En el ambiente de las altas finanzas, las siglas en inglés PEP («politically exposed person») se utilizan para definir a líderes políticos o funcionarios de gran exposición pública. Manejar sus cuentas es un negocio grande, pero peligroso.
El Banco Riggs, con sede en Washington, debió pagar una multa de 25 millones de dólares por administrar de modo indebido activos de PEP y cuentas bancarias de extranjeros con dinero de origen cuestionable.
La estadounidense Red de Control de Delitos Financieros estima que por año se lavan en el mundo 1,5 billones de dólares, la mayor parte en instituciones de los países ricos, y no en los paraísos fiscales o la banca offshore (extraterritorial) del Caribe o el Pacífico.
Las operaciones de lavado son, en esencia, la introducción en el sistema financiero legal de dinero obtenido en delitos como narcotráfico, tráfico de armas o cobro de sobornos, entre otros.
Las transacciones del Riggs fueron expuestas en julio por un subcomité de investigaciones permanente del Senado de Estados Unidos, según el cual el banco tenía como clientes favoritos al dictador Teodoro Obiang Nguema, del país petrolero Guinea Ecuatorial, y al ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990).
Este mes, la Comisión de Valores y de Bolsas de Estados Unidos comenzó a investigar a cinco compañías petroleras de ese país (incluida la gigante ExxonMobil) que depositaron millones de dólares en cuentas de Obiang Nguema, sus familiares y colaboradores.
ExxonMobil negó cualquier acción ilegal.
Según la investigación del Senado, esas cuentas con más de 700 millones de dólares estuvieron abiertas entre 1995 e inicios de este año.
“El Riggs estaba claramente advertido de las preocupaciones sobre la corrupción en Guinea Ecuatorial”, afirma el reporte del Senado.
En el caso de Pinochet, la evidencia obtenida por el subcomité indica que “entre 1994 y 2002 el Banco Riggs abrió al menos seis cuentas y emitió varios certificados de depósito para Augusto Pinochet… mientras éste estaba bajo arresto domiciliario en Gran Bretaña. Los depósitos agregados a sus cuentas fueron de cuatro a ocho millones de dólares de una vez”.
Según el diario londinense The Observer, Pinochet percibía un salario anual de 16.000 dólares en 1997, como comandante en jefe del ejército de su país, cargo que reservó para sí cuando la democracia fue restaurada en Chile, en 1990.
Hasta ahora el general sólo había sido investigado por la justicia por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por su régimen.
El colapso del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), en 1991, es considerado el fraude bancario más grande de la historia, pues involucró miles de millones de dólares.
Aunque su casa matriz estaba en Luxemburgo, era administrado desde Londres. Pero el proceso de liquidación involucró a tribunales de muchos países. En 2001, la británica Cámara de los Lores autorizó el inicio del juicio contra sus responsables.
El banquero Agha Hasan Abedi fundó el BCCI con una intrincada estructura diseñada para eludir controles en más de 70 países en los que llegó a operar.
Los propietarios y ejecutivos del BCCI han sido acusados de delitos que incluyen lavado de dinero, sobornos, financiación de terrorismo y tráfico de armas y de drogas.
Los depositantes legítimos de la institución perdieron millones de dólares cuando ésta cerró sus puertas al hacerse pública su insolvencia. En su momento de mayor esplendor, llegó a contar con activos por 20.000 millones de dólares.
Los liquidadores, que han recuperado 75 por ciento de los depósitos perdidos, culpan al Banco de Inglaterra de haber hecho muy poco pese a conocer las “debilidades” del BCCI.
Los problemas del banco databan de 1985. Tres años después, una de sus colaterales fue cerrada en Tampa, sur de Estados Unidos, tras una acusación de lavado de dinero.
La reconstrucción de lo ocurrido y los testimonios de los gerentes documenta su sistemático respaldo a depósitos de bancos centrales de países en desarrollo, sus favores a los PEP y su renuencia a adoptar controles.
“Si bien los paraísos fiscales están metidos hasta el cuello en el lavado de dinero, es erróneo creer que la mayor parte del dinero sucio es lavado allí y en países en desarrollo, una impresión cultivada por los gobiernos de las naciones centrales para culpar a otros de lo que pasa en su propia casa”, dijo el editor de Offshore Alert, David Marchant, una publicación de investigación con sede en Miami.
En Nueva York y en Londres se lava más dinero que en cualquier otro lugar del mundo, afirmó Marchant entrevistado por IPS mediante correo electrónico.
