Aunque el gobierno de Chile se mantiene al margen de los conflictos que enfrentan empresarios de este país en Perú, en círculos políticos y académicos de Santiago se advierte que estas situaciones podrían volver a complicar las ya complejas relaciones bilaterales.
LanPerú, filial de la compañía aérea LanChile, estuvo al borde de la suspensión de actividades a mediados de este mes por una orden judicial, neutralizada mediante un decreto de urgencia del presidente peruano, Alejandro Toledo, quien enfrenta ahora una virtual pugna de poderes por esa acción.
En tanto, ejecutivos de la empresa de pastas Lucchetti, también de capitales chilenos, siguen bajo investigación de la justicia peruana por supuesto tráfico de influencias a través de Vladimiro Montesinos, el jefe de los servicios de Inteligencia del depuesto presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, manifestó a IPS su esperanza en que los problemas de LanPerú y Lucchetti no afecten las relaciones chileno-peruanas.
Sin embargo, advirtió el parlamentario, hay un cambio de Perú con respecto a Chile en el ámbito político, determinado por las demandas peruanas de revisar el límite marítimo entre los dos países y el respaldo explícito de Toledo a la nueva ofensiva de Bolivia en pos de un acceso territorial soberano al océano Pacífico.
Espero que este cambio se radique exclusivamente en ese ámbito, el político. Perú debe considerar que la utilización de rangos políticos para el tratamiento de la inversión extranjera le causaría un enorme daño a su credibilidad internacional, subrayó Tarud.
Perú es uno de los mayores receptores de inversiones privadas chilenas en América Latina. Hasta septiembre de este año, según los registros del Banco Central de Chile, los capitales colocados allí ascendían a 761 millones de dólares.
La cifra es superada en la región sólo por Argentina y Uruguay, donde las inversiones chilenas llegan a 3.410 y 916 millones de dólares, respectivamente.
Hay ciertos 'ruidos' producidos por la política interna peruana que afectan a las inversiones chilenas en general en Perú, comentó a IPS el analista internacional Claudio Fuentes, director en Santiago de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Para Fuentes, estas interferencias se deben a problemas de institucionalidad en el mismo Perú y, en segundo lugar, a que desde el punto de vista de Chile también hay poca comprensión de las lógicas que operan en las relaciones peruano-chilenas.
El conflicto que enfrenta LanPerú surgió, a juicio de círculos empresariales chilenos, por una suerte de vendetta de Guadalupe y Fernando Cevallos, inversionistas peruanos dueños de la aerolínea Aero Continente, cerrada en Chile hace dos años a raíz de una causa judicial por lavado de dineros y delitos de narcotráfico.
Los hermanos Cevallos aseguraron ser víctimas de una maniobra de LanChile, que se deshizo así de una dura competidora en los vuelos internos de este país. No obstante, la justicia chilena ha pedido la extradición de Guadalupe y Fernando Cevallos, procesados también en Perú bajo cargos de narcotráfico formulados desde Estados Unidos.
La orden de suspender los vuelos de LanPerú, que estuvo a punto de materializarse el 15 de este mes fue emitida por el juez Eloy Zamalloa, de la meridional ciudad de Arequipa, quien acogió una demanda de Aviandina, una pequeña empresa aérea de propiedad de la familia Cevallos.
El fundamento de la demanda fue que el total del capital accionario de LanPerú es de chilenos, con lo cual se violaría la obligación que establece la ley peruana de que al menos 30 por ciento del capital pertenezca a inversionistas locales.
LanPerú cubre 11 ciudades peruanas, movilizando a 4.000 pasajeros diarios en rutas internas y a otros 1.600 en 11 destinos internacionales.
Toledo evitó la suspensión de la compañía, alertado por pronósticos de caos en el tráfico aéreo interno y por el negativo impacto de la medida, que habría impedido el ingreso al mes de unos 10.000 turistas extranjeros.
Pero más allá de los efectos económicos, la comisión de Constitución del Congreso legislativo peruano estimó el día 21 que el decreto de urgencia de Toledo a favor de LanPerú era inconstitucional y pidió su derogación, mientras el juez Zamalloa denunciaba también una interferencia del gobierno en el Poder Judicial.
Los problemas de Lucchetti comenzaron a fines de los años 90, cuando el municipio de Lima declaró ilegal la construcción de una planta de la empresa chilena en una zona de reserva ecológica conocida como Pantanos de Villa.
Andrónico Luksic, Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco, altos ejecutivos de Lucchetti, están acusados de haber ejercido influencia a través de Montesinos para que el municipio se desistiera en su acción contra la planta, que fue clausurada definitivamente a comienzos de 2003.
El caso de Lucchetti está en la justicia ordinaria. En Perú hay un Estado de derecho y, por lo tanto, hay que seguir el tema para que no se politice y quede estrictamente en el marco del derecho, señaló el diputado Tarud.
Para el parlamentario, la fórmula que deben emplear los empresarios chilenos para evitar posibles nuevos conflictos en Perú es que siempre actúen muy apegados al derecho interno peruano, sin contravenir ninguna de sus normas.
Según Fuentes, es necesario establecer un diálogo más permanente y más fluido a nivel intersectorial entre peruanos y chilenos, en el cual confluyan empresarios y políticos, gobiernos y sociedad civil, para tratar temas de cooperación bilateral.
Además de institucionalizar ese diálogo, es necesario establecer reglas más claras respecto de la protección de cada uno de los involucrados (en los procesos de inversión), tanto protección para el inversor (chileno) como para el consumidor (peruano), añadió el director de Flacso-Chile.
Por último, Fuentes indicó que es necesario que los dos países levanten una concepción estratégica de largo plazo para sus relaciones a través de un diálogo histórico y cultural, que permita superar las viejas rivalidades que persisten desde la Guerra del Pacífico, de 1879, en la cual también se vio involucrada Bolivia. (
