Luego de restarle importancia a la crisis humanitaria en Darfur, la Unión Europea (UE) decidió tomar la iniciativa para presionar al gobierno de Sudán y alentar el diálogo con los rebeldes de esa región occidental.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció un plazo que vence este domingo para que el gobierno sudanés interrumpa su apoyo a las milicias árabes que atacan a la población de Darfur pues, de lo contrario, le impondrá sanciones políticas y económicas.
La reticencia de la UE a actuar hasta ahora se atribuye a la negativa de Pieter Feith, el asesor del máximo responsable de la política exterior de la UE Javier Solana que visitó la región a comienzos de mes, a calificar la situación en Sudán de genocidio.
Pero ahora los líderes del bloque se sumergieron en las negociaciones de paz. El embajador de Suecia en Nigeria, Sten Rylander, representa a la UE en la ronda de diálogo que se desarrolla en Abuja entre el gobierno sudanés y los insurgentes de Darfur.
El propio Rylander admitió que su papel es limitado. Espero contribuir en todo lo que pueda, pero debo reconocer que la mediación corresponde a la Unión Africana (UA), dijo el diplomático a la agencia alemana de noticias DPA.
Mientras comenzaban las conversaciones en Abuja, el secretario (ministro) de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Jack Straw, visitaba Darfur para visitar a los refugiados y presionar al gobierno de Sudán.
Straw también se entrevistará con el presidente sudanés Omar al-Bashir para exigirle que ponga fin a las atrocidades.
Por su parte, el canciller holandés Bernard Bot visitará Sudán el 9 de septiembre para discutir el desarme de las milicias árabes. Holanda está en este semestre a cargo de la presidencia rotativa de la UE.
La ONU ha calificado la crisis humanitaria en Darfur como la peor de la actualidad.
Las lluvias y las enfermedades infecciosas han agravado la situación de los tres grupos étnicos negros de la región —fur, masaalit y zaghawa—, asediados por las milicias árabes Janjaweed, que contarían, según insistentes versiones, con el apoyo del gobierno sudanés.
Desde el inicio de la crisis en Darfur, unos 30.000 musulmanes negros fueron asesinados y más de 1,4 millones debieron abandonar sus hogares por el asedio de las Janjaweed.
No hay duda de que el gobierno islámico y árabe en Jartum patrocinó, armó o reclutó a las milicias, informó la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Asma Jahangir.
Los Janjaweed —que, al igual que sus víctimas, son musulmanes— con frecuencia usan uniformes del ejército regular y vehículos oficiales, añadió.
El conflicto en Darfur, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzó en los años 70 como una disputa étnica de baja intensidad entre nómades árabes y agricultores indígenas negros sobre las tierras de pastoreo en esta región proclive a las sequías.
Pero la tensión evolucionó hacia una guerra civil que estalló en febrero de 2003.
Entonces, dos organizaciones rebeldes, el Movimiento y Ejército para la Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia y Equidad, reaccionaron con violencia al continuo hostigamiento de las milicias progubernamentales y a la falta de inversiones en el desarrollo de la zona.
Ambos grupos lanzaron ataques, a veces conjuntos, contra instalaciones militares en rechazo de las redadas de Janjaweed contra sus comunidades y la postergación a la que las somete Jartum. Los rebeldes son apoyados por la población no árabe que constituye la mayoría de la región.
La respuesta del gobierno fue un aumento del apoyo a los 20.000 miembros de Janjaweed y una escalada de las ofensivas contra la población civil.
El Consejo de Seguridad exigió este mes al gobierno de Sudán cumplir con su compromiso de desarmar a las Janjaweed y conducir ante la justicia a sus líderes y asociados que cometieron violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El Consejo dio a Jartum plazo hasta el 29 de este mes para desactivar el conflicto o, de lo contrario, aplicará sanciones económicas y diplomáticas.
Las milicias árabes son acusadas por organizaciones de derechos humanos internacionales de limpieza étnica y de genocidio.
El Grupo Internacional de Crisis (ICG), organización académica y humanitaria con sede en Bruselas, urgió el lunes a la comunidad internacional a imponer duras sanciones contra el gobierno sudanés —incluido un embargo de armas— y contra la industria petrolera de ese país.
El informe del ICG Fecha tope en Darfur: Un nuevo plan de acción internacional indica que la falta de medidas fuertes no solo implicará la muerte de decenas de miles más, sino también condenar a Sudán a más años de guerra y a sus vecinos a una mayor inestabilidad.
Los que deben tomar cartas en el asunto son la UE y Estados Unidos, según el ICG. Una fuerza multinacional africana debe obtener mayor respaldo logístico y financiero de Washington y Bruselas, agregó.
La UA envió 155 soldados ruandeses a Sudán. Esta semana se sumarán a esa fuerza otros 150 soldados nigerianos. El bloque africano planea elevar el número de efectivos a 2.000, pero el ICG considera que se requieren unos 3.000.
La organización sostuvo que el Consejo de Seguridad debe crear una comisión internacional que investigue los crímenes de guerra y contra la humanidad que se hayan cometido en Darfur, incluida la violación sistemática y otros actos de violencia basados en el género.
