La ONU considera la posibilidad de suspender sus operaciones humanitarias en Afganistán tras la destrucción de cuatro de sus oficinas el fin de semana.
Así, podría repetirse en Afganistán lo que pasó el año pasado en Iraq, cuando la ONU (Organización de las Naciones Unidas) retiró a casi todos sus trabajadores extranjeros ante el aumento de la violencia.
Las agencias del foro mundial operan actualmente en Iraq con alrededor de 4.000 trabajadores, pero la gran mayoría de ellos son iraquíes, que no gozan del mismo salario que los extranjeros.
Dos oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y otras dos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama) en la occidental ciudad afgana de Herat fueron destruidas por completo el domingo.
La turba que atacó los edificios protestaba contra la destitución del gobernador de la provincia de Herat, Ismail Khan, a quien el gobierno interino presidido por Hamid Karzai reemplazó por Sayed Muahmmad Khairkhwa.
Khan y Khairkhwa integran la misma agrupación política islámica, Jamiat I Islami, pero Khan tiene un mayor apoyo popular pues encabezó un movimiento de resistencia a la invasión de la Unión Soviética en los años 80.
La población de Herat atacó las oficinas de la ONU al parecer luego de que el foro mundial expresara su apoyo al nuevo gobernador. El representante especial de la ONU en Afganistán, Filippo Grandi, defendió el lunes la decisión de respaldar a Khairkhwa.
Lo que hicimos fue apoyar el nombramiento del nuevo gobernador por parte del gobierno central. Esto es lo que hemos hecho tradicionalmente. Fuimos particularmente enfáticos en nuestro respaldo al nuevo gobernador, y lo seguiremos siendo, señaló en conferencia de prensa.
Los choques entre manifestantes y policías afganos terminaron con cuatro muertos y unos 50 heridos, entre éstos dos funcionarios de la ONU.
La agencia más afectada fue Acnur, que decidió retirar temporalmente su personal de Herat.
Todas las actividades de Acnur en el occidente de Afganistán fueron suspendidas temporalmente, incluso el traslado diario de afganos refugiados en Irán que desean volver a su país, anunció el Alto Comisionado para los Refugiados, Ruud Lubbers.
Esta suspensión llega en el peor tiempo posible para Afganistán, cuando crece el número de refugiados que vuelven a su patria y cuando falta poco para unas elecciones que definirán el futuro del país, añadió.
El gobierno afgano interino convocó elecciones presidenciales para el 9 de octubre, y parlamentarias para abril próximo, tras varias postergaciones atribuidas sobre todo a problemas de seguridad y escaso registro de votantes.
Lubbers señaló la importancia de que se le permita a la ONU hacer su trabajo en esta coyuntura tan importante.
Este proceso debe hacerse en una forma segura, subrayó.
El daño en las oficinas de Acnur y de Unama fue devastador, dijo Grandi. He visto en mi vida instalaciones de la ONU destruidas, pero difícilmente alguna vez vuelva a ver una devastación como la que sufrió la oficina de Unama, agregó.
La oficina está en cenizas. Todo fue quemado. Tiraron gasolina y luego fósforos. La oficina ya no existe, añadió.
No obstante, Grandi aclaró que el traslado temporal de los 38 trabajadores de Unama de Herat a Kabul no es señal de que el organismo está abandonando por completo sus responsabilidades.
Durante los ataques, unos 60 funcionarios de la ONU y trabajadores humanitarios extranjeros de otras instituciones debieron ser evacuados a escondites subterráneos, según informó el diario estadounidense The New York Times.
Estos ataques resurgieron temores de que se reproduzca en Afganistán lo ocurrido el año pasado en Iraq.
Las oficinas de la ONU en Bagdad fueron bombardeadas por la resistencia iraquí en agosto y en septiembre de 2003 —dos veces en menos de seis semanas—, lo que obligó al foro mundial a retirar a sus trabajadores extranjeros, a pesar de las objeciones de Estados Unidos.
El primer ataque suicida contra la ONU en Iraq, el 19 de agosto, se cobró la vida de 22 empleados del foro mundial, incluido el subsecretario general de la organización y jefe de las operaciones en el país árabe, Sergio Vieira de Mello. Al menos 150 personas resultaron heridas, muchas de gravedad.
Un segundo ataque contra el mismo sitio se registró el 22 de septiembre, y en otro contra las oficinas de la Cruz Roja en octubre murieron 20 personas, la mayoría iraquíes.
El fin de semana pasado en Herat, los manifestantes también atacaron instalaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la Comisión Independiente Afgana para los Derechos Humanos, del Comité Danés de Asistencia y de la Organización Internacional para la Migración.
Lubbers señaló que fue la segunda vez en menos de un mes que Acnur fue obligado a suspender sus operaciones en el occidente de Afganistán.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo que los ataques fueron perpetrados por un pequeño grupo que intenta socavar los esfuerzos del gobierno para restaurar la seguridad y la estabilidad en esa parte del país.
El vicepresidente del sindicato de trabajadores de la ONU, Guy Candusso, dijo a IPS que la ONU ya había sido advertida sobre el posible aumento de la violencia en Afganistán.
Candusso comparó la situación afgana con la de Iraq, e informó que el Comité de Seguridad del sindicato le solicitó a Annan que considere el retiro de todos los trabajadores si la situación sigue deteriorándose.
El sindicato ya había hecho sonar la alarma el mes pasado luego de un atentado con bomba contra una oficina de registro de votación en el sudoeste de Afganistán.
A la luz de los recientes acontecimientos de violencia, en particular el último, el comité insta al secretario general a que conduzca una completa revisión de la situación en Afganistán y considere el repliegue del personal hasta que se tomen nuevas medidas de seguridad, señaló el comité en una carta a Annan.
El sindicato sostiene que la seguridad del personal sigue siendo la máxima prioridad.
El mes pasado, la organización humanitaria Médicos sin Fronteras abandonó Afganistán después de operar en este país de Asia central por 24 años.
Las principales razones fueron el deterioro de la seguridad y, sobre todo, la falta de apoyo a las tareas humanitarias por parte de las fuerzas de Estados Unidos.
Médicos sin Fronteras también expresó su malestar por la falta de avances en la investigación del gobierno sobre el asesinato de cinco de sus trabajadores en la septentrional provincia de Baghdis en junio, al parecer a manos de insurgentes.
La organización, que contaba con 1.400 trabajadores afganos y 80 extranjeros, suspendió todas sus operaciones en agosto.
