Organizaciones de la sociedad civil presentaron un diagnóstico negativo sobre la situación en Chile de los llamados derechos humanos de segunda generación, como son los referidos al área económica, social y cultural, y cuestionaron la pasividad del Estado ante esas demandas.
Carmen Espinoza, directora del Programa de Economía del Trabajo, criticó la visión del informe del Estado chileno sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que el gobierno de Ricardo Lagos presentará en noviembre a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las más de 400 páginas de este tercer documento oficial reúnen una larga enumeración de las leyes que existen, de lo que se ha avanzado y de los poquitos problemas que tenemos, comentó Espinoza con ironía en declaraciones a IPS.
Como réplica anticipada al reporte gubernamental, se divulgó el documento Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Chile. Informe de la Sociedad Civil, publicado este mes por la organización no gubernamental Forja y patrocinado por el Capítulo Chile de Ciudadanía de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
El volumen oficial corresponde a un estado de cuentas que Chile debería haber presentado periódicamente desde la ratificación del Pacto Internacional de DESC, en 1972, ante el Comité Económico y Social de la ONU (Ecosoc).
Sin embargo, tuvieron que pasar 17 años, casi la totalidad de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), para que se publicara el decreto-ley que puso en vigencia el pacto, y otros 14 años de democracia, para la elaboración del documento. El informe comprende el período 1990-2003.
Tanto el retraso, como el contenido y formato del documento oficial fueron criticados por Yanira Godoy, coautora del informe de las organizaciones no gubernamentales (ONG), cuyo objetivo fue denunciar el escaso compromiso del Estado con la incorporación de los DESC a las políticas públicas, así como integrar a la cultura de los ciudadanos la existencia e importancia de ellos como parte de los derechos humanos.
En Chile, pese a los avances que se han dado en materia de derechos humanos, no existen políticas públicas integrales que permitan un avance sustantivo y cotidiano en materia de DESC. La mayoría de la gente no los ve como derechos, sino como beneficios, y en consecuencia los ciudadanos no los exigen y el estado no los proporciona, explicó Godoy a IPS.
Entre las conclusiones generales que la especialista extrajo de la elaboración de este informe alternativo, destacan el papel pasivo que ejerce el Estado, como consecuencia del deterioro de los DESC durante la dictadura de Pinochet.
Esto produjo que los derechos humanos de segunda generación se entiendan como programáticos y subsidiarios, y que deban competir con las condiciones del mercado, haciendo que las personas deban pagar por ellos.
Es el caso del derecho a la educación, que en Chile dista de ser equitativa y de calidad, señaló a IPS Marcela Tchimino, investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación.
Muchos entienden por derecho a la educación la cobertura de la enseñanza básica, pero es mucho más que eso, indicó la profesional.
No se puede seguir comparando las cifras de Chile con las de los países vecinos cuyas economías se encuentran en peores condiciones que la nuestra y quedarnos tranquilos de que ocupamos los primeros lugares. Debemos compararnos con los países desarrollados, sostuvo.
También acotó que no basta observar los promedios totales de cobertura educacional, pues no acusan la desigualdad. A pesar de la aprobación de una ley que establece la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, su cobertura nacional es de 87 por ciento y baja a 75 por ciento entre el 20 por ciento más pobre de la población, mientras que en el quintil más rico se eleva a 97 por ciento.
En el aspecto cualitativo, Tchimino lamentó la creciente privatización de la enseñanza, iniciada por el régimen de Pinochet, que ha disminuido la calidad de todos los niveles de educación, pero sobre todo de la universitaria.
La privatización muestra como secuelas el deterioro de la vida académica e investigativa, un acceso elitista debido a los altos montos de los aranceles, y un criterio economicista que rige a las instituciones, las que tienden a bajar sus exigencias para mantener satisfechos a los estudiantes, a los que ven como clientes.
Tchimino coincidió con Espinoza en que es el modelo económico neoliberal, adoptado por Chile durante la dictadura y mantenido por los gobiernos democráticos que le siguieron, el principal responsable del deterioro de los DESC.
La especialista explicó a IPS que una economía orientada hacia el consumo mantiene a los trabajadores endeudados y con empleos precarios, mientras el capital globalizado, que sólo busca rentabilidad, no se interesa por el desarrollo del país, que enfrenta así un proceso al cual le llamó de desalarización.
