La humanitaria Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia fue amenazada con desmoronar su red informativa mediante un ataque muy fuerte. Cuídense de lo que escriben, añadía el mensaje, que auguró algo terrible.
Tanta 'denunciadera' es muy dañina, decía la advertencia que recibieron el 9 de octubre los miembros de la Comisión.
La red informativa de Justicia y Paz emite desde distintos puntos de Colombia. La mayoría de los nombres de esos lugares resuenan en el mapa de la guerra de cuatro décadas que vive este país: Chucurí, Cacarica, Jiguamiandó, Curbaradó, Ariari, Trujillo.
Quienes escriben los boletines narrando atropellos contra la población, cometidos por todas las partes armadas, son sacerdotes, monjas y laicos católicos, así como pastores y feligreses de las iglesias presbiteriana, luterana y bautista.
Junto con integrantes de las Brigadas de Paz (jóvenes europeos o estadounidenses que operan como escudos humanos), los religiosos acompañan a comunidades amenazadas por haber declarado las zonas donde viven territorios de paz.
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Los religiosos se dedican asimismo a documentar y divulgar las violaciones de derechos humanos y la intimidación contra poblaciones para que abandonen sus tierras.
Las llamadas acciones urgentes de Justicia y Paz, reseñas completas sobre cada incidente, llegan a miles de personas y a centenares de organizaciones y gobiernos en muchos lugares del mundo.
Justicia y Paz no deja pasar ningún atropello sin denunciarlo y sin emprender acciones jurídicas en defensa de los campesinos, dijo a IPS uno de los principales impulsores de la organización, y cuyo nombre se reserva por razones de seguridad.
La Comisión también acompaña a pobladores en su proyecto de ser una comunidad autónoma, una comunidad de paz que busque su propio modelo de desarrollo, y no simplemente ser peones de brega de las empresas madereras o coqueras o palmeras, agregó en referencia a explotaciones forestales como la de palma de aceite.
Que tampoco sean simples informantes o dependientes de algún grupo que quiera dominarlos, sino que tengan autonomía propia, explicó.
Para eso es el acompañamiento, por eso se hacen todas las denuncias, dijo.
Las comunidades campesinas de paz adoptan un reglamento que compromete a cada miembro a no participar de forma directa ni indirecta en la guerra y a no portar armas de fuego.
Quienes asumen estos principios tampoco pueden brindar ayuda táctica, logística o estratégica a ninguna de las partes en conflicto, brindar, manipular ni producir información a ninguna de las partes en conflicto, y deben estar comprometidos con una salida política y negociada al conflicto armado.
Según el sacerdote, el proyecto de seguridad del presidente Alvaro Uribe, que pretende involucrar hasta a cinco millones de civiles en apoyo de las Fuerzas Armadas, es el de un país donde no se permita ninguna autonomía, donde todas las comunidades, tanto barriales como de las comunas populares, como de las comunidades rurales, tienen que estar controladas.
Colombia tiene casi 43 millones de habitantes. Los grupos guerrilleros, encabezados por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), suman unos 30.000 combatientes.
Además, existen ejércitos paramilitares derechistas, que contarían con unos 13.000 efectivos y que frecuentemente actúan en apoyo del ejército, según denuncias acogidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos, (OEA).
De acuerdo con la ONU, el paramilitarismo es responsable de 80 por ciento de las atrocidades que se cometen en el conflicto. En los últimos dos años, que coinciden con el periodo de gobierno de Uribe, estas tropas han crecido en proporción geométrica, según expertos.
Bajo el pretexto de combatir el terrorismo, pareciera que su meta es hacer desaparecer todos los movimientos sociales que se les vayan de las manos, atacarlos, acusarlos de terroristas, desvertebrarlos, llevando a sus líderes a la cárcel o matándolos, y controlar completamente todos los territorios, dijo el sacerdote.
Mientras transcurre una negociación gubernamental para que los paramilitares desmovilicen sus ejércitos, en la cual se debate un indulto por los crímenes cometidos a cambio de la reparación de las víctimas, la red informativa de Justicia y Paz puso en primer plano la memoria de algunas de las miles de muertes violentas que ocurren cada año.
Así, el boletín Sin Olvido 18, enviado por correo electrónico el miércoles, recordó a personas, organizaciones y gobiernos que el 13 de octubre de 1996 el activista Josué Giraldo Cardona fue asesinado a tiros por un miembro de los grupos paramilitares frente a su casa en la ciudad de Villavicencio (capital del departamento del Meta, al sur de Bogotá), mientras jugaba con sus hijas, Sara y Natalia.
El asesino se fue en una motocicleta por la vía que conduce al municipio de Acacías, donde se encuentra la sede de la VII Brigada del ejército, que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por apoyar a los grupos paramilitares de la región del Meta, prosigue el boletín.
Giraldo trabajó en Justicia y Paz y era presidente del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta.
Según Sin Olvido, el general Rodolfo Herrera, entonces comandante de la VII Brigada, expresó en un discurso el 5 de septiembre de 1996 en el municipio de Mesetas (Meta), que 'los defensores de los derechos humanos son como mensajeros de la guerrilla'.
En Colombia esta acusación es lo más parecido a una sentencia de muerte.
Sin Olvido 18 reproduce partes de textos y discursos de Giraldo, que reflejan sus intentos de mostrar la vigencia de la vida, la indoblegabilidad de la vida, y la urgencia de defenderla para que sea posible la confrontación democrática en el juego civilizado de las palabras y no en los escenarios del asesinato, la masacre o la guerra.
Según sus propias palabras, Giraldo se dedicó a defender los derechos humanos tras escuchar el grito desgarrador de los niños y niñas que asisten al asesinato de sus padres o a sus entierros; de las madres enlutadas en un llanto anónimo y profundo que le preguntan a Dios por qué se asesinó a sus hijos, o de las viudas que de repente se ven privadas de sus compañeros, condenadas al ostracismo de sus tierras y a la soledad.
Entre 1992 y abril de 1995, seis integrantes del Comité Cívico del Meta habían sido ejecutados, tres habían desaparecido y dos se habían exilado.
Pero para Giraldo, dejarlo todo por estar amenazado es enajernarle tu libertad a los verdugos, endosarle al criminal la condición de un dios que puede decidir sobre tu vida o tu muerte. No lo acepto. Ceder me parece más terrible que la muerte misma.
Cada noche (Giraldo) tenía que dormir en un lugar distinto, dijo a IPS el sacerdote.
Así, huyó a Bogotá para preservar su vida, y en esta ciudad trabajó mes y medio en un pequeño proyecto de ayuda a desplazados por la guerra, que desde 1985 suman tres millones de personas, según la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
Pero un fin de semana, Giraldo viajó a Villavicencio para ver a su esposa e hijas. Lo mataron el domingo. Las niñas presenciaron el asesinato de su padre, agrega el número 18 de la serie Sin Olvido.
