Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) amenazan con bloquear carreteras que confluyen sobre la capital mexicana y convocar a una huelga si prospera una reforma legal que dañaría sus beneficios jubilatorios.
De aprobarse un periodo extraordinario en el Senado para discutir las reformas a la Ley del Seguro Social, los sindicalistas rodearán la sede legislativa e impulsarán paralizaciones de actividad escalonadas en miles de clínicas y hospitales que integran la estructura de salud del IMSS.
Si se llevara a cabo una huelga general en el Seguro Social, unos 50 millones de usuarios, la mayoría de escasos recursos, sufrirían las consecuencias, advierte el gobierno.
La paralización de servicios puede afectar a unos 140.000 niñas y niños que son atendidos en las jardines infantiles del IMSS mientras sus padres trabajan. También podría resentirse el servicio de 1.521 unidades de medicina familiar, 217 hospitales de zona y 10 centros médicos nacionales, entre otros.
También se paralizarían 442 unidades deportivas, 101 teatros, 2.606 tiendas comerciales y 260 casas velatorias.
El Senado aprobará esta semana un periodo extraordinario, probablemente desde el 30 de agosto, para debatir la reforma legal del deficitario IMSS.
El secretario (ministro) de Salud, Julio Frenk, aseguró este martes que ante una huelga, el gobierno tiene capacidad para enfrentar lo urgente y esencial de los servicios médicos.
La reforma del seguro social se viene negociando desde hace varios meses, principalmente en los aspectos que regulan las pensiones y la edad y años de servicio con que pueden jubilarse los trabajadores del IMSS.
Los empleados del IMSS pueden aspirar a la jubilación por edad, a los 52 años, con una pensión 30 por ciento superior al salario percibido al momento de pasar a retiro. Mientras, la mayoría de los trabajadores mexicanos se jubilan a los 65 años y con montos que en muchos casos no llegan a 50 por ciento de sus últimos salarios.
El IMSS destina 20 por ciento de las cuotas que aportan 12,5 millones de trabajadores afiliados por ley al instituto y de los aportes de unas 800.000 empresas al pago de las altas pensiones de sus trabajadores sindicalizados en retiro.
El Seguro Social tiene aproximadamente unos 360.000 trabajadores activos y más de 120.000 retirados.
En las últimas semanas, el sindicalista del IMSS Roberto Vega Galina expresó total rechazo a cualquier reforma y defendió los beneficios como logros de muchos años de lucha. Vega Galina es además dirigente del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder durante 71 años hasta 2000.
Pero ll lunes, Vega Galina propuso como solución aumentar los aportes de los trabajadores del IMSS al fondo de pensiones y jubilaciones, de tres a seis por ciento, y fijar el derecho a la jubilación a partir de los 35 años de servicio.
Vega Galina informó que propuso al secretario del Trabajo Carlos Abascal que detuviera en el Senado el tratamiento de la ley a cambio de reinstalar una mesa de negociación entre el gobierno y los trabajadores, disuelta días atrás.
Se le insistió al secretario del Trabajo en sentar a las partes involucradas para negociar y tratar de encontrar una salida a la problemática del IMSS sin la intervención del Poder Legislativo, dijo el sindicalista.
Pero no hubo respuesta del funcionario, por eso el sindicato tendrá que tomar las medidas que crea necesarias, concluyó.
El gobierno sostiene que de mantenerse el actual régimen de pensiones y jubilaciones en el IMSS, este organismo irá a la quiebra en pocos años, ya que según estadísticas del instituto, en el 2017 sus jubilados serán unas 305.000 personas.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Político del PRI, David Penchyna, defendió la reforma del gobierno de Vicente Fox, que establece la prohibición de utilizar los aportes de los usuarios del sistema para pagar pensiones y jubilaciones de los trabajadores del IMSS, y fija la edad mínima para jubilarse en 65 años.
La iniciativa defiende los intereses legítimos de los trabajadores mexicanos. El PRI apoya la reforma porque no puede mantenerse pasivo ante el colapso operativo del IMSS, dijo.
Sólo se busca reencauzar que las aportaciones de los 12,5 millones de trabajadores se dediquen a lo que legal y legítimamente deben destinarse: a la salud y bienestar de los trabajadores y sus familias, concluyó.