El autoempleo se traduce en auto-sobreexplotación. Entre los trabajadores dependientes avanza el número de los que no tienen contrato de trabajo y su temor a ser despedidos les impide organizarse. Los microempresarios están aterrados por la inseguridad que les produce la apertura económica acentuada por los tratados de libre comercio, como los firmados por Chile con Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur, dijo Espinoza.
Las pequeñas y medianas empresas sobreviven como pueden, sin pagar impuestos ni cotizaciones (aportes) previsionales, y las grandes empresas, que no generan más de 10 por ciento de los empleos, están listas para mover sus capitales a cualquier lugar que los ayude a subir su rentabilidad, fue el diagnóstico de la directora del Programa de Economía del Trabajo.
En este escenario, un gobierno exigido de mostrar éxitos y trabado por una legislación débil y con escasos mecanismos de fiscalización, sólo atina a tomar medidas como los planes de empleo de emergencia y de subsidios a las contrataciones, ninguno de los cuales genera resultados positivos, según explicó.
Estos problemas se agudizan si se observan los sectores sociales más vulnerables, como los indígenas, las mujeres y los inmigrantes.
Estos últimos son relativamente pocos en Chile. Según el censo de 2002, los inmigrantes representan 1,2 por ciento de la población del país de 15,5 millones de personas, la mayoría procedentes de Perú y de Argentina, y la mitad mujeres.
Estas cifras demuestran que los inmigrantes no tienen mayor influencia en las cifras de desempleo, explicó a IPS el economista Manuel Hidalgo, representante de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana (Apila) y corresponsal en Chile del Observatorio Interamericano de Migrantes.
Sin embargo, su bajo número no mejora los DESC entre ellos. El vínculo entre la duración de la visa de ingreso temporario y el contrato de trabajo sigue siendo el factor principal de inestabilidad entre los inmigrantes, señaló Hidalgo.
Entre los problemas más frecuentes se encuentran la falta de contratos de trabajo, la extensión de las jornadas laborales, y el no pago de las cotizaciones, todo lo cual se ve agravado por la lógica cortoplacista de los mismos trabajadores, que renuncian a sus garantías para favorecer el ahorro y envío de remesas de dinero (a sus países de origen), enumeró el economista.
Nombró asimismo las trabas en la regularización de títulos profesionales y técnicos, las dificultades extraordinarias que encuentran las inmigrantes que trabajan para el cuidado de sus hijos menores, la falta de vivienda y el hacinamiento, la baja cobertura en educación y salud y la falta de políticas que contribuyan a su integración y a la comprensión de sus diferencias culturales.
Ha habido avances en materia de políticas migratorias. En 2003, el Ministerio de Educación emitió un documento que incorpora las perspectivas de derechos de los inmigrantes, de seguridad del Estado y de desarrollo, pero falta avanzar en la comprensión de la migración y la ciudadanía latinoamericana como factor de integración de la zona para su posterior desarrollo, opinó Hidalgo.
Hace falta replantear los problemas de seguridad y dejar de ver a los países vecinos como potenciales amenazas, para avanzar hacia un concepto regional de seguridad, subrayó.
Según el informe de la sociedad civil, el escaso cumplimiento de los DESC en Chile se agudiza por la falta de mecanismos de exigibilidad y por el carácter de satisfacción progresiva que les fue atribuido por el pacto internacional, en oposición a los derechos civiles y políticos, que no admiten términos medios.
La gente sólo entiende por derechos humanos el derecho a la vida, a la libertad de expresión, etcétera. No sabe que también debe exigir los DESC, explicó Godoy.
La información y la toma de conciencia acerca de estos derechos serían, a su juicio, la mejor manera de mejorar la situación. Las personas deberían preocuparse e interesarse por los programas de los candidatos, por ejemplo, organizarse, hacer peticiones, informarse. Es imposible hacerlo de manera individual, dijo Godoy.
El equipo del informe de la sociedad civil está trabajando en su difusión a través de Internet y en su reimpresión en formatos parciales que faciliten su lectura según intereses particulares.
También está elaborando el llamado Informe Sombra, que será una réplica directa al reporte que el Estado chileno presentará ante la Comisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en noviembre.
