La impunidad y la intolerancia política y religiosa multiplicarán en los próximos meses los conflictos del municipio indígena de San Juan Chamula, en el meridional estado mexicano de Chiapas, advierten activistas de derechos humanos.
El municipio de 60.000 habitantes mayas tzotziles cerró el martes otro capítulo de los enfrentamientos por los que han muerto más de 100 personas en los últimos 30 años. La mayoría de esos crímenes permanecen impunes, según la propia policía de Chiapas.
Unos 200 indígenas accedieron el martes a liberar a su alcalde y a otros cinco funcionarios, incluido el jefe de la policía local, a los que retenían desde hacía tres días acusándolos de corrupción.
La liberación fue resultado de intensas negociaciones de más de 20 horas con las autoridades del estado de Chiapas, que prometieron investigar los cargos efectuados por los indígenas.
Los captores acusaron a los funcionarios del ayuntamiento local de desviar para su beneficio unos 265.000 dólares que debían invertirse en obras para la comunidad.
Según testimonios de periodistas y de los propios indígenas, éstos estuvieron a punto de linchar al alcalde José Gómez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Fuimos tratados como animales, nos tiraron orines, excremento, palos, agua helada, piedras y nos dieron patadas, declaró Gómez a la prensa tras su liberación.
En San Juan Chamula se vive en total impunidad y lo que acaba de suceder sólo es una muestra del clima que prevalece y de lo que puede venir, dijo a IPS Michael Chamberlain, coordinador de investigación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en Chiapas.
En ese municipio de no más de 82 kilómetros cuadrados, conviven enfrentados desde hace décadas dos bandos religiosos y políticos opuestos, sin que el gobierno federal ni estadual hayan logrado imponer el Estado de derecho.
De un lado se alinean líderes del PRI, comerciantes y católicos tradicionalistas preconciliares (que rechazan las reformas del Concilio Vaticano II de los años 60), y del otro indígenas pertenecientes a iglesias cristianas protestantes y que, políticamente, simpatizan con el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En esa tensión, los que llevan la peor parte son los indígenas protestantes, pues el PRI, que ejerció el poder en el país durante 71 años hasta 2000, también ha gobernado Chamula desde los años 30.
Desde 1970 fueron expulsados del distrito más de 30.000 indígenas, con el argumento de que violaban leyes comunitarias y profesaban religiones protestantes.
El secuestro del alcalde y sus colaboradores fue cometido por un grupo de nativos protestantes, apoyados por comerciantes opuestos al PRI. A su vez, los católicos tradicionalistas acusan a este bando de haber asesinado a más de 30 indígenas en los últimos años.
Los indígenas que retuvieron al alcalde Gómez lo culpan de desviar fondos destinados a obras públicas, aunque la justicia no ha logrado determinar ninguna responsabilidad.
La policía estadual no pudo liberar al maltratado Gómez, pues cientos de indígenas armados con palos y piedras cerraron los accesos al municipio. La liberación se logró en negociaciones a las que no tuvo acceso la prensa.
Además, los indígenas saquearon y quemaron la casa del síndico del ayuntamiento Juan Pérez, quien había escapado previamente de San Juan Chamula, según informaciones periodísticas.
El escalamiento del histórico conflicto se produce cuando el gobierno de Chiapas, en manos del independiente Pablo Salazar, se prepara para las elecciones locales de octubre en el estado, en las que se elegirán diputados y alcaldes.
El gobierno federal (de Vicente Fox) y el estadual (de Salazar) han prometido instaurar el Estado de derecho en Chamula, pero han fracasado totalmente, sostuvo Chamberlain.
No han podido o no han querido hacer nada, por eso reinan grupos sectarios, abundó.
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, creado por el ex obispo de Chiapas Samuel Ruiz en 1989, la religión ha sido utilizada por el PRI en San Juan Chamula como pretexto para reprimir a quienes desafían el poder político, económico y religioso.
El estudio Expulsiones y Derechos Humanos en San Juan Chamula, elaborado por ese grupo humanitario, indica que el municipio fue convertido por el PRI en el modelo de una estructura de cacicazgos utilizada para el control político, social y religioso de su población.
Los opositores al PRI están cansados y han retomado algo de su fuerza, tal como demostró la última retención del alcalde, sostuvo Chamberlain.
Gómez admitió ante la prensa que en San Juan Chamula hay un conflicto no resuelto entre católicos tradicionalistas agrupados en el PRI y los evangélicos opositores.
La discriminación contra los protestantes llevó a que 200 niñas y niños hayan sido expulsados de escuelas públicas por pertenecer a familias no católicas.
La indígena Guadalupe López decidió en marzo abandonar la religión católica y sumarse al evangelismo. Una semana después de anunciar su decisión a algunos amigos, ella y su esposo se quedaron sin luz y sin agua, relató la afectada a la prensa.
Además, el comité de educación del municipio llamó a la pareja para informales de que sus hijos de seis, nueve y 12 años ya no serían aceptados en la escuela por su nueva fe.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas intentó varias veces aproximarse a esa comunidad para apoyar la solución de sus conflictos, pero sin éxito.
También fracasaron el equipo pastoral del ex obispo Ruiz, partidario de la Teología de la Liberación, y el actual obispo de Chiapas, Felipe Arizmendi, en funciones desde mayo de 2000.
Según la fiscalía de Chiapas, los enfrentamientos en Chamula se deben a la disputa por el control del ayuntamiento, donde los grupos en pugna utilizan armas de alto poder, y no sólo a causas religiosas.
En San Juan Chamula nada ha cambiado pese a que en 2000 el PRI perdió su histórico dominio del poder político nacional, en las elecciones en las que Fox resultó elegido.
Investigaciones judiciales indican que el PRI apadrinó la formación política y educativa de varios indígenas de Chamula, quienes luego se integraron al sistema de cargos religiosos de la comunidad, asumiendo diversos liderazgos.
Esos personajes y sus herederos se transformaron con el tiempo en los jefes políticos del municipio, a quienes el gobierno entregó recursos y poder.
Tras el levantamiento del indígena Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994 en las selvas de Chiapas, los grupos de evangélicos expulsados de Chamula aprovecharon la coyuntura para denunciar su situación y exigir sanciones contra los jefes políticos de la zona.
Sin embargo, su situación no cambió.
Los indígenas de San Juan Chamula no tuvieron contacto con el EZLN ni participaron de su levantamiento armado, que duró apenas 12 días con un armamento principalmente compuesto de palos.
Una ley de pacificación determinó que las fuerzas de seguridad no atacaran al EZLN, cuya actividad guerrillera está también paralizada. En cambio, las comunidades indígenas que lo componen, intentan recuperar sus formas de autogobierno tradicional.
Pero en San Juan Chamula, la violencia no ha terminado con la liberación del alcalde, opina Chamberlain.
Es muy probable que siga una reacción de venganza y que las elecciones municipales de octubre se transformen en un campo de batalla sin ninguna garantía, vaticinó.
