La mayoría de los bolivianos aprobaron el cambio de política energética y la recuperación de los hidrocarburos para el Estado, en un referéndum casi sin incidentes pese a las amenazas de boicot y quema de urnas. El gobierno revisará los 78 contratos con firmas petroleras transnacionales.
El presidente Carlos Mesa, tras informar pocas horas después de cerrarse la jornada electoral que la consulta es vinculante pues la cantidad de votantes superó el 50 por ciento requerido para ello, ratificó que la exportación de gas natural a Chile y la salida al mundo por un puerto de ese país estarán condicionada a la solución del enclaustramiento marítimo de Bolivia.
Luego de conocerse que su pregunta sobre el uso del gas natural como instrumento estratégico para negociar una salida soberana al océano Pacífico había superado el 50 por ciento de respaldo, añadió que su gobierno trabaja en una agenda amplia y sin exclusiones con el gobierno chileno de Ricardo Lagos.
En conferencia de prensa en la sede del gobierno, el mandatario también afirmó que la nueva política de hidrocarburos permitirá al Estado la recuperación de la propiedad sobre sus recursos energéticos, cobrar más impuestos, garantizar la existencia de una empresa estatal fortalecida y la venta del gas natural como materia prima e industrializada.
Destacó la presencia en las urnas de 60 por ciento de los casi 4,5 millones de ciudadanos habilitados en el padrón electoral, "un porcentaje pocas veces visto en plebiscitos en otros países de América Latina", según dijo.
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La satisfacción del gobierno y de otros actores políticos y sociales se basó en que las amenazas de destrucción de urnas en la zona andina y el paro cívico anunciado en la empobrecida ciudad de El Alto, vecina a La Paz, no consiguieron frenar la considera muy buena presencia ciudadana en los centros de votación.
Sólo se denunció un incidente que involucró al jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), el venezolano Moisés Benamor, quien fue atacado con una piedra cuando trató de visitar un centro electoral de El Alto.
Benamor salió ileso del incidente protagonizado por ciudadanos que rechazaron la presencia de observadores internacionales en la zona de Senkata, que en octubre de 2003 se convirtiera en el mayor foco de rebeldía de la movilización social que culminó con la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y la sustitución por Mesa, quien hasta ese entonces ocupaba la vicepresidencia de Bolivia.
Los datos divulgados por Mesa coincidieron con lo adelantado poco después de finalizado el acto comicial por las encuestas al servicio de los medios de información, como fue el caso de la empresa Apoyo, que trabajó para la red de televisión ATB, indicando que el Sí había superado el 50 por ciento en las cinco preguntas puestas a consideración de los ciudadanos.
Simultáneamente, observadores anticiparon que el Congreso legislativo será ahora el que tendrá la responsabilidad de traducir la opinión de la mayoría de los bolivianos en una nueva legislación sobre hidrocarburíferos.
Empero, el analista Carlos Villegas, del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario, expresó a IPS su pesimismo respecto del futuro del proceso de modificación de la política energética tras esta consulta constitucional.
"El referéndum no resolverá los grandes problemas y, por el contrario, el Congreso se debatirá entre las interpretaciones que se ofrezcan a cada una de las preguntas realizadas al electorado", sostuvo.
Pero Mesa advirtió, en una reflexión dirigida a los partidos políticos que "el parlamento debe entender que su voto debe ser fiel al espíritu, a la letra y a la forma de las cinco preguntas".
El ministro de Hidrocarburos, Guillermo Tórrez, se sumó a los anuncios del gobierno al indicar este domingo que, tras el Sí de los ciudadanos, se pedirá a las empresas petroleras una renegociación de los contratos firmados durante el gobierno de Sánchez de Lozada.
Tanto Mesa como Tórrez descartaron la posibilidad de expropiar los bienes de esas firmas transnacionales asentadas en los campos hidrocarburíferos bolivianos, debido a los 5.000 millones de dólares que demandarían como compensación.
Tras un proceso de privatización identificados como "capitalización", el anterior gobierno transfirió el control de los campos petroleros y gasífero a varias empresas, entre las que destacan la brasileña Petrobras, la española Total y la británica British Gas.
