensa gestión en defensa de los derechos humanos y a favor de la solución negociada del conflicto armado el parlamento de Gran Bretaña lo propuso en 1978 como candidato al premio Nobel de la Paz.
Esa intensa tarea en defensa de los derechos humanos violentados y de los pobres y marginados le valieron el odio de sectores adinerados y de las fuerzas militares que eran auspiciadas por el gobierno de Estados Unidos. Para gran parte de estos grupos, el obispo Romero era un comunista.
Ese odio del poder político y económico de la época los persiguió hasta después de su muerte. Durante los funerales del prelado estalló una bomba frente a la catedral de San Salvador, tras lo cual militares que vigilaban el lugar abrieron fuego contra la multitud estimada en unas 50.000 personas. Se calcula que allí murieron cerca de 40 personas y 200 resultaron heridas.
La paz en El Salvador se selló finalmente en 1992 con los acuerdos firmados en México entre el gobierno salvadoreño de la época y el entonces guerrillero Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional.
En 1993, la Comisión de la Verdad para El Salvador, formada con auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, emitió un duro informe contra el Estado en el que directamente se señalaba que militares confabulados con grupos armados irregulares de extrema derecha eran los responsables del asesinato de Romero.
Los salvadoreños decimos en voz alta que no habrá paz verdadera mientras los asesinatos, como el de monseñor Romero, sigan impunes, señaló la portavoz de la fundación que lleva el nombre del obispo.
El gobierno de Saca se niega a considerar la reapertura del caso Romero a pesar de las demandas en ese sentido y de los argumentos presentados en 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Saca declaró que no es conveniente para el país suspender la ley de amnistía, decretada tras la firma de los acuerdos de paz.
El mandatario respondió así a la petición de la oficina legal del arzobispado de San Salvador de derogar varios artículos de la ley de amnistía para ventilar el caso del asesinato de Romero.
Abrir las heridas del pasado no sería lo más conveniente para un país que esta viendo hacia el futuro, expresó.
Los salvadoreños me eligieron para administrar el futuro. Por lo tanto, reabrir heridas es una situación en la que no estoy de acuerdo, añadió.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizado a propósito de una demanda que se presentó en esa instancia por el asesinato de Romero, indica que un Estado no puede ampararse en la existencia de disposiciones de derecho interno para eludir el cumplimiento de su obligación de investigar las violaciones de los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad.
El documento sostiene que, en el caso Romero, el Estado salvadoreño fue culpable de violar numerosos acuerdos internacionales sobre justicia debida. La Comisión recomendó juzgar y sancionar a todos los autores, materiales e intelectuales, de las violaciones encontradas, sin perjuicio de la amnistía decretada.
Pero el gobierno del partido Arena insiste una y otra vez que la ley de amnistía ampara su derecho a no reabrir el caso argumento que, según la Fundación Romero y grupos humanitarios, es insostenible.
El de monseñor Romero fue un crimen de lesa humanidad, que no puede estar amparado por ninguna ley de amnistía, afirmó De Estrada.
Hay gente que estuvo detrás de D'Abuisson en el asesinato de Romero y que aún se pasea con impunidad. Ellos deben pagar, apuntó.
Tanto el arzobispado de El Salvador como la Fundación Romero trabajan con abogados con miras a definir la mejor vía legal para que el caso se procese judicialmente en su país o en cortes extranjeras.
