Mientras cuatro presos esperan la ejecución en las cárceles de Senegal, los clérigos islámicos se enfrentan con el gobierno de Abdoulaye Wade en rechazo de la propuesta presidencial de abolición de la pena capital.
Es inconcebible abolir la pena de muerte en un país en que 95 por ciento de la población es musulmana, dijo el clérigo Assane Sylla, vicepresidente del Círculo de Investigación y Estudios Islámicos de Senegal.
Sylla también integra la Coalición de Asociaciones Islámicas (CAI), organización con 30 años de trayectoria que reúne a 17 congregaciones musulmanas y que se pronunció contra la iniciativa de Wade.
El Corán no descarta la pena capital, y, por lo tanto, no podemos aprobar su abolición en Senegal, porque funciona como un excelente disuasivo para la comisión de delitos, agregó el religioso.
Wade afirmó, al anunciar su proyecto en julio: Desde mi punto de vista, sólo Dios tiene el derecho de quitar la vida.
Una corriente abolicionista está en curso hoy en todo el mundo, y organizaciones no gubernamentales y aun otros países me piden que nos desembaracemos de la pena de muerte, añadió el mandatario, él mismo musulmán, si bien casado con una cristiana nacida en Francia.
En cambio, Sylla consideró que, de acuerdo con el Corán, el libro sagrado del Islam, la pena capital favorece, en definitiva, a la vida, pues impide que el asesino vuelva a matar.
En el Islam, la pena de muerte se aplica sólo cuando el criminal comete un asesinato premeditado a sangre fría, explicó.
La CAI teme que la abolición del máximo castigo conduzca a un aumento de los robos y asesinatos en Senegal, por lo que exige a los legisladores musulmanes que no apoyen el proyecto de Wade.
Es que, a pesar de la vigencia de la pena de muerte, la delincuencia en Senegal ha aumentado en los últimos años, al mismo tiempo que el desempleo —especialmente entre los más jóvenes— y la pobreza.
Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil cerraron filas en torno de Wade. El Encuentro Africano por los Derechos Humanos (RADDHO) exigió a los parlamentarios votar con una sola voz a favor de la propuesta.
El secretario ejecutivo de RADDHO, Alioune Tine, aplaudió la decisión presidencial, que reconcilia el artículo 7 de la constitución con la práctica abolicionista y la cultura de Senegal. Esa cláusula, aprobada con el resto de la nueva carta magna en 2001, declara la vida valor supremo.
Por su parte, el abogado Mbaye Jacques Ndiaye consideró que la pena de muerte ya no tiene ningún propósito en nuestro repertorio legal.
Al aprobar en referéndum la constitución de 2001, los senegales aceptaron implícitamente la abolición de la pena de muerte, afirmó.
El Comité Senegalés de Derechos Humanos (CSDH) manifestó su satisfacción por la introducción del proyecto, que, sostuvo, pone al país a tono con el movimiento mundial por el fin de la pena capital.
La pena de muerte es una irreparable fuente de errores que socavan los cimientos de un país democrático, sostuvo el CSDH.
Ciento dieciocho países y territorios han puesto fin a esta práctica, sea por medios legales o de hecho. Entre los países africanos que han obrado así figuran Angola, Costa de Marfil, Mauricio, Mozambique y Sudáfrica.
Desde la independencia en 1960, sólo se ejecutó a dos condenados en este país. Uno de ellos, muerto en 1967, asesinó a un parlamentario y ex ministro. El mismo año fue ejecutado a quien intentó asesinar al entonces presidente Leopold Sedar Senghor en la Gran Mezquita de Dakar.
Líderes religiosos y tradicionales pidieron en aquella ocasión clemencia para el asesino, pero Senghor no accedió. (
