ESPAÑA: La guerra interna por agua

Mientras en otras zonas del mundo, como Medio Oriente, la puja por el control de las fuentes de agua dulce alimenta conflictos bélicos, en España se libra también una guerra por ese recurso, aunque sin violencia, sino de carácter político, económico y social.

Los ecologistas reclaman que se paralice la construcción de 32 embalses, los gobernantes locales de áreas con grandes represas exigen que se paralicen los trasvases de agua a otras y que se apoye el desarrollo de las suyas, otros piden que se mantengan o aumenten y el gobierno español atiende unas reclamaciones y desoye otras.

A los pocos días de asumir en abril, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero anuló el proyecto que se había puesto en marcha para construir las infraestructuras que trasvasarían agua desde el río Ebro, que atraviesa las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña, hasta la de Valencia, todas ubicadas al oeste del país.

En este caso atendió las reclamaciones de los agricultores del delta del río Ebro y de los gobiernos de Aragón y Cataluña, ambos presididos por dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyo secretario general es el propio Zapatero.

Pero también dejó sin respuesta los pedidos de ambientalistas, agricultores y gobernantes de los municipios de la cuenca del río Tajo, que nace en la central provincia de Guadalajara y desemboca en el océano Atlántico en Lisboa, para que se suspenda o disminuya el trasvase de sus aguas a Murcia, región ubicada 300 kilómetros al sur, sobre la costa del mar Mediterráneo.

Javier del Río Romero, psicólogo, maestro de escuela primaria y alcalde del municipio de Pareja, cargo para el que fue elegido como candidato del opositor centroderechista Partido Popular (PP), dijo a IPS que estos trasvases ”se deberían paralizar totalmente”.

Pareja es uno de los 23 ayuntamientos que rodean el Embalse de Entrepeñas, un dique que almacena aguas del río Tajo.

Del Río Romero, también directivo de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía (éste también con aguas del río Tajo), subraya que muchos de los pueblos de la zona registran falta de agua en sus viviendas.

Además, en aquellas viviendas, rurales o no, si reciben agua pública tienen prohibido utilizarlas para riegos. ”Y en esta tierra nuestra, donde fluye el agua, la vemos pasar hacia otras zonas mientras carecemos de infraestructuras para el riego”. Unas infraestructuras que todos los gobiernos se comprometieron a instalar desde que en la década del 60 se construyeron estos dos embalses.

Los pantanos (diques o represas) de Entrepeñas y Buendía suman una capacidad de embalse de 2.472 hectómetros cúbicos.

La Asociación de sus municipios exige que se mantenga al menos 40 por ciento de su agua embalsada, mientras que el socialista José María Barreda, presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, planteó que se fije una fecha de caducidad a los trasvases, aunque no precisó cuando deberían caducar.

”Es inconcebible que cuatro décadas después de construido el embalse de Entrepeñas, de comprometidas infraestructuras para nuestro aprovisionamiento de agua y enviándola para diversos usos en Murcia, nosotros tengamos que recurrir a camiones-cisternas para proveer de agua a muchos pueblos”, precisó del Río Romero.

Al señalarle que en Murcia, además del riego, el agua del Tajo se utiliza para el deporte, como campos de golf, respondió: ”Una cosa es el deporte, pero esos campos son utilizados para sustentar grandes negocios inmobiliarios, mientras el trasvase afecta muy negativamente a nuestras economías”.

En Entrepeñas, al aumentarse el porcentaje en 1999 destinado al desvío parcial o total de cursos de agua, la disminución del nivel del embalse alejó su ribera unos tres kilómetros de Pareja.

Por eso, ahora se está construyendo un nuevo dique que recibirá las aguas de dos arroyos que hasta ahora llegan al embalse de Entrepeñas y que no estará sujeto al trasvase del Tajo.

”El lago de Pareja será un impulso para nuestro desarrollo económico y social, tanto en el sector agropecuario como en el deportivo y turístico”, señaló Del Río Romero. Mientras, concluyó, ”esperamos que la ministra (de Medio Ambiente, Cristina Narbona) nos explique por qué anuló el trasvase del Ebro y no hace lo mismo con el del Tajo”.

Por otro lado, la organización no gubernamental Ecologistas en Acción (EEA) demanda a Narbona que anule los proyectos para construir 32 embalses, incluidos en los 82 nuevos previstos en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), algunos de los cuales ya están en obras.

En los últimos 100 años se han levantado en España más de 1.000 represas, ”lo que ha sido la más irreversible agresión ambiental que ha tenido lugar en nuestro país”, recordó Santiago Martín Barajas, experto en aguas de EEA.

”Bajo esos embalses hay más de 500 pueblos cuyos habitantes tuvieron que abandonar sus hogares y sus raíces”, añadió el ecologista. En Entrepeñas, durante los meses de sequía y trasvases, bajan las aguas y se pueden advertir los restos de viviendas que quedaron sepultadas bajo las mismas hace 40 años, cuando se construyó el embalse.

Los 32 a los que se opone EEA ”son más dañinos que el del Ebro”, prosiguió Martín Barajas, ”porque se trata de la inundación y muerte de 32 pueblos”.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente informaron que todas estas demandas están siendo estudiadas y que se adoptarán las medidas pertinentes tras escuchar a todos los sectores interesados.

Martín Barajas lo admitió pues, dijo, ya sabe que estos temas están siendo estudiados nuevamente por las confederaciones hidrográficas, integradas por representantes de los municipios, gobiernos locales, regionales y nacional.

Por su parte, los gobiernos y asociaciones agropecuarias y turísticas de Valencia y Murcia siguen exigiendo el trasvase de aguas, desde el río Tajo por los actuales desvíos y desde el Ebro planteando que se vuelva a disponer la construcción de las infraestructuras.

La opción dispuesta por Narbona en este último caso, que es reemplazar el trasvase por la instalación de desaladoras para extraer agua del mar, purificarla y distribuirla, es considerada inadecuada por Valencia y Murcia.

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