Contaminación de recursos naturales, pérdida de biodiversidad y riesgo de extinción de una especie son temas cotidianos para las organizaciones ambientalistas de Argentina. Pero la desafectación de un área protegida no tiene precedentes.
Las organizaciones de la sociedad civil, atónitas, resisten activamente la medida, mientras funcionarios del gobierno nacional, académicos y legisladores también reclaman una marcha atrás, pero hasta ahora no han conseguido que la justicia frene la decisión de las autoridades de la provincia de Salta, al noroeste del país.
El gobierno de Salta resolvió en mayo desafectar el Area Natural Provincial Protegida de Pizarro, una reserva de 25.000 hectáreas en la que viven unos 3.000 campesinos y miembros de la etnia indígena wichí, y remató las tierras entre productores rurales.
La decisión causó estupor en la comunidad ambientalista, que no pierde la esperanza de que quede sin efecto debido a demandas judiciales planteadas por varias organizaciones. Por ahora, las palas mecánicas siguen al acecho de los bosques nativos.
La agrupación ecologista Greenpeace lleva adelante una campaña para detener la deforestación en la zona, resiste el avance de las motoniveladoras en el entorno de la reserva, y presentó, junto con otras organizaciones, un recurso de amparo ante la justicia local.
La desafectación "crea un antecedente espantoso, porque implica revertir una medida de protección que el mismo gobierno había adoptado como necesaria", dijo a IPS el constitucionalista Daniel Sabsay, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
La zona protegida es la última expresión de un bosque "en desaparición", que constituye "un ecosistema bisagra entre el bosque chaqueño y la selva pedemontana. Si se destruye no hay réplicas", advirtió el jurista, cuya organización patrocinó un recurso de amparo para frenar la desafectación.
Más cauto, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Enrique Espina, alegó en diálogo con IPS que la desafectación "no es una alegría", aun si se aceptaran los argumentos sobre la degradación de la reserva esgrimidos por el gobierno de Salta, que ofreció proteger otra lugar como compensación.
El área protegida, ubicada en el departamento de Anta, "es un corredor transversal fundamental" donde vive una comunidad de pueblos originarios, lo que constituye otro factor para defender su preservación, destacó.
La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación intentó frenar la desafectación mediante pedidos de intervención al gobierno nacional, y este mes demandó además que se declarara una emergencia forestal en el país y se prohibiera el desmonte de bosques nativos.
Pero el gobierno encabezado por el presidente Néstor Kirchner no puede intervenir "por respeto a la jurisdicción provincial" ni tiene "potestad legal para frenar la desafectación", alegó Espina, responsable de parques, reservas y monumentos naturales nacionales.
La única opción para preservar el Area Natural de Pizarro sería comprarla y transformarla en un área protegida nacional, pero no hay dinero para eso, adujo.
Ese argumento fue rechazado por Sabsay, que es además asesor de Parques Nacionales. "Las provincias no son Estados soberanos, y si existe un ecosistema que es una rareza para todo el país, el Estado nacional debe adoptar las medidas para preservarlo", remarcó.
La Universidad Nacional de Salta expresó mediante un comunicado su rechazo a la desafectación de la reserva. Para los académicos, la medida no sólo va en contra de la preservación de un ambiente único y de la supervivencia de una comunidad aborigen, sino que además es un muy mal precedente.
"La venta de áreas naturales protegidas constituye un antecedente jurídico y político que abre las puertas a una nueva vuelta de tuerca en el proceso de enajenación y entrega del patrimonio nacional y de nuestros recursos natuales iniciado con las fraudulentas privatizaciones", aseveraron.
La bióloga Sandra Caziani, de esa universidad,criticó fuertemente la venta de la reserva.
"Estos bosques, si bien no son prístinos, constituyen hábitat para una gran cantidad de especies, desde hongos hasta animales, entre ellos el tapir, el mayuato, el loro hablador y tres especies de pecaríes", señaló a IPS.
Además, "la desafectación puede reproducirse en otras áreas, y por ejemplo, en el Parque Nacional Copo, de la norteña provincia de Santiago del Estero (vecina de Salta) ya suena la palabra 'desafectación' para un área en la que vive gente que sería muy costoso desalojar", sostuvo. Esta versión fue rechazada por Espina.
Sea como fuere, tres meses después de la presentación del recurso de amparo ante la justicia hay "pocas posibilidades" de avanzar, al menos en la justicia local de Salta, según el abogado Martín Duarte, que representa a vecinos de Pizarro, una aldea ubicada en el centro de la reserva desafectada.
"La estrategia inicial siempre tuvo como norte llegar hasta la Corte Suprema de Justicia", dijo a IPS.
Duarte calificó de "insólita" la desafectación de la reserva, que se realizó con el propósito declarado de destinar los fondos procedentes del remate a la construcción y reparación de rutas provinciales.
El proyecto en la materia aprobado por el parlamento provincial preveía recaudar para ese fin la suma de 21 millones de pesos, o sea unos siete millones de dólares, pero el remate sólo permitió lograr nueve millones de pesos, o sea unos tres millones de dólares, subrayó. (
