La exigua compensación que ordenó la Corte Suprema de Justicia de India para las víctimas del desastre de Bhopal confirmó que, 20 años después del peor accidente industrial de la historia mundial, el justo reclamo de los afectados es aún menospreciado.
La lucha por una compensación ha sido para los damnificados de Bhopal un camino doloroso, una tragedia tras otra.
Unos 8.000 habitantes de la central ciudad india de Bhopal murieron y otro medio millón resultaron intoxicados en diciembre de 1984, cuando una fábrica de pesticidas propiedad de la compañía estadounidense Union Carbide sufrió un escape de gas.
La cantidad de víctimas mortales a causa de la intoxicación ascendió desde entonces a 15.310, según los últimos datos, y al menos otras 100.000 personas sufren daños permanentes, como discapacidades y afecciones en los pulmones.
El máximo tribunal ordenó el 19 de este mes una compensación adicional de 330 millones de dólares para 550.000 demandantes, que recibirán cada uno apenas 600 dólares.
Esto es una ampliación de la también abismalmente pequeña compensación acordada en 1989 entre el gobierno indio y Union Carbide, de apenas 1.000 dólares por persona.
Se trata de una suma ínfima para personas que sufren desórdenes y daños crónicos, y que han padecido largos años de angustia a la espera de que se haga justicia por lo ocurrido.
La incapacidad del gobierno indio en garantizar una compensación justa para las víctimas confirmó el gran desequilibrio de poder entre el Sur en desarrollo y el Norte industrializado, y la inoperancia de las autoridades para defender los derechos de miles de sus habitantes.
Bhopal es la historia de una lucha persistente y heroica en tribunales de parte de los propios damnificados, que en su mayoría viven en la miseria.
Los demandantes tuvieron muchos reveses. El pleito comenzó en los tribunales estadounidenses, pero luego se trasladó a los indios. El gobierno indio traicionó en más de una oportunidad a las víctimas, prometiéndoles una ayuda que nunca llegó.
El aparato oficial para brindar atención médica y asistencia financiera demostró ser por completo ineficaz.
Lo peor de todo es que el gobierno aceptó un acuerdo con Union Carbide en 1989 para una compensación que representa menos de una sexta parte de lo que se exigía en un comienzo.
Si la tragedia de Bhopal se debió a una falla en el diseño de la fábrica y a la negligencia de los operarios, la actual tragedia que viven las víctimas se debe a un acuerdo injusto aceptado por Nueva Delhi.
Este convenio demostró que el gobierno de India no vacila en rendirse ante los intereses corporativos y al gobierno de Estados Unidos, sacrificando los derechos de sus ciudadanos con menos privilegios.
La prioridad en las relaciones con Washington es la confianza para los inversores y el ambiente de mercado.
En un tribunal estadounidense, las demandas habrían logrado compensaciones por miles de millones de dólares, causando la inmediata bancarrota de Union Carbide.
Precisamente, para esquivar un juicio en Estados Unidos, la firma alegó el principio jurídico de foro inconveniente, según el cual los tribunales de ese país no tienen jurisdicción para empresas demandadas en el exterior.
Pero el gobierno indio no manejó bien el caso y, en los últimos cuatro años de litigio, los intereses de las víctimas fueron echados al río.
Las autoridades permitieron que muchas personas se sumaran al grupo de demandantes, cuando en realidad no habían sufrido directamente por el accidente. Las verdaderas víctimas, con problemas de salud permanentes, se vieron entonces marginadas.
Además, las demandas fueron presentadas en forma equivocada por el gobierno. En vez de categorizar a las víctimas de acuerdo con la gravedad del daño, sólo se establecieron dos clases: muertos y heridos.
Las autoridades hicieron todo lo posible para que no se presentaran cargos penales contra los directivos de Union Carbide y para que no se emitiera una orden de detención contra su ex presidente Warren Anderson.
A pesar de todo, las víctimas lucharon con un profundo compromiso y una fe inquebrantable. Se han realizado miles de manifestaciones, marchas, vigilias y huelgas de hambre que han mantenido vivo el reclamo por Bhopal.
Los damnificados incluso se presentaron ante un tribunal federal de Nueva York con una nueva demanda bajo una ley estadounidense que ampara a civiles víctimas de acciones delictivas cometidas en el exterior.
El tribunal señaló como responsable del accidente a la empresa Dow Chemicals, ahora dueña de los activos de Unión Carbide.
Dow Chemicals tendrá que pagar la limpieza de los residuos tóxicos que aún permanecen en Bhopal y compensar a las personas que se vieron obligadas a consumir agua contaminada por esos residuos.
Las víctimas, con la ayuda de varias organizaciones internacionales, estudian otras formas legales para llevar a la justicia a Union Carbide y Dow Chemicals.
Triunfen o no, el espíritu de estas personas demostró ser indomable. Cobraron fuerza a través de una lucha unida, reafirmaron sus convicciones y recuperaron su dignidad humana, algo que no tiene ni la elite india ni las compañías de Estados Unidos. (