“Asimismo, mucho del dinero lavado en países pobres lo es en bancos que son filiales, subsidiarias o socias de bancos en los grandes países, como Estados Unidos y Gran Bretaña”, abundó.
“Londres, Nueva York, Tokio, París, Francfort y, por supuesto, Suiza, tienen sus propios y lucrativos negocios parafiscales. Y muchos delincuentes prefieren transacciones con los grandes centros, donde el enorme volumen de dinero cambiando de manos cubre sus huellas”, decía en 2002 un informe de la cadena británica de noticias BBC.
“Los 1.600 millones de dólares robados a Nigeria por la familia del ex dictador Sani Abacha (1993-1998) no se hallaron en islas del Caribe o del Pacífico, sino en prestigios bancos de Gran Bretaña y Suiza”, añadía la investigación.
“Y el dinero desviado por Raúl Salinas, hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas (1988-1994), terminó en el que era entonces el grupo bancario más grande del mundo, Citibank”, afirmaba.
Una investigación del Senado estadounidense de 1999 concluyó sin hallar evidencias de que el Citibank hubiera cooperado a sabiendas con Salinas, cuyos negocios turbios le dejaron una fortuna de 100 millones de dólares. Pero el banco no aplicó los procedimientos que hubieran evitado el ingreso de dinero sucio, advertía el reporte.
Raúl Salinas fue acusado de canalizar dinero de sobornos y venta de drogas fuera de México utilizando subsidiarias del Citigroup en Suiza y Gran Bretaña, entre 1992 y 1994. En 1995 fue arrestado y sentenciado a 50 años de prisión por la muerte de un alto dirigente de su propia colectividad política, el entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional.
Asif Ali Zardari, esposo de la ex primera ministra paquistaní Benazir Bhutto (1988-1990 y 1993-1996), el presidente de Gabón, Omar Bongo (en el poder desde 1967) y los hijos de Sani Abacha, Mohammed e Ibrahim, fueron otros PEP citados en el informedel Senado estadounidense, en 1999.
Ese mismo año, el Banco de Nueva York fue investigado por el origen de miles de millones de dólares traspasados desde cuentas en Rusia hacia Londres y Nueva York.
Un artículo del diario The New York Times aseguraba que “miles de millones de dólares han sido canalizados a través del Banco de Nueva York el año pasado en lo que se cree una enorme operación de lavado de dinero del crimen organizado ruso”.
En febrero de 2000, una ex ejecutiva del banco neoyorquino en Londres, Lucy Edwards, y su esposo, Peter Berlin, se declararon culpables del cargo de lavado de dinero y admitieron haber aceptado 1,8 millones de dólares para armar un mecanismo de introducción de dinero ruso a la institución.
La Reserva Federal del estado de Nueva York sancionó al banco por deficiencias en sus prácticas contra el lavado de dinero, una medida sin ninguna multa en dinero y que “está muy lejos de una orden firme que los reguladores podrían imponer”, opinó el New York Times.
“Según mi experiencia, las mayores instituciones financieras lo son en parte por su voluntad de hacer negocios y aceptar dinero de cualquiera, si creen que pueden obtener beneficios”, dijo Marchant, quien ha investigado el lavado de dinero en el Caribe.
“Cuanto más grande es el banco, más grande es el problema del lavado de dinero, y de ninguna manera puede llevarse a cabo sin conocimiento”, dijo.
La lista de países y territorios que no cooperan con las acciones para frenar este delito, elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sólo incluye a países pobres como Islas Cook, Indonesia, Birmania, Naurú, Nigeria y Filipinas.
Hay un vínculo sospechoso entre las medidas del GAFI y una armonización impositiva global liderada por la OCDE, en gran medida diseñada para ayudar a los países más grandes a recaudar más impuestos, dijo Marchant.
Cincuenta y nueve de los 100 mayores empresas contratistas del gobierno estadounidense tienen alguna subsidiaria incorporada en un paraíso fiscal, según un informe de una oficina de investigaciones del Congreso legislativo estadounidense, publicado en febrero.
La quebrada Enron, por ejemplo, incorporó cientos de subsidiarias en las islas Caimán, pero no tenía siquiera una oficina instalada allí.
“Estas subsidiarias permitieron a Enron esconder miles de millones de dólares cuando la firma era litigada por sus accionistas e investigada por posibles prácticas contables fraudulentas”, según una carta de enero de 2002 de la organización de consumidores Public Citizen dirigida al entonces secretario (ministro) del Tesoro de Estados Unidos, Paul O'Neill.
