Robos de explosivos y declaraciones sobre preparativos de violencia política y fraude electoral recalientan el ambiente político en Venezuela, a tres semanas del referendo que decidirá si el presidente Hugo Chávez es revocado o continúa en el poder hasta enero de 2007.
La semana pasada fueron robados 67 kilogramos del potente explosivo C-4 en una base de la marina de guerra, en tanto de un puesto militar cercano a Caracas fueron hurtados 14 fusiles de asalto, una subametralladora y otros pertrechos.
A mediados de este mes, la policía halló casi dos toneladas de explosivos en una hacienda del centro del país.
A comienzos de 2003, sedes diplomáticas de Colombia y España, y un edificio utilizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron blancos de atentados con C-4 que causaron destrozos aunque no víctimas.
El vicepresidente José Vicente Rangel advirtió que “la oposición podría estar preparando un 'efecto Madrid'”, que explicó como la ejecución de atentados terroristas cerca de las elecciones para conmover a la opinión pública.
El 11 de marzo, la investigación de un ataque explosivo contra trenes en Madrid apenas tres días antes de las elecciones generales fue manejada de modo sesgado por el gobierno del derechista José María Aznar, y el electorado español favoreció a su rival, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Chávez dijo en su programa dominical de radio y televisión “Aló presidente” que “grupos desesperados ya presienten la victoria que tendremos en agosto y estarían buscando los caminos de la violencia”, y pidió a la oposición desatender esos llamados.
Poco antes, el ex presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993), quien reside enfermo en la ciudad estadounidense de Miami y fue procesado en su país por corrupción, sostuvo que “el referendo es un fracaso para sacar a Chávez. La vía violenta permitirá sacarlo, y es la única que tenemos”.
Según Pérez, contra quien Chávez lideró un fallido y cruento alzamiento de jóvenes oficiales militares en 1992, "dentro de unos días habrá un período de violencia muy corto en Venezuela”, tras el cual “deberá establecerse un gobierno de transición, de unos dos o tres años. Todas las instituciones chavistas deben desaparecer con Chávez”.
Según el analista opositor Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, Pérez y Rangel son “profetas del Apocalipsis, extremistas inútiles que tratan de llamar la atención a base de declaraciones escandalosas”.
La opositora coalición Coordinadora Democrática, que impulsa el referendo contra Chávez, rompió su costumbre de no criticar los dicterios que se lanzan contra el presidente, y su portavoz Jesús Torrealba dijo a IPS este lunes que “condenamos de manera enérgica las declaraciones extremistas del señor Pérez”.
“Durante tres años hemos venido construyendo una salida constitucional, pacífica y democrática, el referendo, y no tenemos otro plan. Ninguna de nuestras conductas está ubicada o descrita por los parámetros del señor Pérez”.
Otro elemento que aviva el temor de confrontación fue el regreso clandestino, el fin de semana según el diario caraqueño El Nacional, de Carlos Ortega, quien como presidente de la mayor central sindical fue uno de los conductores de la huelga contra Chávez que casi paralizó al país en diciembre de 2002 y enero de 2003.
Ortega estaba exiliado en Costa Rica, cuyo gobierno le solicitó abandonar el país por violar las reglas del asilo. En declaraciones publicadas por El Nacional sin indicar dónde fueron emitidas, el sindicalista pidió redoblar la lucha contra Chávez. El gobierno no ha confirmado si Ortega regresó al país o no.
Líderes del oficialismo, al frente de una campaña más intensa y vistosa que la opositora, confían en el triunfo y pidieron a sus seguidores alistarse para “salir a defender la victoria” apenas se conozca el primer resultado del 15 de agosto.
Ezequiel Zamora, uno de los cinco miembros del poder electoral y quien se inclina por la oposición, lamentó que el gobierno convoque a la movilización callejera en vez de llamar a la calma.
Otra fuente de intranquilidad son las críticas al sistema electoral y sus preparativos para el referendo. La oposición expresa temores de fraude pero sobre todo de ineficiencia.
La mayor aprensión se centra en las demoras que podría ocasionar la instalación de máquinas electrónicas para leer la huella dactilar de cada votante antes de que emita el sufragio, a fin de impedir que alguien vote más de una vez.
Pero también hay críticas por la elaboración de los listados para decenas de centros de votación.
El presidente del Consejo Electoral, Francisco Carrasquero, anunció este lunes que 13.823.444 electores, en este país de 25 millones de habitantes, tendrán derecho a concurrir a las urnas en el referendo de agosto. El representante de la oposición en el Consejo, Nelson Rampersad, mostró conformidad con la depuración hecha al registro electoral.
Para revocar el mandato de Chávez —que implicaría organizar una nueva elección presidencial en cuestión de semanas, sin que aún esté claro si el mandatario podría presentarse de nuevo como candidato— se necesita que voten por el “sí” más de 3.757.763 ciudadanos, que lo ungieron presidente en julio de 2000.
De acuerdo con los sondeos de opinión pública y evaluaciones de analistas políticos, la abstención podría ser menor que en otros procesos electorales, dada la alta politización del electorado, y votarían entre nueve y diez millones de personas.
Chávez y sus seguidores insisten en que aceptarán el resultado, cualquiera sea, pero la Coordinadora se rehúsa a extender un cheque en blanco al Consejo Electoral, de cuyos cinco rectores tres votan a favor del oficialismo y dos por la oposición.
“Estamos dispuestos a aceptar el resultado si el proceso es transparente, se realiza de acuerdo con las normas y tiene el visto bueno de la OEA y del Centro Carter”, las principales entidades de observación internacional, dijo a IPS Timoteo Zambrano, portavoz para asuntos internacionales en la Coordinadora.
La OEA y el estadounidense Centro Carter para la Paz (del ex presidente estadounidense Jimmy Carter, 1977-1981) siguieron paso a paso el proceso de recolección y verificación de 2,5 millones de firmas que solicitaron el referendo, y su actuación se tornó polémica cuando líderes del oficialismo los acusaron de favorecer a la oposición con su conducta y declaraciones públicas.
El Consejo Electoral elaboró un reglamento para la observación internacional y firmó un acuerdo para esa labor con la OEA, cuya misión podrá acompañar todo el proceso de referendo, pero a cambio se abstendrá de opinar en público o declarar a la prensa.
Además de la OEA y del Centro Carter, el Consejo Electoral invitó a presencia el proceso a personalidades como el argentino Adolfo Pérez Esquivel, la guatemalteca Rigoberta Menchú, el líder de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas, y los escritores Eduardo Galeano, de Uruguay, y Gabriel García Márquez, de Colombia.
El Mercado Común del Sur enviará al ex mandatario argentino y presidente de su comisión de representantes permanentes, Eduardo Duhalde (2002-2003).
La Unión Europea, que deseaba enviar una misión de observadores, canceló esa posibilidad porque no fue invitada.
