Dirigentes de la etnia mapuche de Chile que fueron condenados por presuntos delitos terroristas acusan a los tribunales de no garantizar juicios justos, mientras la filial chilena de Amnistía Internacional y otros organismos humanitarios han llamado a investigar ésa y otras denuncias de discriminación.
Utilización de testigos pagados y con reserva de su identidad en los juicios orales, falta de diligencia de la policía en la investigación de denuncias hechas por mapuches y trato privilegiado a personas influyentes son algunas de las quejas contra el sistema judicial.
No hay tranquilidad en la IX región de la Araucanía, unos 700 kilómetros al sur de Santiago, que concentra la mayor cantidad de comunidades mapuches y donde se realizaron los procesos.
El 23 de agosto, cuatro mapuches y una activista fueron condenados a 10 años y un día de cárcel por el delito de incendio terrorista de la hacienda Poluco-Pidenco, en diciembre del año 2001. Otros seis indígenas procesados por esa acción están prófugos.
Es el caso de la dirigente Mireya Figueroa, quien es candidata a concejal por el Partido Comunista para los comicios municipales de octubre en la comuna de Ercilla, de la Araucanía.
En una entrevista concedida al diario El Mercurio desde la clandestinidad, Figueroa afirmó que los fiscales del Ministerio Público pagaron a 10 testigos de varias comunidades para incriminarla junto con otros mapuches procesados, y aseguró que sólo se entregará a la justicia cuando el Estado le garantice un proceso justo.
Luego de conocida la sentencia contra los cuatro indígenas y la activista, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura denunciaron presuntas irregularidades cometidas durante el juicio.
La organización no gubernamental humanitaria Human Rights Watch criticó al gobierno chileno por recurrir al régimen legal más severo contra los indígenas, ya que al condenarlos por la ley antiterrorista, promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se los trata como a los responsables de los peores crímenes, incluido el homicidio.
El 4 de septiembre se iniciará otro juicio a 16 mapuches del desarticulado grupo autonomista Coordinadora Arauco-Malleco. Están acusados de asociación ilícita terrorista.
Este será el más extenso juicio oral que se realizará en Chile desde que hace cuatro años se pusiera en marcha una teforma procesal penal, con el propósito declarado de hacer más transparente la acción de la justicia.
Uno de los aspectos más criticados en este proceso y otros es la utilización de los llamados testigos sin rostro. De las 250 personas que declararán en el juicio, 44 disponen de reserva de identidad. Sus nombres no podrán ser conocidos por la defensa y hablarán detrás de un biombo, mediante sistemas distorsionadores de la voz.
Sergio Laurenti, director de Amnistía Internacional-Chile, criticó esa práctica y dijo a IPS que para asegurar un debido proceso a todos los mapuches es necesario poner atención a varios aspectos.
Por un lado, se debe garantizar que todos puedan utilizar su lengua materna, en este caso el mapudungun, para dar sus testimonios, pero en esa materia no ha habido muchos avances, apuntó.
También llamó a reinterpretar las leyes que no toman en cuenta consideraciones de carácter cultural de los pueblos indígenas, como el significado ancestral que tiene la tierra para los mapuches. Para revisar el sistema de justicia, en lo que afecta directamente a este pueblo, tiene que haber un diálogo entre las culturas, opinó Laurenti.
Así lo plantea también el informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, dado a conocer en 2003. Esa entidad fue creada en 2001 por el actual gobierno, encabezado por el presidente Ricardo Lagos, para analizar la relación entre tales etnias y el Estado.
Si existiera cualquier tipo de irregularidades en torno a los procesos, es una obligación de la justicia chilena investigarlos, dijo a IPS la investigadora Ena Von Baer, del Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la oposición derechista.
La única manera de resolver estas denuncias, y en general todos los casos en que están involucrados mapuches, es la acción de los tribunales y no la vía de la violencia, arguyó.
Según Von Baer, lo único que se ha logrado con los atentados contra haciendas en la región de la Araucanía es que la opinión pública identifique a todos los mapuches como terroristas y que la sociedad no se detenga a considerar la pobreza en que viven.
La mayoría de ellos sólo quiere oportunidades de desarrollo y conservación de su cultura, aseguró la investigadora.
Los mayores conflictos se han producido por las demandas de las comunidades mapuches de recuperar tierras ancestrales, dedicadas a la explotación maderera por compañías forestales, muchas de ellas transnacionales.
La empresarial Corporación de la Madera es una de las organizaciones que ha exigido mano dura a las autoridades contra el terrorismo mapuche, pero sus dirigentes no quisieron comentar a IPS los últimos juicios.
Investigaciones académicas indican que existe en la prensa una suerte de demonización de las demandas y acciones indígenas, que presenta a los hacendados como víctimas y a la vez ignora la violencia contra los mapuches.
Amnistía Internacional manifestó su profunda preocupación por la persecución contra la dirigente mapuche Juana Calfunao Paillalef, fundadora de la no gubernamental Comisión Etica Contra la Tortura.
Ella y su familia denuncian sufrir una campaña de intimidación por parte de terratenientes, como consecuencia de disputas que mantienen por la propiedad de las tierras.
El 26 de junio, la casa de Calfunao fue totalmente destruida por un incendio. Luego se descubrió allí el cuerpo calcinado de su tío, Basilio Cañoenao, quien, según testigos, no estaba en la vivienda cuando comenzó el fuego.
Días antes del siniestro, vehículos desconocidos rondaban la casa, según testimonios recogidos por Amnistía.
En una carta que esa organización humanitaria envió a varias autoridades chilenas el 20 de agosto se señaló que Calfunao y su familia fueron además objeto de amenazas e intimidación en cuatro ocasiones durante el mes de julio.
Los afectados han denunciado estos hechos a la policía nacional, y que se sepa las autoridades no han ordenado ninguna investigación ni adoptado ninguna medida para dar protección a la familia, expresó.
En mayo de 2000, la dirigente indígena estuvo detenida tres días después de ser atacada por un hombre en plena ciudad de Temuco, capital de la Araucanía, y denunció que cuando estaba bajo custodia sufrió agresiones de policías, que le provocaron un aborto.
La causa correspondiente a esa denuncia está a cargo de un tribunal militar, y eso también ha sido criticado por Amnistía Internacional, que reclama el traspaso del juicio a cortes civiles para garantizar el debido proceso.
Según el censo de población de 2002, en la IX región viven 203.221 mapuches, 15,5 por ciento del total de población de la Araucanía, y otros 182.963 habitan en la región Metropolitana (Santiago), donde son tres por ciento del total.
En el país hay 604.349 integrantes de esa etnia, cuatro por ciento del total de habitantes y 87 por ciento de la población indígena.
El censo se basó en declaraciones de identidad o autopertenencia a un grupo étnico, y sus resultados contrastan con los de estudios que, a partir de variables históricas, antropológicas y registros patronímicos, indicaron que alrededor de ocho por ciento de la población es indígena.