El consorcio italiano de alimentos Parmalat, que quebró en 2003, utilizó tres subsidiarias en islas Caimán para alterar sus activos, según fiscales de Italia.
La compañía de inversiones y consultora J.P. Morgan Chase estima que unos 650.000 millones de dólares en ganancias obtenidas por empresas estadounidenses en el exterior durante décadas jamás fueron declaradas ni pagaron impuestos dentro del país.
Las medidas contra el lavado de dinero parecen no tener efecto disuasorio en algunos casos.
El “Reporte sobre banca corresponsal: un portal para el lavado de dinero”, realizado por el subcomité permanente de investigaciones del Senado de Estados Unidos en 2001, señala que los bancos de ese país, “a través de cuentas corresponsales que otorgan a bancos extranjeros, se han convertido en conductos del dinero hacia el sistema financiero estadounidense”.
La banca corresponsal permite a una institución de un país mover fondos, efectuar operaciones de cambios de moneda u otras transacciones financieras en otro país a través de un segundo banco con sede allí, actividades todas sujetas a muy pocos controles hasta la publicación del informe.
Muchos de los más grandes bancos internacionales ubicados en los principales centros financieros sirven como corresponsales para miles de bancos de países más pequeños.
“Las cuentas corresponsales en bancos de Estados Unidos dan a propietarios y clientes de bancos extranjeros con escasas regulaciones, administraciones dudosas y a veces corruptos acceso directo al sistema financiero estadounidense y libertad para mover dinero dentro del país y en todo el mundo”, afirmaba el reporte.
Entre los bancos corresponsales de ese país con controles débiles se encontraban Security Bank NA, de Miami, The Bank of New York, Bank of America, Amtrade Bank, también de Miami, Citibank, First Union y Harris Bank International.
Según estimaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington requirieron a sus perpetradores menos de un millón de dólares.
Las sumas utilizadas en actividades terroristas son pequeñas comparadas con los montos del lavado de dinero, y se suelen utilizar recursos legítimos para financiarlas.
La polémica Ley Patriota estadounidense, promulgada poco después del 11 de septiembre, en octubre de 2001, y muy criticada por recortar las libertades individuales, presta especial atención a los PEP y a “altas figuras políticas extranjeras”.
La ley se detiene especialmente en los bancos corresponsales y requiere revisión de las cuentas asociadas con PEP, en especial sobre el origen de sus depósitos.
Una de las aplicaciones más conocidas de la ley fue contra el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), acusado de desviar unos 100 millones de dólares de fondos públicos mientras era gobernante.
Fiscales estadounidenses acusaron en 2003 a Alemán y sus socios de mantener más de 800.000 dólares en el Terrabank de Miami, y decenas de millones en bancos panameños.
Alemán fue condenado en diciembre del año pasado en su país a 20 años de penitenciaría.
Los investigadores de Estados Unidos volvieron entonces su atención a las cuentas de bancos extranjeros de otros dos ex presidentes latinoamericanos que abandonaron sus respectivos países apenas concluyeron sus mandatos: Gustavo Noboa (2000-2003), de Ecuador, y Alfonso Portillo (2000-2004), de Guatemala.
También están bajo investigación en Estados Unidos funcionarios y banqueros de República Dominicana implicados en la quiebra del Banco Intercontinental, conocido como Baninter, en 2003.
El gobierno dominicano presentó un litigio en tribunales de Miami contra el banquero Luis Alvarez Renta, como parte de un esfuerzo para recuperar más de 2.000 millones de dólares esfumados del Baninter.
Según la demanda, Alvarez Renta y tres sociedades extranjeras que controlaba drenaron millones de dólares de Baninter utilizando bancos en Miami. El banquero negó haber cometido delito alguno.
El gobierno litigante asegura que Alvarez Renta ocultó el dinero robado en BankAtlantic, el International Bank of Miami y el Hamilton Bank, de Florida, y que existía un patrón sospechoso de operaciones entre Baninter y las instituciones de Miami, en especial muchos préstamos sin garantías a sociedades con sede en Estados Unidos.
Ninguno de los tres bancos implicados ha efectuado comentarios sobre el caso.
“Uno podría pensar que tras los últimos escándalos de corrupción con depósitos de latinoamericanos en bancos de Estados Unidos, Europa y el Caribe, los banqueros han aprendido la lección”, sostuvo el columnista Andrés Oppenheimer en el diario The Herald Tribune, comentando el caso Riggs. Obviamente, no lo han hecho.
*Miren Gutiérrez es editora jefa de IPS y escribe una columna mensual sobre corrupción en Offshore Alert.
