El Congreso de Chile aprobó en apenas un día un convenio para eliminar la doble tributación con España en actividades económicas, mientras que el proyecto para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas completa ya más de 13 años y medio sin haber superado el primer trámite legislativo.
Un estudio de la no gubernamental Corporación Representa, basado en la agenda legislativa hasta septiembre de este año, establece que el tiempo promedio de tratamiento en el Congreso para proyectos de ley que promuevan la liberalización y la desregulación de los mercados es de 3,5 meses.
En cambio, las iniciativas que apuntan hacia la igualdad en ámbitos de la ciudadanía, la educación, el acceso a la salud y los derechos de género, entre otros tópicos, así como a ampliar las redes de protección social, tienen un promedio de tratamiento parlamentario de 46,9 meses.
Estos resultados demuestran que en Chile el crecimiento económico tiene prioridad a la demanda por mayor equidad, lo cual es grave en un país que detenta la undécima economía con peor distribución del ingreso en el planeta, señaló la corporación, cuyo director ejecutivo es el periodista Patricio López.
José Ortiz, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor matriz sindical del país, comentó a IPS, a propósito del estudio, que en el parlamento no está representada la sociedad chilena. El peso político en el Poder Legislativo corresponde a un solo sector de la sociedad, que es la gran empresa.
Pero el problema no es solo que las leyes se demoren demasiado, sino que cuando salen (aprobadas), salen normalmente en contra de la mayoría del país, favoreciendo a un sector que es más o menos el cinco por ciento de la sociedad chilena, agregó el sindicalista.
El tratado de libre comercio de Chile con Estados Unidos fue aprobado en el Congreso legislativo en sólo dos meses, uno similar firmado con la Unión Europea se tramitó en tres meses y el concretado con Corea del Sur en seis meses.
En el otro extremo, a los 164 meses de espera de la ley para dar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, presentada en 1991 por el presidente Patricio Aylwin (1990-1994), se suma, entre otras, la todavía no aprobada ley de recuperación, conservación y manejo sustentable del bosque nativo, presentada hace 149 meses.
En contraste con la celeridad de la luz verde legislativa para los tratados de libre comercio, la ley de divorcio se aprobó luego de 100 meses (más de ocho años) y la creación de los tribunales de familia en 81 meses. Con más suerte las reformas a la ley de defensa del consumidor fueron despachadas en sólo 32 meses.
Esta diversidad de ritmos pone también en cuestión la calidad de la labor legislativa. Para la Corporación Representa, el hecho de que el tratado comercial con Estados Unidos haya pasado en dos meses el tamiz legislativo deja dudas de la profundidad con que los 120 diputados y 48 senadores estudiaron sus 24 capítulos.
En el ámbito de las leyes económicas, está la tramitación en cuatro meses de una reforma al mercado de capitales, en tres meses de la creación de una plataforma de inversiones y en un mes de la Ley corta de pesca, que congeló por 10 años la asignación de 80 por ciento de las cuotas de captura a la pesca industrial y de 20 por ciento a los pescadores artesanales.
La Corporación Representa señaló, citando al sociólogo chileno Norbert Lechner, fallecido este año, que en este país se legisla para la modernización, que consiste en el desarrollo de la racionalidad instrumental, que da cuenta de los requerimientos de eficiencia, productividad, competitividad y cálculo medio-fin, como expresiones del libre mercado.
En cambio, no se legisla para la modernidad, en tanto racionalidad normativa, que incluye pautas sociales y culturales que dan contenido a las instituciones, asegurando un desarrollo sustentable, equitativo y a escala humana.
Adriana Muñoz, diputada del Partido Por la Democracia (PPD), de la gobernante coalición de centroizquierda, comentó a IPS que los propósitos de los sectores más progresistas de legislar a favor de cambios profundos en materias sociales y económicas se ven desmedrados por el virtual empate en el parlamento con la oposición derechista.
La parlamentaria recordó que el sistema de quórum legislativo implica que muchas leyes no pueden ser despachadas por simple mayoría, lo cual obliga a buscar acuerdos en un Congreso compuesto por fuerzas equiparadas en virtud del sistema binominal, implantado en la Constitución de 1980 para la generación del Senado y la Cámara de Diputados.
Este sistema implica que en cada circunscripción senatorial y distrito de diputados se eligen sólo dos cargos, lo cual favorece a las grandes minorías, que con más de un tercio de los votos aseguran un representante, y excluye del Congreso a las fuerzas más pequeñas, como son hoy los partidos Comunista y Humanista y los grupos ecologistas.
Muñoz señaló que la desigualdad que implica el sistema binominal, producto de la ley fundamental aprobada durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), se ve reforzada a favor de la derecha por sus vínculos con sectores empresariales, que le facilitan recursos para campañas (electorales) que son terriblemente caras, millonarias.
Patricio Melero, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el mayor partido de derecha, sostuvo que la tipología de leyes hecha en el estudio de Representa está mal planteada.
Hay muchas leyes que han salido con la agilidad que requieren y que tienen impacto social, económico o de otra naturaleza, aseguró Melero a IPS.
Es injusto centrar la crítica en el parlamento, porque el que fija la velocidad de los proyectos es el Poder Ejecutivo, que es el que califica las urgencias según la Constitución de 1980, agregó.
Por su parte, Arturo Longton, diputado del opositor Partido Renovación Nacional, también de derecha, defendió igualmente la labor del parlamento, que ha aprobado una gran diversidad de leyes, no sólo de carácter económico sino también, por ejemplo, a favor de los discapacitados o para fomento de las Pyme (pequeñas y medianas empresas).
Longton y Melero discreparon en cuanto al sistema binominal, que para el primero no es representativo y resta legitimidad a los parlamentarios elegidos, mientras que el diputado de la UDI sostuvo que gracias al binominalismo el parlamento es ampliamente representativo, tanto de las regiones, como de los niveles culturales, sociales, religiosos, etcétera, que hay en el país.
El sistema binominal lo que hace es dar estabilidad, al permitir que las grandes coaliciones del país se expresen y no dejar sujeto al chantaje de uno o dos parlamentarios (de minoría) toda la suerte de la inmensa mayoría del parlamento, afirmó Melero.
Las diputadas Muñoz y María Antonieta Saa, también del PPD, coincidieron en descalificar el sistema binominal por excluyente de las minorías, pero Saa admitió que hay responsabilidad del gobierno en la demora de leyes de interés social, en tanto es éste el que controla la agenda legislativa mediante la asignación de urgencias a las leyes.
En Chile, cada ley requiere al menos de tres trámites legislativos en ambas cámaras y en las llamadas comisiones mixtas y el Poder Ejecutivo determina si el tratamiento es de extrema urgencia, urgencia simple o ninguna urgencia, mecanismo que a menudo se maneja para la búsqueda de acuerdos políticos en torno a una iniciativa.
José Llancapán, consejero nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena como representante de la etnia mapuche, indicó a IPS que, a su juicio, el gobierno cede a las presiones de grupos económicos y, por eso, se legisla con una mentalidad que favorece demasiado al mundo empresarial.
El dirigente señaló que uno de los factores que mantiene trabada por más de 13 años la ley de reconocimiento de los pueblos indígenas es el interés de grupos empresariales en acceder a la explotación de recursos de las etnias originarias.
Para Llancapán, hablar de derecha o de Concertación (la coalición gobernante) en el ámbito económico es casi lo mismo, no hay diferencia.
