DERECHOS HUMANOS-BIRMANIA: Recordatorio olímpico

El mundo recordó esta semana en la inauguración de los 28 Juegos Olímpicos que la democracia está de rehén en Birmania, cuando el anfitrión Grecia, como miembro de la Unión Europea, impidió la presencia en ese acto del ministro de Deportes birmano, además de sus pares de Zimbabwe y Belarús.

La medida indicó que, a los ojos de la comunidad internacional, las graves abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno militar de Birmania están a la par de los perpetrados por el gobierno de Robert Mugabe en Zimbabwe y el de Aleksandr Lukashenko en Belarús.

El régimen de Mugabe aplica leyes represivas para penalizar reuniones pacíficas, aterrorizar a la oposición y silenciar a los medios de prensa disidentes. Mientras, gobiernos occidentales acusan a Lukashenko, el último dictador de Europa, de organizar escuadrones de la muerte para deshacerse de sus opositores políticos.

Como para echar sal en las heridas del gobierno birmano, el secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Colin Powell, anunció el viernes que Washington continuaría presionando a la junta militar de Birmania para que permita a la líder opositora Aung San Suu Kyi y su Liga Nacional por la Democracia (LND) participar plenamente en la reforma política.

”Mientras Aung San Suu Kyi y su partido no tengan la oportunidad de participar en la vida política de Birmania, continuaremos buscando más formas de presión contra ese régimen”, advirtió Powell. ”No tendremos una relación satisfactoria con Birmania hasta que se resuelva este asunto”, agregó.

En este clima, observadores y activistas critican el desempeño del enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Birmania, el malasio Razali Ismail.

Después de cuatro años en ese cargo, Razali no ha logrado encaminar a los generales birmanos hacia un programa de democratización. Su mediación, señalan los críticos, tampoco ha logrado liberar a Suu Kyi ni reducir el número de presos políticos.

La LND obtuvo una arrolladora victoria en los comicios de 1990, pero el gobierno militar de entonces desconoció el resultado electoral, prohibió las actividades de la oposición y encarceló o desterró a sus líderes..

Suu Kyi, hija del héroe anticolonialista Aung San, fue condenada a prisión domiciliaria e incomunicada. Desde entonces fue liberada y detenida innumerables veces.

La líder opositora pasó el último año en prisión tras un ataque de paramilitares vinculados con la junta de gobierno a una caravana en que viajaban ella y otros altos dirigentes de la LND. Desde entonces, este partido fue víctima de una renovada represión.

En un intento por apaciguar las críticas internacionales, la junta militar anunció hace un año lo que llamó una ”hoja de ruta” hacia la democracia. El pasado 17 de mayo, los militares reinstauraron una convención nacional para redactar una nueva constitución que conduciría a elecciones libres y justas.

Sin embargo, la credibilidad de este proceso está en duda por la ausencia de la LND.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, renovó el mes pasado por un año las sanciones comerciales y económicas impuestas a Birmania en 2003 por no entablar un diálogo auténtico con la oposición ni iniciar reformas democráticas.

La frustración ante la gestión del enviado especial de la ONU hizo ebullición el pasado noviembre en el congreso estadounidense, cuando el legislador Lane Evans exhortó a Razali a dejar su puesto.

”Necesitamos fortalecer la autoridad del enviado de la ONU y reemplazarlo por alguien capaz de recabar apoyo internacional para un cambio”, dijo.

La credibilidad de Razali dentro de la comunidad diplomática internacional se vio empañada por ciertos negocios con Birmania.

El enviado especial es presidente de Iris Technologies, una empresa malasia en la que posee 30 por ciento de las acciones. En mayo de 2002, la compañía firmó un contrato con la dictadura birmana para venderle 5.000 pasaportes electrónicos.

Razali descartó que esos pasaportes, con microchips incorporados, fueran parte de un sistema vinculado a grandes bases de datos destinado a mantener a todos los birmanos en la mira del régimen, al estilo ”gran hermano”.

El sistema ”es sólo para aquellos que viajan al exterior, y en su mayoría son miembros del gobierno”, declaró entonces el enviado a la cadena de noticias británica BBC.

Pero los activistas birmanos por la democracia no le creen.

Razali ”es útil a gobiernos que se ocultan bajo su mandato para no tomar ninguna medida seria”, afirmó John Jackson, de Burma Campaign UK, con sede en Londres.

”Pero dado el fracaso de la actual estrategia, ¿qué otra se está considerando?”, preguntó Jackson, entrevistado por IPS. (

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