La lucha contra la economía informal será clave para normalizar la inmigración en España una vez reglamentada la Ley de Extranjería, señaló el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, al defender este lunes un pacto político al respecto en el parlamento.
Caldera compareció en el Congreso de Diputados para proponer este acuerdo sobre inmigración a los partidos con representación en el cuerpo legislativo, que se reflejará en el reglamento de la norma sobre extranjeros aprobada bajo el gobierno del derechista José María Aznar (1996-2004), que se espera tener aprobado a mediados de octubre.
La propuesta del gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se basa en un estudio realizado por el Consejo Económico y Social, un organismo integrado por autoridades nacionales y delegados empresariales, de sindicatos y de organizaciones no gubernamentales, que plantea encarar el problema de la inmigración vinculándolo al mercado laboral.
Fuentes gubernamentales señalan que existe en España una cantidad aproximada al millón de personas sin permiso de trabajo ni residencia legal en el país. Estadísticas oficiales indican que en 1992 había 430.422 inmigrantes normalizados, cifra que ascendió a 1.776.953 en julio de 2004.
Una idea de la importancia que han adquirido los inmigrantes en este país, con o sin regularización, la da la decisión anunciada este mismo lunes por el estatal Banco de España de disponer la creación de un registro especial de control de las remesas de dinero al exterior.
El Banco de España ha previsto autorizar a 4.779 agentes particulares para realizar tal tarea. Con esa medida se pretende controlar el envío de dinero de inmigrantes a sus países de origen, que en 2003 sumaron 2.985 millones de euros (3.600 millones de dólares) y este año puede llegar a 6.000 millones (7.200 millones de dólares), según proyecciones de esa institución.
El ministro Caldera explicó a los parlamentarios que no se trata de una regularización extraordinaria de todos los inmigrantes sino una medida individualizada, que se analizará una a una y todas ellas en el plazo de un mes. De acuerdo con el reglamento de la Ley de Extranjería que está en preparación, toda persona que esté trabajando será regularizada.
Esa situación laboral se comprobará con la presentación de un contrato de trabajo o con la denuncia del empleado o empleada que pueda demostrar, con testigos u otras pruebas, que está en funciones de manera irregular en la llamada economía informal o sumergida, situación que se manifiesta mayoritariamente en la construcción, el campo y en el área de servicios domésticos.
Los contratantes que fuesen denunciados podrán evitar la multa correspondiente si admiten formalizar la relación laboral con su dependiente por al menos un año de duración y asumen el pago de la Seguridad Social por el tiempo que ya haya estado cumpliendo tareas a su cargo.
A esta normalización podrán acogerse todos los extranjeros que viven y trabajan en España desde antes de mayo, cuando asumió el gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Aquellas personas que hayan ingresado al país después de esa fecha no tendrán derecho a este beneficio.
Así lo aclaró la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, tras insistir que la normalización estará vinculada al mercado laboral y podrán acogerse a ella sólo las personas que el gobierno del PP (Partido Popular) dejó aquí como irregulares al momento de dejar el gobierno.
Este martes comenzará la reunión del gobierno de Zapatero con los agentes sociales, con el fin de recoger la opinión de todos los sectores y volcarla al debate que proseguirá en el parlamento, siempre procurando lograr un pacto con todas las fuerzas políticas, sostuvo Caldera.
Ninguna de las agrupaciones ajenas al gobierno se pronunciaron en contra de regularizar la inmigración, aunque se reservaron de expresar su posición final para cuando conozcan el borrador del reglamento que presentará el gobierno.
Sin embargo, el grupo parlamentario del nacionalismo vasco planteó que se debe tener una política más abierta, ya que la Constitución vigente ampara a los inmigrantes, pues en su título primero se señala que todos los derechos consignados en la misma deberán ajustarse a lo consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esa declaración en su artículo 13 consigna: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
Enrique Borcel, presidente de la no gubernamental Casa Argentina, tras escuchar el debate parlamentario, dijo a IPS que, sin más vueltas se debe normalizar la situación de toda persona que esté trabajando y no sólo los que tengan contrato, promesa de contrato o que laboren sin papeles, sino también los que lo hagan como trabajadores autónomos.
Borcel añadió que esa regularización interesa no solamente a la sociedad española sino también a la argentina y como prueba señaló que en 2003 los inmigrantes de ese país remesaron a sus lugares de origen aproximadamente 500 millones de euros (unos 600 millones de dólares).
Los gobiernos de ambos países, aplicando convenios en vigor, acordaron la regularización de todos los argentinos que estuvieran en España sin los documentos correspondientes desde antes de mayo, lo cual se está negociando en una comisión binacional en la que participa una representación de la Casa Argentina.
En el debate parlamentario, Caldera también anunció que se destinarán medios y fondos para reforzar la vigilancia de las fronteras, en especial en las ciudades de Ceuta y Melilla, enclavadas en la costa africana del mar Mediterráneo y cuya soberanía reclama Marruecos.
La inmigración ilegal no beneficia a nadie, por eso hay que evitarla, manifestó el ministro.
El flujo migratorio por esas zonas no es el más fuerte de los que llegan a España, ya que se registra un gran ingreso por la frontera terrestre con Francia, sin necesidad de visado, y por los aeropuertos, con permiso de turismo o desde países, como la mayoría de América Latina, sin obligación de presentar visa de ingreso.
El ingreso a España por Ceuta, Melilla, la costa norte del Mediterráneo e Islas Canarias no es el mayor en cantidad pero sí es el más dramático, pues cruzan el mar en frágiles embarcaciones, algunas de las cuales suelen naufragar con la consecuente muerte de muchos de sus pasajeros.
Por último, el ministro afirmó que el gobierno fomentará la contratación legal de extranjeros y reformará el sistema para contratarlos en el exterior, que se basará en la evaluación de la situación de empleo en España para que el servicio público elabore un catálogo de puestos, en el que deberá quedar constancia de que no hay trabajadores residentes que puedan ocuparlos.
