Seis meses después de la aprobación de un decreto para regular el flujo de trabajadores inmigrantes a Portugal, la medida acabó en rotundo fracaso.
En enero de este año, el ex primer ministro conservador José Manuel Durão Barroso, actual presidente de la Comisión Europea, fijó en 8.500 las visas de trabajo anuales a ser concedidas a los extranjeros, cantidad a la que llegó, según la información oficial divulgada entonces, tras un minucioso estudio del mercado laboral.
Desde que el decreto entró en vigor, el 12 de marzo, hasta mediados de este mes, solo 60 solicitudes fueron presentadas, y únicamente tres inmigrantes —un brasileño, un ucraniano y un moldavo—, lograron sus visas tras acceder al mercado de trabajo mediante un contrato.
Esto solo prueba que las empresas no están interesadas en trabajadores legales, dijo a IPS el luso-angoleño Timoteo Macedo, presidente de la Asociación Solidaridad Inmigrante, que congrega a extranjeros de varias nacionalidades.
"¿Para qué enfrentar la burocracia y tener que hacer un contrato legal, si andan por ahí tantos inmigrantes indocumentados listos para ser explotados?", ironizó.
La mayoría de responsables estatales de inmigración admiten ante periodistas locales (aunque sin dar sus nombres), que el fracaso del proceso revela que los empresarios portugueses continúan optando por el recurso de contratar mano de obra extranjera ilegalmente.
Esta situación ya había sido denunciada a inicios de la década de 1990 por el ex primer ministro conservador (1983-1995), Anibal Cavaco e Silva, quien deploró la existencia en Portugal de unos 80.000 inmigrantes indocumentados, impedidos de regularizar su situación debido a ciertos empresarios inescrupulosos.
Estos empleadores reducían su costo laboral a la mitad del de contratar a un trabajador portugués y tenían las manos libres para el despido.
A inicios de este año, el gobierno dio un paso para regular la inmigración a través de un estudio de las necesidades de mano de obra, encargado al Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP), que luego actuaría en coordinación con la cancillería para la concesión de visas de trabajo.
Actualmente, se estima que hay 600.000 extranjeros residentes en Portugal, país de 10,2 millones de habitantes que comparte con Alemania la proporción más alta de población inmigrante de la Unión Europea (UE). Un tercio de ellos, según cálculos extraoficiales, son indocumentados.
Las principales comunidades son la brasileña y la ucraniana, con cerca de 100.000 residentes cada una.
En números menores, que fluctúan entre 70.000 y 15.000 personas, se ubican inmigrantes procedentes de las ex colonias portuguesas de Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental.
Entre los países ex socialistas de Europa central y oriental, además de Ucrania, ocupan lugares destacados los inmigrantes de Rusia, Moldavia, Rumania y Bulgaria, con poco más de 10.000 personas.
Al final de la fila se ubican 8.000 chinos, 5.000 indios y 4.000 paquistaníes, quienes aunque en número poco significativo, son los más visibles, pues se dedican al comercio y a las actividades gastronómicas.
La cantidad de 8.500 visas estimadas por el IEFP se basó en estimaciones de supuestas necesidades de la industria, los servicios y la agricultura. El gobierno de Durão Barroso consideró esta medida como un instrumento decisivo para la regulación y estabilidad de los ingresos de personas en el territorio nacional.
En términos de distribución por actividades, la agricultura recibiría 2.100 autorizaciones de residencia para trabajadores extranjeros, la hotelería y actividades gastronómicas 2.000, la construcción civil 1.900, y los 2.500 restantes se distribuirían en diversas actividades de servicios.
De esta forma, añadía la justificación de la medida, el número de trabajadores foráneos en Portugal se ajustaría a las necesidades del mercado, evitando que continúen los flujos de inmigración ilegal y que grupos de desocupados contribuyan a la marginalidad de las comunidades extranjeras
Los empresarios calificaron de "ridícula" la cantidad, aseverando que las necesidades de mano de obra de la economía portuguesa en las próximas décadas determinarían un número anual muy superior.
Los ministerios de Interior, Economía y Trabajo y el Servicio de Extranjeros y Fronteras, entidades responsables del proceso, declinaron dar explicaciones sobre el fracaso en el otorgamiento de permisos de trabajo, pese a la insistencia de los analistas especializados en inmigración.
"Este es el resultado de una política economicista y mezquina, ya que el estudio de las cuotas nació viciado, al no tomar en cuenta las necesidades de la economía informal, que es equivalente a 20 por ciento del total del producto (interno bruto) portugués, dijo a IPS el presidente de la Casa do Brasil, Carlos Vianna.
El presidente de la Confederación de la Industria Portuguesa, Francisco Van Zeller, fue una de las voces críticas que se levantó en enero contra la reducida cuota gubernamental de visas de trabajo. "Me dan ganas de reír", dadas las carencias de mano de obra en Portugal, dijo.
A pesar del resultado obtenido por el sistema de las cuotas, Van Zeller está seguro de que continúa existiendo una gran falta de mano de obra en Portugal
Es probable que los inmigrantes prefieran venir clandestinamente. Es posible que los empresarios estén mal informados sobre el proceso o sobre los procedimientos para contratar en el extranjero, subrayó.
El líder de la agremiación de los industriales admitió también la posibilidad de que muchos empleadores en dificultades prefieran empleados indocumentados y sin contrato, porque algunos empresarios en situación de crisis hacen poco caso a las leyes, acotó.
