El gobierno de Venezuela creó tres nuevos ministerios para el área de desarrollo económico y social, en un intento por traducir en mejoras para las mayorías pobres tanto su triunfo en el referendo del día 15 como la bonanza de los ingresos petroleros.
El presidente Hugo Chávez anunció la instalación de un ministerio de la Vivienda, otro de Alimentación y un tercero que puede llamarse del poder popular y que reunirá la veintena de entes públicos cuya misión actual es entregar créditos a personas, empresas y proyectos productivos.
Igualmente, Chávez exigió la aplicación estricta de la Ley de Tierras contra el Latifundio, un desafío que le costó a fines de 2001 el fuerte ataque de empresarios tanto del campo como de la ciudad, que pasaron abiertamente a la oposición y promovieron la paralización de actividades y marchas callejeras en el marco de lo cual se perpetró un frustrado golpe de Estado en 2002.
También agregó la orden de entregar 100 millones de dólares más a los 10 planes especiales o misiones de alimentación, salud y educación, que el último año consumieron, según cálculos independientes y a falta de cifras oficiales, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares.
Esos programas, que beneficiaron a millones de personas de los estratos sociales más pobres y auparon la victoria de Chávez en el referendo que lo ratificó en la presidencia hasta inicios de 2007 con 60 por ciento de los votos validos, deben convertirse progresivamente en instituciones básicas del nuevo Estado social, apuntó.
Para que no queden dudas, sostuvo que, en lo fiscal, seguiremos una política expansionista de la inversión pública, para con ello dinamizar e incluso atraer a la inversión privada. No seguiremos las políticas del Fondo Monetario Internacional, que ordenan a estos países restricción fiscal y recorte de los programas sociales.
El presupuesto ordinario en los últimos años en Venezuela, con 25 millones de habitantes, es de 26.000 millones de dólares anuales, pero este año ingresarán varios miles de millones adicionales porque el petróleo, fuente de la mitad de los ingresos fiscales venezolanos, se vende en el mercado mundial 50 por ciento por encima de las previsiones presupuestarias iniciales.
Portavoces de la ahora alicaída oposición mostraron escepticismo frente a los anuncios y en una primera declaración la coalición Coordinadora Democrática sostuvo que la futura cartera de Alimentación será un ministerio de importaciones ilegales y que, si de latifundios se trata, de cada cinco hectáreas ociosas cuatro están en manos del gobierno.
Por encima del debate es preciso entender que la tarea principal en Venezuela, para el gobierno y para la oposición, es el combate contra la pobreza, dijo a IPS Marino Alvarado, portavoz de la organización no gubernamental de derechos humanos Provea.
En la pobreza, sin posibilidad de cubrir sus necesidades básicas, vive la mitad de los venezolanos, según estadísticas oficiales, y de ellos, uno de cada tres en pobreza crítica, sin poder siquiera acceder a la canasta alimentaria mínima.
Seis de cada 10 hogares viven en la pobreza, según el Instituto de Investigaciones Económicas de la caraqueña Universidad Católica Andrés Bello, mientras que otros estudios advierten que algún rasgo de pobreza afecta de 70 a 80 por ciento de la población.
Los programas sociales lanzados por Chávez necesitan de una evaluación sobre su impacto real. Más allá de su éxito político, no pueden seguir siendo misiones al margen de las instituciones, opinó Alvarado.
Además, deben tenderse puentes de diálogo, sobre todo porque para resolver el problema del desempleo el gobierno puede contribuir con grandes obras, pero su solución está ligada a la recuperación del sector privado, agregó Alvarado.
En una población activa de 12 millones de personas, 15,5 por ciento está desempleada, según cifras oficiales, en tanto uno de cada dos de quienes trabajan lo hacen en el sector informal de la economía.
Por otra parte, este país con 6,3 millones de viviendas según el censo de 2001 tiene un déficit de 1,6 millones de unidades y el crecimiento demográfico exige 100.000 casas nuevas cada año, indica Alvaro Sucre, presidente de la Cámara de la Construcción.
Vivienda y empleo son temas imbricados, porque la construcción absorbe abundante mano de obra, pero se requieren nuevos recursos —unos 2.000 millones de dólares— además de la voluntad política de crear un ministerio, dijo Sucre.
El tema de la alimentación es una constante en el discurso de Chávez, en este país donde el costo de la canasta alimentaria para una familia de cinco miembros supera al salario mínimo, 168 dólares mensuales, y 12 por ciento de los mayores de 15 años son personas con déficit nutricional.
En muchas de sus frecuentes apariciones públicas, Chávez se muestra preocupado y hasta indignado porque este país deba importar rubros que podría producir, como maíz, frijoles negros, carne de pollo o azúcar. Los aportes de proteínas y calorías provenientes de la producción nacional apenas alcanzan a 60 por ciento.
Chávez apeló a esa necesidad para justificar su ofensiva de los últimos días contra los grandes establecimiento rurales improductivos. Donde haya latifundio, donde haya tierra ociosa, debe llegar la mano del Estado, a través del Ministerio de Agricultura y el Instituto de Tierras, dijo el mandatario, y encomendó al Ejército un inventario de tierras ociosas.
No somos enemigos de los latifundistas, no vamos a invadirles las propiedades, ni los vamos a quemar, dijo el presidente, pero hay una Constitución y una Ley de Tierras que deben ser respetadas, y la tierra debe ser para el que la trabaja, para sembrar arroz, maíz y cebolla. No podemos tener tierra desocupada, agregó.
José Luis Betancourt, presidente de la Federación de Ganaderos, que se lanzó a la lucha abierta contra Chávez cuando éste promulgó la Ley de Tierras en 2001, dijo que el mandatario está repitiendo la receta de hace tres años, cuando se le pidió que fuera moderado en su discurso. Esa Ley es un instrumento punitivo, agregó.
Hiram Gaviria, ex presidente de la federación de agricultores y ex embajador de Chávez en Francia, ubicado ahora en el bando opositor, dijo que los problemas de productividad agrícola en Venezuela se deben a la carencia de políticas de asistencia técnica y financiamiento, no a la concentración de la tierra.
Ahora el gobierno ha comenzado a jugar sus nuevas cartas económicas en un momento político excelente, después que su mandato fue relegitimado en un referendo sin precedentes, lo que dejó sin aliento a la central patronal Fedecámaras, que lideró la oposición.
Pedro Carmona encabezaba Fedecámaras en abril de 2002, cuando asumió la presidencia de facto por dos días tras el golpe de Estado cívico-militar, y su sucesor en el gremio, Carlos Fernández, condujo el lock-out (cierre temporal) empresarial y la huelga de la central sindical de fines de 2002 y comienzos de 2003, resistido con éxito por el mandatario.
También Albis Muñoz, la actual presidenta de Fedecámaras, integró el comando de campaña de la Coordinadora Democrática, que pidió el voto contra Chávez en el referendo del día 15 y ha denunciado fraude en esa consulta, a pesar de que los resultados fueron avalados por la Organización de Estados Americanos y por el estadounidense Centro Carter para la Paz.
Chávez ha puesto como condición para el diálogo con la oposición que se reconozca su victoria y cese el cuestionamiento a su legitimidad, y sus colaboradores iniciaron reuniones con organizaciones empresariales distanciadas de Fedecámaras, como la poderosa Cámara Venezolano-Americana de Industria y Comercio, la mayoría de cuyos integrantes son inversores estadounidenses.
