Más de 1,6 millones de armas están en manos de centroamericanos, que mueren y matan cada día bajo su ley. Guatemala, uno de los más afectados por su tráfico y uso, urge a los países vecinos a dejar de lado la retórica y enfrentar el drama con un acuerdo regional.
En El Salvador, Honduras y Guatemala, donde la violencia ciudadana y el delito van en crecimiento, 70 por ciento de los homicidios se cometen con armas que circulan entre la población con relativa facilidad amparadas en las redes de traficantes.
Proponemos definir un programa centroamericano, pero que también incluya a México y Colombia, para cerrar las fronteras a las armas y restringir su uso, dijo a IPS Carmen Rosa de León, directora del no gubernamental Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), de Guatemala.
El Iepades, que lidera desde hace varios años iniciativas para frenar el uso de armas, representa a la sociedad civil en una comisión formada por el gobierno de Guatemala para tratar el tema, que golpea con especial dureza a ese país, donde cada mes ingresan a las morgues 100 personas muertas por impactos de bala.
La entidad busca que el parlamento guatemalteco apruebe reformas a la ley de armas y propone también que Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, más México y Colombia, cierren el paso a su tráfico con la firma de un acuerdo.
Las armas pasan por México desde Estados Unidos, su principal proveedor legal e ilegal, y se introducen a América Central desde donde se envían a Colombia, donde están sus principales demandantes, como son las guerrillas izquierdistas y los paramilitares de derecha.
Centroamérica tiene una excesiva disponibilidad, una amplia variedad de armas civiles y militares y grandes segmentos de la sociedad dispuestos a usarlas por una multitud de razones, afirma el estudio Samll Arms Survey, publicado en junio de 2003 con el patrocinio del Instituto de Graduación Superior de Estudios Internacionales de Ginebra.
Aunque existen varios acuerdos en América Central para tratar el problema del uso de armas, que datan de los años 90, e incluso hay una convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, el tema no ha sido atendido en los hechos, denunció De León.
Es increíble, pero no hay medidas claras y efectivas contra el uso de las armas en América Central, sólo algo de retórica. De hecho, hoy el tema ni siquiera está visible a pesar de los acuerdos y tratados, afirmó la directora del Iepades en entrevista telefónica desde Guatemala.
En ese país, el porcentaje de incidencia de muertes por armas pasó en los 10 últimos años de 36 a más de 80 por ciento.
Muchas de las armas que circulan en la región centroamericana se usaron en los conflictos armados que esa zona sufrió en la década de los años 70 y 80 entre militares, paramilitares y las organizaciones guerrilleras.
Cuando esos conflictos concluyeron, con la firma de acuerdos de paz, miles de armas fueron a dar al mercado ilegal.
Las armas registradas legalmente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá suman poco más de 500.000. Sin embargo, hay más de un millón adicionales no registradas, para una población total que ronda los 37 millones de personas, indica el estudio Small Arms Survey.
Del total de armas legales e ilegales, un millón o más circulan sólo en Guatemala, sostiene el Iepades.
Además, los delincuentes que operan en las calles de ese país se han ideado la forma de fabricar sus propias armas con resortes y tubos de metal, que usan un porcentaje de las miles de municiones que se venden o trafican con relativa facilidad.
Por la cantidad de crímenes que se cometen, la capital de Guatemala fue identificada en 1999 como el tercer centro urbano más violento de América Latina, sólo detrás de las ciudades colombianas de Cali y Medellín, según indica un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo.
Tenemos un grave problema de violencia que se multiplica por el uso de armas, y por ello estamos tomando medidas. Sin embargo, lo que hagamos no servirá de mucho, si toda América Central más México y Colombia no trabajamos para adoptar una estrategia conjunta, sostuvo De León.
Para enfrentar el problema del uso y tráfico de armas, en Guatemala opera una comisión integrada por los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, que en la primera mitad del año concertó la necesidad de reformar leyes y realizar una campaña publicitaria de sensibilización sobre el tema.
La comisión propone además endurecer los requisitos para poseer armas, castigar su uso indebido y aumentar las penas para quienes delinquen con ellas y las trafican. Además, en un futuro cercano el grupo abrirá un programa de intercambio de armas por bienes de consumo.
El éxito de nuestro programa es que todos hemos estado juntos en esto: sociedad civil, presidente, legislativo y Corte Suprema (de Justicia), el procurador de derechos humanos y la fiscalía, pero, si los países vecinos no se suman, las armas seguirán circulando, insistió la directora del Iepades.
