El gobierno de Canadá convocó a una reunión con los líderes de las principales iglesias cristianas de este país para pedirles que no sigan albergando a personas a las que se negó la solicitud de asilo y se resisten a ser deportadas.
Así como en muchos lugares del mundo, es tradición en Canadá que las congregaciones, en este caso cristianas, brinden ayuda y sean santuarios para quienes se consideran víctimas de alguna injusticia del poder de turno.
Cansada de las consecuencias de esta costumbre y de las crecientes críticas a la política oficial hacia los extranjeros, la ministra de Inmigración Judy Sgro convocó a obispos, sacerdotes y pastores del país a una reunión el 13 de septiembre para analizar el problema.
El encuentro ya había sido solicitado por obispos preocupados por la situación de ciudadanos argelinos y colombianos refugiados, que serían asesinados y torturados si son deportados a sus países.
De momento, hay 10 personas alojadas en templos católicos y protestantes que se resisten a ser deportadas. Como cuentan con el respaldo de las jerarquías religiosas, las autoridades de inmigración no se atreven a medidas más severas, como irrumpir en esos lugares, detener a los extranjeros y deportarlos.
Seis semanas atrás, Fred Cappuccino, un pastor retirado de la Primera Iglesia Unitaria de Canadá, se encerró en la capilla de su antigua iglesia para protestar contra la política de deportación de refugiados del gobierno del primer ministro Paul Martin.
Cappuccino acompañaba a Mohammed Samsu Mia, de 49 años, un ciudadano bengalí que se alberga en el sótano de ese templo desde junio de 2003, cuando las autoridades rechazaron su pedido de asilo.
El pastor retirado fue aplaudido por unas 250 personas al ingresar al templo. Su protesta es respaldada por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, defensores de los refugiados y algunos parlamentarios opositores.
Mia solicitó asilo luego de un conflicto por sus haberes con la embajada de Bangladesh en Canadá, en la que trabajaba como funcionario.
Según relató, las autoridades de la sede diplomática se retrasaron en el pago de su salario y él decidió renunciar, pero el personal de seguridad le impidió salir del edificio.
Finalmente logró huir y, cuando el gobierno canadiense le negó asilo, se contactó con la Iglesia Unitaria, a la que explicó su situación y le solicitó albergue.
La primera orden de deportación le fue enviada el 16 de junio de 2003, cuando hacía dos semanas que permanecía en el sótano de la capilla.
Nos pareció que había un gran error en la decisión. Intentamos hablar con las autoridades, pero se negaron a dialogar mientras lo tuviéramos escondido en la iglesia, dijo Cappuccino.
Tengo 78 años. Me di cuenta de que podía hacer algo diferente y ayudar a que este hombre saliera. Estaba en un estado muy lamentable cuando entré.. No había ninguna luz de esperanza entonces, señaló Cappuccino.
Pero ahora está muy feliz. Como siempre con él. Muchas personas vienen a verlo. El les enseña cocina de Bangladesh y ellos lo ayudan con el inglés, añadió.
En junio de 2002, el Parlamento aprobó la Ley de Protección de Refugiados, que establece un procedimiento de apelaciones para las personas cuyas solicitudes de asilo son rechazadas por la Junta de Inmigración.
No obstante, el entonces ministro de Inmigración Denis Coderre pidió que se postergara por un año la entrada en vigencia de la ley para que la Junta pudiera contestar antes los 53.000 pedidos acumulados.
La Junta todavía tiene 30.000 casos pendientes, y por eso los que recibieron una negativa aún no pueden beneficiarse del proceso de apelación contemplado en la ley. Entre ellos está Mia.
Algunos sostienen que uno de los principales problemas de la Junta es que está integrada por políticos sin experiencia en estos temas y con poco conocimiento de la situación internacional.
Se necesita un sistema más justo para atender a las personas que piden asilo, que contemple el caso de los que están escondidos en las iglesias, afirmó el presidente del Consejo Canadiense para los Refugiados (CCR), Nick Summers, en una carta enviada a Sgro en julio.
No siempre las autoridades respetan los santuarios.
El año pasado, la policía entró a la Iglesia Unida de San Pedro, en la sudoriental ciudad de Québec, para detener al argelino Mohammed Cherfi, de 35 años, refugiado en ese templo desde febrero. Cherfi fue deportado de inmediato.
El pastor Darryl Gray, de la Iglesia Unida de Montreal, dijo días atrás ante el Parlamento en Ottawa que muchas personas estaban siendo deportadas en situaciones muy peligrosas, incluso de vida o muerte.
El templo que dirige el pastor Gray alberga a una familia etíope desde hace más de un año, e integra la Coalición Interconfesional del Santuario, un movimiento ecuménico para ayudar a los extranjeros que piden refugio en Canadá.
Tenemos la responsabilidad moral de desafiar una ley que consideramos injusta, dijo Gray.
En marzo, la directora ejecutiva de la CCR, Janet Dench, dijo a IPS que la mayoría de las personas ven a Canadá como un país que trata bien a los extranjeros.
Pero se decepcionan cuando escuchan experiencias personales sobre el régimen para los refugiados y se enteran de que el gobierno no puso en práctica una ley aprobada por el Parlamento que le concede a los solicitantes el derecho a apelar, añadió.
La directora ejecutiva de la Iniciativa Ecuménica Canadiense por la Justicia, Mary Corkery, señaló que las iglesias abren sus puertas a los extranjeros porque no tienen otra opción.
Las iglesias y los activistas no quieren que continúen funcionando los santuarios. Queremos un sistema que solucione el problema de los extranjeros para que éstos no tengan que buscar un escondite, afirmó.
