España se encuentra muy cerca del federalismo, sin que decaigan los reclamos independentistas de vascos y catalanes, es la conclusión que se puede extraer tras las reuniones mantenidas esta semana por el gobierno central con las autoridades de las 17 comunidades autónomas que integran este país.
El socialista José Luis Rodríguez Zapatero en sus primeros 100 días al frente del gobierno de España marcó una clara diferencia con su antecesor, el centroderechista José María Aznar, al recibir individualmente, uno tras otro, a los 17 presidentes autonómicos y con buen talante de diálogo, lo que reconocieron todos los participantes.
Aznar, en los tres últimos años, se negó a reunirse con el presidente del gobierno autónomo vasco, Juan José Ibarretxe, y dio largas a encuentros solicitados por otros, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura y uno de los hombres fuertes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), hoy en el gobierno central.
Zapatero no solamente los recibió a todos en su despacho del Palacio de la Moncloa, en Madrid, sino que además hizo colocar junto a la bandera española la de sus comunidades autónomas, un hecho que llamó poderosamente la atención por ser la primera vez que se hace en la historia de España.
La Constitución, en vigor desde 1978, reconoce dos nacionalidades históricas y los Estatutos que rigen a cada una de ellas les otorgan poderes distintos a sus respectivos gobiernos y parlamentos autónomos.
Las reclamaciones que oyó Zapatero van desde los gobiernos autónomos que quieren ampliar aún más las diferencias a su favor, como los casos del País Vasco y de Cataluña, a los que piden una igualdad de trato, entre los que se destaca la meridional Andalucía, con 7,4 millones de habitantes y por tal la comunidad más poblada de España.
Fernando López Agudín, jefe de prensa de 1994 a 1996 del ministerio del Interior del gobierno socialista que antecedió al de Aznar, sintetizó lo ocurrido estos días así: Tres años de incomunicación (de Aznar con Ibarretxe), tres horas de diálogo en tres meses de gobierno, refiriéndose al encuentro de Zapatero con el gobernante del País Vasco, el que más expectativas despertó.
López Agudín añadió que esa es la diferencia política entre el pasado centralista que aún no ha terminado de morir y el presente federalista que todavía no ha nacido.
El gobierno de Ibarretxe, integrado por el Partido Nacionalista Vasco ¡-al que él pertenece— con una escisión de éste, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, una coalición basada en el Partido Comunista, presentó a su parlamento autónomo un programa que incluye la convocatoria de un referéndum que puede plantear la autodeterminación de esa Comunidad.
El llamado Plan Ibarretxe será debatido y sometido a votación en el Parlamento Vasco entre octubre y noviembre, a menos de un año de las elecciones autonómicas, que deberán celebrarse a más tardar en septiembre de 2005.
Ni Zapatero ni Ibarretxe reconocieron públicamente haber dialogado sobre el Plan durante su encuentro de tres horas sostenido el lunes e insistieron en que lo importante es que todo lo que se trate sea dialogando y sin imposiciones.
Pero el presidente autonómico reclamó valentía para solucionar el problema de convivencia entre Euskadi (País Vasco, en vascuence) y España, sin imposiciones unilaterales.
Además señaló ante los periodistas que hay que hablar de la reforma del Estado, añadiendo que trasladó a Ibarretxe su posición favorable a un proyecto de Estado español en común si los diferentes pueblos que lo componemos así lo decidimos.
Ante la advertencia realizada en varias oportunidades por las autoridades de la Unión Europea, de que ningún territorio de un país miembro que declarase su independencia sería aceptado dentro del bloque, es difícil que la reivindicación soberanista del gobierno vasco lleve a la independencia.
Sin embargo, sí puede conducir a una federalización de España, una reivindicación que también impulsa desde Cataluña su gobierno, que preside el socialista Pasqual Maragall, quien administra esa comunidad coaligado con la independentista Izquierda Republicana de Cataluña.
Al margen de las reivindicaciones políticas, como el reconocimiento de sus respectivas lenguas en la Unión Europea, el derecho a mantener relaciones con otros países e incluso de armar sus propias selecciones nacionales de fútbol, un tema de profundo calado económico y social está en la agenda de todas las comunidades autónomas españolas.
Ese tema se refiere a la recaudación de impuestos y a la distribución y administración de los mismos. El País Vasco y la Comunidad Autónoma de Navarra recaudan todos los impuestos y traspasan una parte de ellos a la administración central. En todas las demás regiones es a la inversa. Además se quedan con un porcentaje mayor que el que la administración central transfiere a las otras comunidades.
Ante esa situación, las posiciones difieren entre quienes plantean equiparar a todas las comunidades, haciendo que recauden los impuestos y transfieren el porcentaje que se decida de común acuerdo a la administración central y quienes —una minoríadesean centralizar las recaudaciones.
En lo que coinciden todos los gobiernos autónomos es en reclamar una participación de sus comunidades en la gestión de los recursos tributarios, los recauden ellas o la administración central.
Maragall ha subrayado que esas reformas deben efectuarse cumpliendo con la Constitución que prohíbe expresamente que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas puedan derivar en privilegios económicos o sociales.
En todo caso, se está avanzando con apoyo mayoritario hacia una mayor descentralización de España, sin que algunos ¡-como los gobiernos vasco y catalán— excluyan el federalismo.
Fuentes próximas a Zapatero dijeron a IPS que Ibarretxe asistirá a la conferencia de presidentes autonómicos —a la que no asistió durante el gobierno de Aznar, y que el Partido Nacionalista Vasco participará en la comisión que redactará la propuesta de reforma constitucional.
Esa reforma, que todavía no ha comenzado a discutirse formalmente, afectaría al Senado, que pasaría a ser una representación de las comunidades autónomas, a la sucesión de la Corona para igualar derechos de hombres y mujeres y a la Constitución Europea.