Las compañías extranjeras tienen hasta ahora control sobre los 54 trillones de pies cúbicos de gas natural que colocan a Bolivia como la segunda reserva más importante en América del Sur después de Venezuela.
El referéndum de este domingo, además de convertirse en un respaldo político a Mesa, otorgó el visto bueno para exportar gas natural y el hecho fue aplaudido por el empresariado que deposita sus esperanzas en la venta de ese recurso energético como un mecanismo para el crecimiento del comercio exterior.
"La democracia se fortalece y ahora el presidente no tiene excusa para no exportar el gas natural, dijo el dirigente de la asociación de empresarios privados de Bolivia, Roberto Mustafá.
Mesa apuntaló esa percepción al comentar que la victoria contundente del Sí, en un marco democrático y de unidad nacional, ratifica el cambio en un ambiente de paz en el país.
El levantamiento popular de septiembre y octubre, en especial en la región occidental del país, rechazó la exportación prevista de gas natural a Estados Unidos y México a través de los puertos chilenos. El saldo de la represión, a la que se opuso Mesa, a esa movilización fue de por lo menos 70 muertos, según organizaciones humanitarias.
En opinión del presidente de la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO), Zvonko Matkovic, el apoyo a la exportación de gas ayudará a generar mayores recursos para el Estado boliviano.
Matkovic se convirtió en la contraparte de los líderes indígenas aymaras que lideraron aquella movilización y en diferentes oportunidades reclamó una acción enérgica contra las protestas sociales y demandas populares de occidente.
También el analista Jorge Lazarte reconoció que Mesa consiguió la fortaleza que le faltaba para continuar en su mandato, pero advirtió que el parlamento se convertirá en el nuevo escenario de conflicto cuando se discuta la nueva ley de hidrocarburos.
Los cambios políticos derivados de los resultados del referéndum no se hicieron esperar.
El diputado del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), Felipe Quispe, tras señalar que las empresas transnacionales deben ser expulsadas del país en cumplimiento de la votación registrada hoy, admitió que será necesaria una autocrítica de su organización porque no se consiguió suspender el acto electoral en la zona del altiplano.
El líder aymara no consiguió interrumpir el proceso en la zona andina y menos en la localidad de Achacachi, su región de origen, donde sólo se reportó la explosión de una pequeña carga de dinamita que no alteró el curso del referéndum.
En tanto, en la zona valluna y del semitrópico del central departamento de Cochabamba, los agricultores de la hoja de coca votaron por el Sí a la abrogación de la ley de hidrocarburos, el fortalecimiento de la empresa estatal y la recuperación de la propiedad de los recursos energéticos, pero dijeron No a la exportación y al uso del gas como instrumento estratégico para negociar una salida al mar.
Esta votación fue resultado de la campaña desplegada por el Movimiento al Socialismo (MAS) del dirigente cocalero y diputado por esa tienda política, el también indígena Evo Morales.
Por su parte, la votación del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que llevó a Sánchez de Lozada al gobierno, estuvo dividida entre las corrientes que defienden la privatización y los contratos con las transnacionales, frente a la antigua línea favorable a la defensa de los recursos naturales y que llevó a ese partido al poder mediante una revolución en 1952.
A todo esto, el ministro Tórrez expresó confianza en que los resultados del referéndum ayudarán a salir del estancamiento económico y anunció un proceso de industrialización del gas natural como respuesta a la pobreza de Bolivia.
Según el gubernamental Instituto Nacional de Estadística (INE), 71 por ciento de la población de Bolivia vive en la pobreza.
Mientras la tranquilidad reinaba en las calles de La Paz, unos 60 hombres mujeres y niños de la etnia guaraní permanecía ignorada en una plaza pública rodeados de banderas y carteles donde se lee su demanda para la cancelación del contrato entre el Estado y Petrobras en el campo gasífero San Alberto, del meridional departamento de Tarija.
"El gas es de los bolivianos", reza uno de los carteles de los guaraníes que recorrieron unos 1.500 kilómetros durante 43 días en defensa de sus tierras afectadas por la petrolera. Pero en un día en que se definía el destino del gas natural, la indiferencia fue su gran compañera.
