Activistas, sindicalistas, diputados y hasta un ex mandatario de Costa Rica reclaman la renuncia del flamante secretario general de la OEA y ex presidente de este país, Miguel Angel Rodríguez, involucrado en sobornos presuntamente pagados por la compañía francesa de telecomunicaciones Alcatel.
La fiscalía anunció este viernes que hay elementos para iniciar una investigación penal contra Rodríguez, quien asumió el 15 de septiembre su cargo en la OEA (Organización de Estados Americanos) y gobernó Costa Rica entre 1998 y 2002 por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de derecha.
Este caso se suma a denuncias de corrupción en la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y en otros organismos del Estado, involucrando a funcionarios, políticos y ex gobernantes, un conjunto que está estremeciendo la democracia de este país centroamericano.
Rodríguez, junto a otros ex funcionarios, está acusado de haber recibido dinero de la compañía Alcatel, que ganó en 2001 una licitación por 148 millones de dólares del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para dotar al país de 400.000 líneas de telefonía celular.
De acuerdo con la confesión de un implicado, Alcatel dispuso de 9,6 millones de dólares para ”premiar” a quienes contribuyeron al éxito de la licitación.
”Rodríguez debería renunciar a su cargo antes de que los gobiernos latinoamericanos lo echen a patadas”, dijo a IPS el presidente de Transparencia Internacional sección Costa Rica, Mario Carazo.
Una opinión similar dio a IPS el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos Albino Vargas, para quien el ex mandatario debería regresar al país para dar cuentas de lo ocurrido.
Rodríguez admitió haber recibido 140.000 dólares de José Antonio Lobo, ex directivo del ICE, en concepto de préstamo personal que utilizó para financiar su campaña hacia la secretaría general de la OEA.
De los 9,6 millones presuntamente distribuidos por Alcatel, 2,4 millones fueron a cuentas de la esposa de Lobo, 60 por ciento de los cuales eran para Rodríguez, según confesó el jueves por la noche ante la fiscalía el ex directivo del ICE.
Lobo, en prisión domiciliaria desde el jueves, negó la existencia de préstamo alguno e insistió en que los montos entregados correspondían a las fracciones de la ”comisión” otorgada por Alcatel.
Representantes de la firma francesa, que en los últimos tres años ganó licitaciones del ICE por 248 millones de dólares, declinaron hacer declaraciones sobre el caso, pese a la insistencia de la prensa.
”Todo acto corrupto que se descubre en un país es un zarpazo a la democracia”, dijo Carazo, de Transparencia, una red internacional de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la corrupción.
Por el cargo que ahora ostenta, Rodríguez ”ensució el nombre y los símbolos patrios de Costa Rica”, añadió.
Reclamos parecidos han efectuado algunos diputados, el ex mandatario Rodrigo Carazo (1978-1982) y el presidente Abel Pacheco.
Estoy ”muy dolido y esperaba que don Miguel Angel (Rodríguez) diera explicaciones” a los costarricenses, dijo Pacheco, añadiendo que las investigaciones tendrán que ”llevarse hasta las últimas consecuencias”.
Esas consecuencias podrían complicar incluso al mandatario. Durante la campaña electoral, Alcatel donó al entonces candidato Pacheco 100.000 dólares, suma similar a la que entregó a su adversario del Partido de Liberación Nacional, Rolando Araya. Ninguno de estos aportes fueron reportados al Tribunal Supremo de Elecciones, como indica la ley.
Al ser interrogado al respecto, Pacheco replicó que él no había manejado los fondos de la campaña.
Por otra parte, la justicia investiga sobornos a empleados de la corporación Fischel, que sirvió de intermediaria para que una empresa finlandesa vendiera equipo médico a la CCSS por valor de 39,5 millones de dólares. De ese monto, se destinaron ocho millones a sobornos.
La lista de presuntos favorecidos incluye al ex presidente de la CCSS, Eliseo Vargas, detenido y procesado, y al ex presidente Rafael Angel Calderón (1990-1994), que no puede abandonar el país por orden de la justicia y podría afrontar cargos de cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
Calderón, fundador y presidente del PUSC, renunció a ese cargo mientras los fiscales lo investigan.
El ex mandatario sostuvo que unos 500.000 dólares cuestionados por los investigadores fueron ”ganados por actos correctos”. Sin embargo, y para sorpresa del país, decidió luego entregar ese monto a la fiscalía.
”Lo sucedido demuestra que en la región aún no hay una institucionalidad lo suficientemente fuerte para detectar este tipo de casos o para evitarlos”, dijo a IPS el activista Jaime López, de la no gubernamental Probidad para América Latina, con sede en El Salvador.
Los hechos de Costa Rica muestran que la corrupción en América Central ”ha evolucionado a formas más sofisticadas, así como el nivel de responsabilidad de los mandatarios, sea como involucrados directos o indirectos”, concluyó.
”La idea que queda en el exterior es que para hacer negocios en Costa Rica es necesario que se paguen comisiones a funcionarios y políticos. Esto es terrible para el país”, dijo el sindicalista Vargas.
”La democracia costarricense está de luto” porque se ha comprobado que existe una práctica relacionada con ”compadrazgos y financiación indebida de las campañas políticas”, finalizó. (
