ARGENTINA: Otro avance contra comunidades indígenas

En un nuevo capítulo de los conflictos por las tierras indígenas en Argentina, tupíes y kolla guaraníes de la norteña provincia de Salta denunciaron esta semana golpizas brutales cometidas por empleados de un ingenio azucarero que codicia sus predios.

”Los ancianos fueron los más golpeados, a mi padre lo patearon en la cabeza hasta dejarlo inconsciente”, relató este jueves a IPS Gabriel Flores, líder de la comunidad kolla guaraní Igua Pui Genda en el departamento de Orán, Salta, 1.600 kilómetros al norte de Buenos Aires.

”La comunidad no se va a olvidar de esto”, aseguró Flores en diálogo telefónico, en referencia al ataque sufrido el 5 de este mes.

Según la denuncia, unos 40 agentes de seguridad contratados por el Ingenio San Martín de El Tabacal, propiedad de la empresa internacional Seabord Corporation, atacaron con garrotes a unas 60 familias indígenas.

El presidente del ingenio, Guillermo Jakúlica, reiteró que las tierras ocupadas por los indígenas pertenecen a la empresa. Pero los nativos aseguraron que no hay pruebas de esa propiedad. Según Flores, sus abuelos están enterrados bajo los predios de su aldea.
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El gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, ”sabe muy bien lo que pasa aquí porque él mismo tiene acciones en el ingenio. La inacción del Estado es total ante este atropello”, protestó Flores.

La golpiza fue denunciada esta semana en Buenos Aires por diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso legislativo, quienes responsabilizaron a los dueños del ingenio de intento de desalojo perpetrado brutalmente y sin ninguna autorización judicial.

Los indígenas aseveraron que quienes los atacaron están deforestando la zona aledaña a su asentamiento, a fin de cultivar caña de azúcar.

El jueves pasado, estos empleados reclamaron a los nativos que abandonaran el lugar, argumentando que las tierras pertenecen al ingenio, pero no lo han demostrado con ningún título de propiedad, dijo Flores.

Encabezados por el jefe de seguridad de la empresa, Marcelo Romero, los empleados la emprendieron a golpes de garrotes contra los indígenas y destruyeron empalizadas y otros bienes. Luego, ellos mismos efectuaron una denuncia policial que derivó en el arresto de 10 nativos.

La refriega terminó con 12 heridos, dos de ellos hospitalizados hasta el martes por fuertes golpes en la cabeza. El sacerdote católico de la zona, José Auletta, apoyó el reclamo de los indígenas y denunció que la policía quiso arrestarlo también por ”usurpación de tierras”.

Un día después del incidente, los atacantes se acercaron nuevamente a la aldea con actitud amenazadora. Pero los indígenas más jóvenes les hicieron frente. ”Cuando nos vieron aparecer a todos, se retiraron”, relató Flores.

Sin embargo, trabajadores del ingenio continúan cortando el bosque con palas mecánicas a pocos metros del caserío.

Los predios que ocupan los tupíes y kollas guaraníes en Orán son tierras fiscales, pero la comunidad las considera propias desde siempre. Se trata de una zona anegadiza y pantanosa, rodeada por tres ríos, una condición ambiental que los obliga a migrar todos los años en la temporada de lluvias y regresar en la estación seca.

La Constitución argentina, reformada en 1994, reconoce el derecho de los pueblos originarios a la propiedad comunal de sus tierras, y obliga a incluir a los indígenas en las decisiones que involucren el uso de recursos naturales en las zonas que habitan.

Sin embargo, los atropellos a sus derechos constitucionales son constantes, en parte porque no se han materializado en la correspondiente entrega de títulos colectivos de propiedad, lo que los deja vulnerables ante cualquier reclamo del Estado o de actores privados.

Este año, la compañía italiana de la vestimenta Benetton, dueña de 900.000 hectáreas en el sur del país, obtuvo el desalojo judicial de un grupo de mapuches que habitaban en tierras supuestamente fiscales.

Fenómenos similares se repiten en Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Santiago del Estero o Tucumán, provincias del norte.

En junio el gobierno salteño subastó 25.000 hectáreas de una reserva natural en la que viven campesinos e indígenas. Las autoridades pidieron a la legislatura provincial la ”desafectación” (retiro de la calidad de área protegida) del territorio y lo vendieron a agricultores.

Los nuevos dueños talarán el bosque para cultivar soja. Los habitantes de la reserva y activistas ecologistas presentaron recursos de amparo para frenar la adjudicación de los terrenos y evitar el desalojo.

Desde 1996, el ingenio San Martín del Tabacal, según Flores dueño de todas las tierras que rodean las ciudades de Orán, Irigoyen y Pichanal, intenta avanzar sobre las tierras que ocupan los indígenas.

El sacerdote Auletta y Flores afirman que la empresa pagó a algunos indígenas para que abandonaran las tierras, lo que constituye un reconocimiento de su derecho a ocuparlas. ”Si las tierras son de ellos, nos tiene que sacar la justicia con la policía”, arguyó Flores.

Los nativos -la mayoría analfabetos— son periódicamente tentados por personal del ingenio que simula estar realizando un censo, a firmar papeles en los que podrían estar cediendo sus derechos a las tierras.

Mientras, el gobierno presentó esta semana un informe sobre la segregación a indígenas, inmigrantes y refugiados en este país, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.

Tal como acostumbra, el Comité recibió además un informe alternativo elaborado por organizaciones no gubernamentales, que desmiente al documento oficial respecto del cumplimiento estatal de muchos compromisos, sobre todo en el capítulo de los derechos indígenas a la tierra.

Miembros del Comité cuestionaron la ausencia de información estadística sobre los indígenas argentinos y sus condiciones de vida, y pidieron explicaciones sobre los constantes conflictos de tierras, pese al derecho consagrado en la Constitución.

En este país de 37 millones de habitantes se estima que la población aborigen suma entre 800.000 y dos millones de personas. Pero son mediciones no oficiales, pues también en las estadísticas los indígenas son ignorados.

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