Alcaldes de Bolivia reclaman un seguro de vida para seguir en sus cargos ante la persistencia del clima de violencia, en medio de la campaña para las elecciones municipales de este año, y en especial tras el asesinato y posterior cremación en la plaza pública del gobernante de una zona rural andina.
La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) pidió al gobierno asegurar la vida de los alcaldes y sus familias con el pago de 45 por ciento de la dieta mensual, según el proyecto de ley remitido al Poder Ejecutivo para que lo presente en el Congreso.
El haber mensual de un gobernante municipal está calculado en función de los ingresos percibidos por su comuna y puede oscilar de 50 a 2.800 dólares.
La presentación de la AMB se formalizó luego del secuestro, asesinato y quema en junio del cadáver del alcalde de la localidad andina de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, y tras recientes cambios de autoridades comunales debido a la presión, amenazas y violencia.
Pero el director del programa de "Justicia Comunitaria, de la facultad de Derecho de la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Julio Mallea Rada, se manifestó escéptico acerca de los resultados del seguro de vida frente a las causas de los problemas de gobernabilidad en los municipios rurales.
Desde 1994, la administración central distribuye recursos estatales entre los 314 municipios existentes en el país en cumplimiento de la llamada ley de Participación Popular, que asigna los montos de acuerdo a la cantidad de habitantes registrados en el último censo de población.
La medida de descentralización que anunciaba en lo previo un revolucionario desarrollo de comunidades alejadas del eje central, por la transferencia de dinero y del poder de decisión otorgado a los gobiernos locales, hasta ese momento ignorados, se convirtió en el centro de la polémica.
El gobierno de Carlos Mesa informó la semana pasada que 50 de esos gobiernos municipales sufrieron el congelamiento de sus cuentas por incumplir con la presentación de informes sobre los gastos, mientras crecen las denuncias sobre malversación del dinero público.
Los comicios municipales se celebrarán en diciembre con la participación habitual de los partidos políticos más las nuevas organizaciones indígenas reconocidas legalmente.
El sociólogo Rubén Ardaya, experto en asuntos municipales y ex viceministro del área, es un defensor de los resultados de la distribución de poder y dinero, pero culpa a los partidos tradicionales, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), de "oponerse al nuevo país descentralizado.
"Yo acuso al MNR, MIR y ADN del crimen de Ayo Ayo, dijo a IPS y explica que las tres agrupaciones que gobernaron desde la reinstalación de la democracia, en octubre de 1982, no llevaron los órganos de justicia y de contralor hasta esas comunidades campesinas.
Ardaya halla comprensible la sed de justicia de los habitantes de Ayo Ayo y de otros municipios que deambulan en busca de una autoridad que esclarezca los supuestos casos de corrupción, aunque no cree justificable el crimen del alcalde Altamirano.
"Las comunidades pueblerinas están reclamando igualdad, para que los partidos, la justicia y la contraloría los traten como a ciudadanos y, cuando esto no ocurre, sobreviene la impotencia y los deseos de hacer arder lo único visible del Estado: el alcalde, expresó.
Una jueza de la localidad de Pucarani ordenó a mediados de este mes el encarcelamiento del alcalde de la población rural de Achacachi, al oeste de La Paz, Francisco Quispe, por malversación de fondos y contratos lesivos al Estado. Empero, todavía quedan muchas denuncias sin ser atendidas por la justicia.
Los indígenas viven una inseguridad jurídica, están desprotegidos y sienten desconfianza por la justicia ordinaria, a la que asocian con la corrupción y manipulación por quienes ostentan el poder económico, señaló a IPS Mallea Rada.
El jurista lidera un grupo de docentes universitarios que hasta la fecha ofreció capacitación a 8.000 promotores, 200 conciliadores y 300 técnicos superiores en poblaciones campesinas con la finalidad de promover la difusión de los derechos jurídicos de la persona.
Aunque recuerda que la Constitución reconoce ahora a los pueblos indígenas la aplicación de la justicia comunitaria de acuerdo a sus usos y costumbres, está convencido de la urgencia de formar promotores judiciales que conozcan los límites de las penas y alcances de los delitos.
La violencia de la justicia comunitaria en la zona andina, expresada en muchos casos mediante latigazos, transgrede otros derechos de la persona y el afectado puede recurrir a tribunales ordinarios generando un conflicto entre los dos sistemas, señala.
Como investigador de las costumbres tradicionales, Mallea Rada destaca el respeto a la vida de los pueblos aymaras y por ello descarta que la muerte sea la pena máxima para las comunidades campesinas. Este es un punto de coincidencia entre la justicia ordinaria y la comunitaria, agrega.
Describe al procedimiento de justicia costumbrista como un rito de amplia participación al que se convoca a una deliberación de carácter público a la comunidad, en un día fijado previamente.
El acto es en una plaza central de la localidad, precedido de una ofrenda para solicitar el permiso de la diosa tierra (Pachamama), bajo los símbolos de la piedra impactada por un rayo y las hojas de coca distribuidas sobre un tejido multicolor, detalló.
La sanción varía de acuerdo al grado de responsabilidad del acusado y podría expresarse mediante latigazos y recomendaciones para reinsertarlo en la comunidad, pero en los casos graves puede decidirse el destierro del procesado con el despojo de sus bienes.
En el caso de Ayo Ayo no se siguió ese procedimiento, aclaró Mallea Rada.
El experto coincidió con Ardaya al afirmar que la transferencia de recursos financieros y la "intromisión de partidos políticos en las alcaldías derivó en también una "descentralización de la corrupción.
El gobierno de Mesa recogió estas experiencias y estudia un proyecto que compatibiliza la justicia ordinaria con la comunitaria, bajo el principio del respeto a los derechos humanos y excluyendo la pena de muerte.
"Ambos sistemas deben seguir evolucionado para que alcancemos el valor de justicia, opinó en un documento la organización no gubernamental "Ciudadanos Trabajando por la Justicia.
