La historia de Darshan Singh es conocida para activistas de los derechos humanos de Asia. El joven de 29 años fue contactado en el estado de Punjab, en el norte de India, para trabajar en una empresa de Malasia, pero al llegar, todas sus esperanzas se desvanecieron.
Pronto el empleador se quedó con todo su salario, lo dejó en una habitación hacinada, lo alimentó todo el tiempo con harina y lentejas y llegó a torturarlo.
Darshan, practicante de la religión sij, había vendido su motocicleta y las pocas joyas de su esposa , además de pedir prestados 2.200 dólares a un usurero para pagar su pasaje a Malasia, que incluía gastos de visa y de agente. Todo esto en base a la promesa de una mujer punjabí de hablar suave, que actuó como intermediaria.
La mujer le había prometido un empleo seguro como instalador de redes eléctricas y un salario mensual de 1.500 ringgits (395 dólares), con alojamiento, alimentación y cobertura médica.
Darshan planeaba trabajar tres años y regresar a casa con suficiente dinero para devolver el préstamo, comprar nuevas joyas a su esposa, adquirir una nueva motocicleta y, con suerte, iniciar un pequeño negocio en su aldea de Punjab.
Pero el sueño de Darshan se estrelló al aterrizar en el suntuoso Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, junto con otros 17 hombres que la agente había reclutado en India.
La agente les quitó los pasaportes y el efectivo que tenían; alteró sus contratos de trabajo y los vendió a otro empleador.
Desde que llegaron a Malasia, Darshan y los otros trabajadores no conocieron otra cosa que la miseria. Actualmente, su casa es un templo sij que les ha dado refugio temporario.
Trabajamos duro, pero no nos pagaron el salario prometido… abusaron físicamente de nosotros. Hoy no tenemos nada más que lo puesto. No tenemos pasaporte, dinero, empleo ni futuro, declaró Darshan a IPS.
Además, tenemos enormes deudas en nuestro país y no podemos regresar a menos que obtengamos primero un trabajo aquí y ahorremos lo suficiente para pagarla, agregó.
Bajo las actuales circunstancias, esa posibilidad parece muy remota.
Darshan se sintió muy humillado porque lo obligaron a quitarse el turbante (que junto con la barba forma parte de la identidad religiosa de los sij) y cortarse el cabello, con el argumento de que debía usar un casco de seguridad.
Otros dos sij también fueron obligados a cortarse el cabello. Según los trabajadores, les advirtieron que si volvían a usar el turbante, perderían el empleo.
Darshan y los otros 17 trabajadores relataron su historia el día 4 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Suhakam), un organismo financiado por el estado de Malasia que asesora al gobierno.
Los comisionados Simon Sipaun y Jamaludin Othman, que escucharon sus relatos, quedaron conmovidos.
No puedo comprender cómo un ser humano puede tratar a otro con tanta crueldad, expresó Sipaun en conferencia de prensa, y prometió que su comisión investigaría el asunto.
Quien llevó a los trabajadores a Suhakam fue Aegile Fernández, coordinadora de programa de Tenaganita (Fuerza de las Mujeres), una organización no gubernamental que defiende los derechos de los trabajadores migrantes y las mujeres en situaciones vulnerables.
Los trabajadores contaron que debían dormir todos en una habitación con un solo ventilador, y muchos dormían en el piso. Nos daban arroz y lentejas y nos pagaban 130 ringgits (34 dólares) a cada uno por tres meses de trabajo, relató uno de los trabajadores.
La mayor parte del tiempo teníamos hambre, dijo otro.
Un día a mediados de julio, los 18 trabajadores se escaparon y fueron a pedir ayuda a la Alta Comisión India, que los derivó a Tenaganita.
Los agentes y contratistas sometieron a abusos, torturaron, humillaron y explotaron a los trabajadores, afirmó Fernández, quien reclamó una firme acción policial contra los culpables.
Tenaganita también presentará a la denuncia a la Organización Internacional del Trabajo y al relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes, para reclamar justicia y dar publicidad a la situación de los trabajadores inmigrantes en Malasia, dijo Fernández a IPS.
Se trata de un típico caso de abuso… La contratación se hizo en base a falsas promesas, y el caso equivale a tráfico de personas para explotación laboral. Es una violación directa al Protocolo Opcional de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Personas, añadió.
Los agentes y empleadores abusadores están convencidos de que nunca serán castigados por maltratar a trabajadores inmigrantes, porque muy pocos han sido sancionados, señaló Fernández.
Activistas de los derechos humanos han reclamado una y otra vez una reforma radical del sistema de empleo, pero sin éxito. Según la coordinadora de Tenaganita, la persistencia de la explotación de los trabajadores migrantes se debe a tres factores.
Primero, la corrupción y el creciente número de agencias contratistas en Asia facilitan el tráfico de personas. Segundo, muchos empleadores retienen el pasaporte y otros documentos de sus empleados extranjeros, que de esa forma se vuelven indocumentados y totalmente dependientes. Y tercero, muchos empleadores prefieren a los indocumentados, porque éstos no tienen muchos gastos. (
