La jueza Silvia Ramond consideró que 15 de los 16 detenidos en Argentina en los disturbios del 16 de julio en la sede del legislativo de la ciudad de Buenos Aires pusieron en peligro "la seguridad del Estado". Abogados de organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionaron la "debilidad de las pruebas" esgrimidas por la magistrada para imputarles un delito grave como el de atentado contra la seguridad del Estado, que contempla penas de hasta 10 años de prisión. Para la jueza Ramond, el ataque a la Legislatura tuvo "la entidad suficiente como para atentar, dañar y poner en peligro directo e indirecto la seguridad del Estado o de alguna de sus instituciones, lo cual en modo alguno puede ni debe ser soslayado".
