El aborto terapéutico en los últimos meses de gestación es legal en Nicaragua desde hace más de un siglo, pero actualmente se desarrolla un fuerte debate parlamentario sobre esa práctica, bajo presión de grupos religiosos que piden que se ilegalice y organismos sociales que apoyan su vigencia.
La chispa que encendió la mecha fue el caso de Rosita, una niña nicaragüense de nueve años, cuya familia emigró a principios de los años 90 a Costa Rica en busca de una vida mejor, y que quedó embarazada debido a una violación a fines de 2003 en una finca cafetalera cercana a la central ciudad costarricense de Turrialba.
En Nicaragua, grupos de activistas y la alta jerarquía católica se manifestaron en contra de que la niña abortara, mientras la Red de Mujeres contra la Violencia y otras organizaciones sociales cobijaron a Rosita y a sus padres para que la situación se resolviera de acuerdo con la legislación sobre aborto terapéutico, como finalmente ocurrió.
Se opusieron a ese desenlace algunos sectores del gobierno y grupos radicales de derecha.
"Desde hace cien años se estableció el aborto terapéutico como una excepción a la penalización (de las interrupciones voluntarias de la gestación) en los casos de que peligrara la vida de la mujer", dijo por teléfono a IPS, desde Nicaragua, la secretaria ejecutiva de esa Red, Juana Jiménez.
En el caso de Rosita, "las valoraciones médicas señalaban claramente los riesgos que implicaba" su embarazo, "no solamente en el ámbito psicológico sino también en el físico", enfatizó.
El Código Penal de Nicaragua permite el aborto terapéutico cuando su conveniencia sea determinada "científicamente con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer".
"Hemos venido debatiendo con los legisladores la necesidad de que sea conservado ese artículo que mantiene la despenalización del aborto terapéutico, particularmente cuando corra riesgo la vida de las mujeres", señaló Jiménez.
En cambio, la diputada Jamileth Bonilla, del gobernante Partido Liberal Constitucionalista, dijo a IPS que el aborto terapéutico "debe ser penalizado", y que esa fuerza política, mayoritaria en el parlamento, ya decidió impulsar esa reforma.
"Queremos retroceder" desde la actual legislación en la materia, admitió.
En relación con casos como el de Rosita, Bonilla opinó que "la cultura de nuestro país aún no esta preparada para poder dejar que el aborto terapéutico se aplique en tales circunstancias, (y) puede tergiversarse y mal manejarse el tema".
Algunos grupos religiosos han exagerado al equiparar el aborto terapéutico con los demás abortos, actualmente ilegales, pero "la iglesia (católica) como tal" no incurrió en ese exceso, arguyó.
"Se trata de salvar vidas, y el aborto terapéutico no debe chocar con el sentimiento o la creencia religiosa, porque también la iglesia (católica) está de acuerdo en salvar vidas", aseguró la diputada.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, máximo organismo de la Iglesia Católica de ese país, sostuvo en un comunicado sobre el caso de Rosita que el aborto terapéutico es una "aberración", y que el mantenimiento de su legalidad implica "no respetar lo más sagrado que Dios nos ha dado: la vida".
El aborto es un "abominable crimen, (…) aun el disfrazado de pretendidas atenuantes pseudo humanitarias al calificarlo como terapéutico", afirmó la Conferencia con la firma de su secretario general, Abelardo Mata.
Según Jiménez, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, penalizar el aborto terapéutico por presión eclesiástica sería "atentar contra la laicidad del Estado".
También constituiría "un precedente muy grave para las mujeres", y pondría "en una situación muy desventajosa el ejercicio de la medicina en Nicaragua", opinó.
"Así lo han planteado los representantes de la Asociación de Ginecología y Obstetricia", al señalar "que el aborto terapéutico tiene sus causales que se han establecido a nivel medico, y que ellos, si se elimina el artículo, tendrían que violar la norma de salvar vidas, con la particularidad de las muertas seríamos las mujeres, que somos las que tenemos la capacidad biológica para procrear", comentó la activista.
En 2003 hubo 200 casos de mujeres muertas, aproximadamente 30 por ciento de ellas se debieron a abortos, y "31 muertes pudieron evitarse" mediante abortos terapéuticos, detalló.
Datos de la organización no gubernamental internacional Ipas señalan que en Nicaragua hay cada año unos 32.000, y que aproximadamente 5.500 mujeres acuden anualmente a servicios médicos para el tratamiento de complicaciones de abortos.
"El aborto clandestino en Nicaragua es un problema como en la mayor parte de Latinoamérica, y mientras los Estados y los gobiernos no establezcan políticas públicas de salud, principalmente en el acceso a la información y a la prevención, los hijos no deseados van a seguir causando la muerte de muchas mujeres", expresó Jiménez.
La activista Violeta Delgado, dirigente de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER), dijo a IPS que penalizar el aborto terapéutico "tiene un gran peso moral-religioso de clase, porque obviamente las principales afectadas por una decisión de este tipo serían las mujeres pobres que hacen uso de la salud pública".
Hay que valorar la posibilidad llevar la cuestión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la penalización del aborto terapéutico "significaría una violación del derecho a la vida", comentó.
"Significaría que la vida de la mujer esté en un lugar secundario, al igual que en muchos países islámicos", aseveró Delgado. . Esto afectaría especialmente a las mujeres que viven en la pobreza, que son de 40 a 60 por ciento del total según distintas fuentes.
Organizaciones de mujeres como la Red y el CCER han anunciado jornadas de presión y concientización o para el mes de agosto, cuando se reanuden los debates en el Parlamento sobre la legislación del aborto terapéutico.
