El Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria de Brasil, en la égida del Ministerio de Justicia, recomendó a las autoridades estaduales no adoptar el llamado Régimen Disciplinario Diferenciado, que impone penas más severas a los reclusos que lideran reclamos de mejora en las cárceles. Esa norma determina que a los condenados involucrados en aciones consideradas subversivas del orden interno de los presidios se les aplique un año más de reclusión a la ya impuesta por el delito que purga.
