Campesinos y ambientalistas de América Latina juzgaron, en ausencia, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo cargos de agravar la concentración de la propiedad de la tierra y de promover cultivos no sustentables, como los transgénicos.
El simbólico proceso se llevó a cabo este martes ante un Tribunal por la Soberanía Alimentaria que sesionó en Quito, en el marco del I Foro Social de las Américas, celebrado entre el domingo y este viernes.
En el jurado estaban, entre otros, el activista humanitario argentino y premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la presidenta de la también argentina Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.
En el banquillo debían estar organismos financieros multilaterales por su deuda ecológica con los países y pueblos de América Latina. Pero los acusados no se presentaron a la audiencia, de modo que no tuvieron quien los defendiera.
Aurora Donoso, de la ambientalista Acción Ecológica de Ecuador, leyó ante más de 200 personas, cartas del Banco Mundial y del BID, en las que ambas instituciones declinaron participar del proceso, pero señalaron voluntad de establecer diálogos acerca del asunto a juzgar, y aseveraron que sus políticas se basan en el desarrollo sustentable.
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El concepto pretende conciliar la viabilidad económica y social y un uso responsable de los recursos naturales, que deben preservarse para las generaciones futuras.
Durante el transcurso del juicio, desfilaron testimonios de experiencias negativas vinculadas al Banco Mundial y al BID en Argentina, Brasil, Colombia y Haití.
Adolfo Rey, de Jubileo Sur de Argentina, sostuvo que la política del Banco Mundial promovió el cultivo de soja genéticamente modificada por su mayor rentabilidad, sin tener en cuenta los efectos que podía provocar en el ambiente y la sociedad agraria de su país, de 37 millones de habitantes.
La gran extensión de este monocultivo hizo que muchos pequeños y medianos campesinos dejaran de plantar para vender sus fincas a grandes agroexportadores.
La producción de soja, una leguminosa marginal hace poco más de 20 años, creció de 11 a 36 millones de toneladas en los últimos cinco años en Argentina.
La soja, que se exporta casi en su totalidad, representa hoy más de la mitad de la cosecha argentina, desplazó a decenas de otros cultivos, y en pocos años convirtió a ese país en el tercer productor mundial de esta oleaginosa, después de Estados Unidos y de Brasil.
Mientras las plantaciones de soja aumentaron 74 por ciento, las de arroz se redujeron en 44 por ciento, las de maíz en 26 por ciento y las de girasol en 34 por ciento, dijo Rey.
Según su opinión, el cultivo crea un empleo por hectárea plantada, mientras los de cítricos requieren 60 trabajadores por igual superficie, y 80 los de otros árboles frutales.
Esa es una muestra de los efectos negativos en la sociedad de una política promovida por el Banco Mundial. Debido a eso, pueblos rurales que eran tranquilos y prósperos se han transformado en hervideros de miseria, aseguró.
El activista también señaló el gran consumo de abonos químicos en las plantaciones de soja y la deforestación empujada por la ampliación de la frontera agrícola
Quienes producían miel, por ejemplo, vieron en un comienzo disminuir su producción, y finalmente no pudieron continuar con ella, porque la supervivencia de las abejas es imposible en un ambiente de transgénicos y agrotóxicos, dijo Rey.
Interrogado acerca de las respuestas del gobierno de Néstor Kirchner a esta situación, Rey subrayó las dificultades que afronta el Estado, ávido de los impuestos a la exportación de soja para cumplir sus compromisos, incluidos los planes sociales para los más pobres.
El brasileño Marcelo Rezende, quien fue director del Instituto Nacional de Crédito y Reforma Agraria de su país en los primeros meses del gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, también criticó la política de los organismos multilaterales en la agricultura.
Según Rezende, el Banco Mundial promueve préstamos a pequeños productores para que compren tierras y dejen de reclamar la entrega de grandes predios improductivos para realizar la reforma agraria, como establece la ley.
Esa política, auspiciada por el gobierno, hace que los terratenientes sobrevalúen sus predios y vendan los de peor calidad a los pequeños campesinos. Estos quedan endeudados, con tierras malas y dejan de movilizarse para exigir (que se lleve a cabo) la reforma agraria, arguyó Rezende.
Cerca de 26.000 propietarios concentran en sus manos 46 por ciento de todas las tierras de Brasil, mientras 4,6 millones de familias rurales viven sin parcelas y en condiciones precarias en el país de 178 millones de habitantes, lo que explica la necesidad de la reforma agraria, según la Secretaría Nacional del Movimiento de los Sin Tierra (MST).
Lula prometió establecer 400.000 familias durante su gobierno, de 2003 a 2006. Este año resultarán beneficiadas 115.000 familias, según el ministro de Desarrollo Agrario, Miguel Rossetto.
Pero el gobierno solo entregó tierras a 14.000 familias en 2003 y a 7.000 hasta abril de este año.
Rezende también afirmó que el programa de créditos del Banco Mundial para la Amazonia está provocando una mayor deforestación de sus bosques, con el propósito de transformarlos en zonas de monocultivo.
Rezende añadió que el Banco Mundial ejerce un control agrícola sobre una zona estratégica de América del Sur como es la Amazonia.
Ante una pregunta sobre la política agraria de Lula, Rezende aseguró que es la misma que llevaba a cabo el de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).
Cardoso anunció haber distribuido tierras a 620.000 familias, pero un censo de la Universidad de Sao Paulo solo comprobó 358.000 familias, según el MST.
Muchos esperábamos que se pudiera implementar una política agraria productiva con una verdadera reforma agraria, pero lamentablemente eso no ha ocurrido con Lula, afirmó Rezende, vinculado a los trabajadores rurales de Brasil y a la red internacional Vía Campesina.
Algunos asistentes elevaron también un dedo acusador contra organizaciones campesinas que hoy critican al BID, pero están atrás de sus préstamos para realizar proyectos conjuntos.
La colombiana Elsa Nivea, experta en agrotóxicos, afirmó que hasta un tiempo atrás, las organizaciones campesinas podían aceptar préstamos (de agencias multilaterales) por no conocer lo que éstos implicaban, pero hoy no hay excusas para ser cómplices de las políticas negativas de estos organismos.
