Pese a los avances de la legislación de Chile sobre infancia, persisten el trabajo infantil y la explotación sexual de menores, mientras las cifras sobre maltrato a niñas y niños se mantienen relativamente altas.
El descubrimiento en octubre de 2003 de una red de pedofilia encabezada por el empresario Claudio Spiniak es tema de permanente interés periodístico por las versiones, no comprobadas hasta ahora, de participación de parlamentarios y otras figuras políticas.
Spiniak y sus proxenetas están bajo proceso ordenado por el juez Sergio Muñoz bajo cargos de asociación ilícita para abusar sexualmente de al menos 25 menores desde 1984.
Según estadísticas policiales, de las 4.500 denuncias anuales por abuso sexual en Chile, 80 son con víctimas menores de 18 años, mientras se estima que unos 2.000 menores de 14 años, sobre todo niñas, son obligados a prostituirse.
A partir de este fenómeno revelado por el caso Spiniak, la diputada María Antonieta Saa, del cogobernante Partido Por la Democracia (PPD), presentará un proyecto de ley sobre tráfico infantil.
La parlamentaria explicó a IPS que entre sus propósitos está establecer el delito de asociación ilícita y dotar de procedimientos especiales a la policía para que pueda actuar con más eficacia frente a redes nacionales e internacionales de pedofilia y otros delitos, como el tráfico de órganos o la explotación laboral.
El maltrato es también objeto de preocupación. Una encuesta sobre ôVictimización infantil de la Fundación Paz Ciudadana y la consultora Adimark, aplicada en noviembre de 2003 a 2.150 menores en 80 colegios de 15 ciudades, concluyó que 62 por ciento de las niñas y niños en Chile ha sufrido diverso tipo de agresiones.
Los resultados de la encuesta, difundidos en julio, indican que 43,6 por ciento de los maltratos informados por los menores entrevistados corresponden a agresiones psicológicas, 20,5 por ciento a agresiones físicas y 31,1 por ciento a destrucción de juguetes y otras propiedades de los niños.
Otro estudio realizado en 2000 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), concluyó que más de 70 por ciento de niñas y niños de Chile ha sufrido algún tipo de violencia por parte de sus progenitores.
Al comparar estos resultados con cifras de 1994, se estableció que los maltratos físicos graves disminuyeron de 34 a 26 por ciento, pero que el maltrato psicológico dentro de la familia creció de 14,5 a 20 por ciento.
Chile ratificó 14 años atrás la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y comenzó un proceso de reformas legales con varios hitos y que demuestra a la vez la creciente conciencia de la sociedad.
Chile está haciendo un proceso serio, profundo y maduro de reforma (a favor de la infancia). Estamos atrasados, pero hay un compromiso de las autoridades, dijo a IPS el abogado y experto jurídico de Unicef, Miguel Cillero.
ôEl Congreso (legislativo) está haciendo un buen trabajo, existen una serie de organizaciones no gubernamentales colaborando y hay una gran cantidad de profesionales que están investigando. Está la experticia necesaria para llevar adelante una reforma global, subrayó Cillero.
Un tercio de la población chilena corresponde a menores de 18 años, de los cuales 51,6 por ciento son niños y 48,4 por ciento niñas. En zonas urbanas vive 85,8 por ciento y 14,2 por ciento en áreas rurales, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2000.
Según la Encuesta, 29,1 por ciento de niñas y niños vive en la pobreza, proporción que en 1990 alcanzaba a 50,7 puntos porcentuales.
Para Julio Cortés, abogado de la no gubernamental Fundación Opción, Chile ha vivido por lo menos tres etapas luego de la ratificación de la CDN. ôEl primer periodo fue de diagnóstico de las falencias y vacíos que tenía una legislación que no sólo era insuficiente sino que iba derechamente en contra de los derechos de los niños, dijo a IPS.
La segunda fase habría comenzado a mediados de la década de los 90, ôcuando se realizaron algunas reformas legales, tímidas y parciales, sobre todo en relación con la justicia juvenil contenida en la Ley de Menores, vigente desde hace más de 80 años.
Según el abogado, este momento es el más productivo en el plano legislativo, pero falta todavía una política global a favor de la infancia, que no solo considere a los niños como sujetos de protección sino de derecho.
A pesar de que el gobierno chileno diseñó y puso en marcha la Política Nacional y Plan de Acción Integrado a favor de la Infancia y la Adolescencia 2001-2010, las críticas apuntan precisamente a la falta de conexión de los organismos involucrados.
En este sentido, la diputada Saa señaló que ôfalta un organismo que coordine y promueva las políticas públicas hacia la niñez, teniendo en cuenta que el Sename, clave en la protección de los derechos de la infancia, depende del Ministerio de Justicia.
Un asunto ineludible en materia de derechos, y que todavía no se resuelve, es la responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, un proyecto de ley que actualmente se tramita en el Senado.
ôCreemos que en general el proyecto se adecua a la mayoría de los principios de la CDN. Es mejor que lo que tenemos ahora. Construye bien el debido proceso, asegura que ningún menor de 18 años pueda ser procesado y sancionado como adulto, cosa que hoy ocurre, explicó Cillero.
Además, ôestablece los 14 años como edad mínima para ser juzgado y la privación de libertad tiene que utilizarse como último recurso, por tiempos breves y en centros especializados, agregó el abogado de Unicef.
Los expertos aseguran que la situación penal de los niños y adolescentes ha ido cambiando por efecto de la Reforma Procesal Penal, que ya se está ejecutando en la mayoría de las regiones del país para agilizar la justicia mediante juicios orales.
Otra iniciativa atrasada es la Ley de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se encuentra en la Cámara de Diputados y que vendría a reemplazar la Ley de Menores, pero que según Cillero ôno soluciona la totalidad del problema, ya que falta una autoridad más social, que desjudicialice los temas infantiles.
Otro importante hito es la ley sobre enseñanza media obligatoria y gratuita hasta los 21 años, según una reforma constitucional promulgada por el presidente Ricardo Lagos el 7 de mayo, que asegura 12 años de escolaridad a todos los niños y adolescentes del país.
Esta ley es trascendental para la erradicación del trabajo infantil, que afecta a 238.187 niños y adolescentes chilenos, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Ministerio de Trabajo en 2003.
Otros avances en materia de derechos fueron en 1999 la ley de filiación, que considera iguales a todos los niños, hayan nacido dentro o fuera del matrimonio, para efectos alimentarios, hereditarios y de representación legal, y la ley de adopción que estableció la igualdad entre los hijos biológicos y los adoptados.
En 2001 se legisló para hacer efectivo el derecho de los hijos a mantener una relación directa y personal con el padre o la madre, en caso de separación.
En octubre de 2005 comenzarán a funcionar los tribunales de familia. A partir de entonces, los conflictos familiares serán resueltos de manera más rápida y transparente, buscando acuerdos entre las partes y, lo más importante, tomando en cuenta la opinión de niñas y niños.
