Cada semana aparecen cuerpos mutilados, descuartizados y con huellas de torturas en El Salvador, Honduras y Guatemala. Son las víctimas de una guerra silenciosa entre las pandillas juveniles, a las que pertenecen unos 300.000 jóvenes pobres centroamericanos, y quienes quieren exterminarlas.
Hay una auténtica guerra en las calles de América Central, dijo a IPS el abogado Gustavo Zelaya, de la no gubernamental Casa Alianza en Honduras, a cuyas puertas (menos de un año atrás) un joven que buscaba ayuda fue acribillado por sus compañeros de pandilla o mara, como se les conoce en la región.
A pocos kilómetros de allí, el 13 de septiembre fue encontrado el cuerpo de un joven cortado en 18 pedazos, y siete días más tarde, en un autobús, se halló la cabeza humana en avanzado estado de descomposición. Ambos hechos fueron atribuidos por la policía a las propias pandillas. Pero hay policías y grupos armados irregulares matando jóvenes por las calles, afirman activistas.
En América Central hay una situación de emergencia y los gobiernos no han sabido responder, dijo a IPS Luciano Lovato, líder de la no gubernamental Red Centroamericana de Jueces, Fiscales y Defensores por la Democratización de la Justicia.
En Honduras mueren asesinadas seis personas por día, en El Salvador ocho y en Guatemala 14. La mayoría de esos crímenes son atribuidos por las autoridades a los pandilleros o maras.
Pero también hay responsabilidad de policías y de grupos armados irregulares que han asumido el exterminio de los delincuentes, o presuntos delincuentes, denuncian organizaciones de derechos humanos.
La violencia es tal que el presidente de Guatemala, Oscar Berger, declaró poco tiempo atrás su intención de firmar un acuerdo de paz con los miembros de las pandillas.
Mientras, en El Salvador y Honduras, los gobiernos optaron por la mano dura, cuyos alcances y motivaciones son severamente cuestionados por activistas y juristas.
Las principales pandillas son la Mara Salvatrucha y Mara 18, muy violentas y originadas en la sudoccidental ciudad estadounidense de Los Angeles, donde fueron creadas entre inmigrantes salvadoreños. Su tránsito siguió a América Central en los años 90, cuando la mayoría de sus líderes fueron deportados.
El combustible para reproducirse fue poderoso en el istmo. El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala ocupan los últimos lugares latinoamericanos en el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Se estima que operan en esos países unos 300.000 pandilleros.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el sector de entre 15 y 24 años, que representa en México y América Central 20,3 por ciento del total de habitantes y 33,4 por ciento de la población económicamente activa, constituye entre 41 y 62 por ciento de los desempleados.
Además, la pobreza de la región se concentra en la franja de personas de 15 a 19 años, el grupo etario donde las maras reclutan a sus integrantes.
En su estudio Marginados en México, El Salvador, Nicaragua y Panamá, la Cepal sostiene que la marginación social y económica, las dificultades familiares, la deserción escolar, el desempleo o subempleo, el desmedido y no planificado crecimiento urbano, la cultura de la violencia, la transculturación, entre otros factores, empujan a los jóvenes a reconstruir su identidad en las pandillas juveniles.
Las pandillas constituyen la expresión de un fenómeno social que remite más bien a la exclusión y segregación económica y cultural de un sector de población que es percibido como peligroso, agresivo e incontrolable, por lo que se establecen barreras de acceso y se asegura su aislamiento y marginalidad, añade el estudio.
Los gobiernos centroamericanos fueron ineptos y dejaron crecer el problema de las pandillas y ahora se les fue de las manos y quieren atacarla, pero sólo en sus consecuencias, dijo el abogado Zelaya.
Según Casa Alianza, que atiende a menores que viven en las calles, en Honduras han muerto más de 2.500 menores de 23 años desde 1998 a la fecha. Casi todos eran miembros de pandillas que cayeron muertos por sus compañeros, la policía o en cárceles hacinadas.
El camino represivo que se ha tomado contra las maras, con gran propaganda, es un fracaso y no nos está llevando a ningún lado, pero eso sí, deja réditos políticos a sus autores, opinó Lovato.
Según el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa, en su país ha habido toda una cacería de jóvenes (pandilleros) como si fueran animales y eso genera más odio, eso genera más violencia.
La política de super mano dura contra las pandillas, como gusta llamarla el gobierno salvadoreño, incluyó la creación de un cuerpo de policías y soldados que persiguen a jóvenes delincuentes, con carta abierta para detener a cualquiera por el solo hecho de llevar tatuajes o comunicarse a través de señas.
Los miembros de las pandillas se distinguen por visibles tatuajes, pañuelos en sus cabezas o cabellos cortados al estilo militar, pero varias de estas costumbres son comunes entre los jóvenes. Los pandilleros también usan un lenguaje cifrado de palabras y señas y, para ingresar a las maras, deben seguir rituales especiales, casi todos vinculados a la agresión mutua o contra terceros.
Según una encuesta de la jesuítica Universidad Centroamericana, 53,3 por ciento de los salvadoreños estima que la delincuencia disminuirá con la represión, pero 30,4 por ciento cree que seguirá igual.
La delincuencia no bajará con mano dura ni con abusos y violaciones a las leyes básicas de derechos humanos, sentenció Lovato, opinión compartida por el abogado de Casa Alianza.
Se están violando los derechos de presunción de inocencia de los jóvenes y en todos lados se los persigue sólo por su apariencia o por simple sospecha, aseguró el abogado.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, censuró un año atrás las estrategias contra las pandillas en El Salvador pues son violatorias de los derechos humanos. Recientemente algunos portavoces de AI juzgaron del mismo modo las medidas adoptadas por Honduras.
En ese país centroamericano, la inseguridad y el miedo han llegado a tal grado que, según encuestas, gran parte de la población apoya la implantación de la pena de muerte contra los jóvenes pandilleros
Un sondeo de la firma LatiNetwork Dichter & Neira, efectuado entre el 2 y el 5 de septiembre con una muestra aleatoria de 1.208 entrevistas, indicó 52 por ciento de encuestados favorable a la aplicación de la pena de muerte contra los pandilleros.
La pena capital es promovida abiertamente por el presidente del Congreso legislativo, Porfirio Lobo, quien es además aspirante a la presidencia por el centroderechista Partido Nacional, al que pertenece el actual mandatario Ricardo Maduro, quien terminará su gestión en enero de 2006.
América Central está matando a sus jóvenes, pues los ha condenado al estigma del pandillerismo, mientras hace muy poco por la pobreza, la exclusión social, la falta de educación y la destrucción de las familias, orígenes últimos de la violencia en que han caído, dijo el abogado Zelaya.
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