El ex dictador Augusto Pinochet está nuevamente en manos de la justicia en Chile, luego de que la Corte Suprema resolviera despojarlo de su inmunidad penal, para establecer su responsabilidad en el Plan Cóndor, el dispositivo de coordinación represiva del Cono Sur de América Latina en los años 70 y 80.
La resolución, que el máximo tribunal adoptó por nueve votos a favor y ocho en contra, fue recibida con alborozo por familiares de las víctimas de la represión dictatorial, mientras el gobierno optó por la cautela y los seguidores de Pinochet reprobaron el fallo, además de pronosticar que el juicio no prosperará.
Este es un día histórico, porque este fallo nos abre una ventana para enjuiciar a todos los violadores de los derechos humanos, dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
Pizarro encabezó a un grupo de un centenar de miembros de la agrupación y activistas humanitarios que montaron guardia frente al Palacio de los Tribunales y lanzaron gritos de júbilo cuando el secretario de la Corte Suprema dio a conocer el desafuero.
Pinochet, actualmente de 88 años, goza de inmunidad especial según un Estatuto de los Ex Presidentes, aprobado para protegerlo cuando renunció a su condición de senador vitalicio en 2001.
El ex dictador y ex comandante en jefe del Ejército de Chile había sido desaforado en 2000 a solicitud del juez Juan Guzmán, quien investigaba entonces 57 homicidios y 18 secuestros atribuidos a la llamada caravana de la muerte, una misión militar que recorrió campos de prisioneros políticos en octubre de 1973.
Pinochet había tomado el poder poco antes, en el cruento golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al presidente socialista Salvador Allende.
Antes de que Guzmán emitiera sentencia en el proceso sobre la caravana, la Corte Suprema decidió el 1 de julio de 2001 que el ex dictador no podía ser juzgado, sobre la base de controvertidos peritajes que le diagnosticaron una incipiente demencia senil.
El mismo argumento de salud, combinado con la invocación de razones humanitarias, hizo que el gobierno británico liberara en marzo de 2000 a Pinochet, que había permanecido bajo arresto en Londres desde el 16 de octubre de 1998, debido a un pedido internacional de captura del juez español Baltasar Garzón.
Los tribunales chilenos rechazaron desde 2001 otros dos pedidos de desafuero de Pinochet, hasta que el propio Guzmán, quien investiga una demanda de familiares de víctimas del Plan Cóndor, presentó este año una nueva solicitud, aprobada en primera instancia el 28 de mayo por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El Plan Cóndor nació, según documentos históricos, en 1975, por iniciativa del entonces coronel Manuel Contreras, director de la Dirección Investigaciones Nacional (DINA), un cuerpo represivo que dependía directamente del mando de Pinochet.
Mediante ese plan se estableció una coordinación de las policías secretas en el Cono Sur, que posibilitó persecuciones, secuestros, asesinatos y desapariciones de opositores a los regímenes dictatoriales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Este año, fue el propio Pinochet quien aportó elementos que contradijeron su supuesta demencia senil.
El primero fue una prolongada entrevista que concedió a fines de 2003 a una cadena de televisión de Miami, donde se explayó en un alegato sobre su inocencia, negó haber violado los derechos humanos y se calificó como un hombre bueno perseguido por la izquierda por haber derrotado al comunismo.
Tal antecedente fue esencial en el fallo de la Corte de Apelaciones de mayo, y en julio el ex dictador volvió a dar muestras de lucidez cuando se le vio comprando libros en un paseo por la calle San Diego, una de las vías más concurridas del centro de Santiago.
Eso ocurrió en la víspera de que trascendiera en Estados Unidos la investigación de una comisión del Senado, que detectó cuentas secretas de Pinochet en el Banco Riggs, cuyos depósitos podrían sumar unos ocho millones de dólares.
Cuestionado ya no sólo como violador de los derechos humanos, sino también por corrupción y enriquecimiento ilícito, el ex dictador afronta ahora un nuevo juicio, que podría echar luz sobre el oscuro capítulo de la historia de América del Sur en torno al Plan Cóndor.
La organización humanitaria Amnistía Internacional aplaudió el fallo de la Corte Suprema, y sostuvo en un comunicado que Chile ha dado un gran paso hacia la justicia.
La decisión de la Corte demuestra que Pinochet puede y debe responder ante la Justicia de la misma forma que cualquier otro ciudadano. Este es un paso valioso que devuelve la confianza en el Poder Judicial tras dos décadas de espera, afirmó.
La organización humanitaria hizo votos para que Chile avance en el establecimiento de la verdad, mientras desde el entorno de Pinochet se criticaba el fallo de la Corte Suprema, con el argumento de la demencia senil.
El diputado Patricio Melero, secretario general de la Unión Demócrata Independiente, partido derechista identificado con el ex dictador, sostuvo que el dictamen de la Corte es contradictorio e inútil, ya que es evidente que este tipo de afecciones (demencia senil) tiende a agravarse en el tiempo y no a atenuarse.
El desafuero implica que el juez Guzmán puede realizar ahora las diligencias que estime necesarias para aclarar la responsabilidad de Pinochet en el Plan Cóndor, pero no está claro aún si procederá primero a aclarar la situación de salud del ex dictador.
Dos de los nueves jueces que votaron a favor del retiro de la inmunidad penal a Pinochet plantearon que el magistrado debe ordenar nuevos peritajes médicos al anciano ex dictador antes de cualquier otra diligencia.
