Al revelar cuentas bancarias secretas del general Augusto Pinochet, un informe del Senado de Estados Unidos descorrió en Chile el velo sobre la imagen de austero e incorruptible con que pretendía pasar a la historia el hombre que gobernó este país por casi 17 años.
Dos magistrados, Sergio Muñoz y Juan Guzmán, están conduciendo ahora sendas investigaciones en Chile acerca de las pistas locales de las operaciones de Pinochet con el Banco Riggs, el uno, y sobre la fortuna acumulada por el ex dictador de 88 años, el otro.
El golpe periodístico dado por el diario The Washington Post el día 15 al difundir el reporte senatorial sorprendió a todo Chile y en particular al ex dictador que gobernó este país desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990.
Hasta entonces, Pinochet estaba preocupado por el proceso que la justicia podría abrir en su contra por la responsabilidad que le cabe en los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.
Pinochet gozó de un blindaje implícito en Chile, que impedía enjuiciarlo en causas por violaciones de derechos humanos, hasta que el juez Baltasar Garzón lo hiciera arrestar en Londres el 16 de octubre de 1998.
La intención del juez español era lograr la extradición a su país, propósito frustrado por el gobierno británico, que lo liberó en marzo de 2000 por motivos de salud.
Gracias a Garzón, Pinochet dejó de ser un intocable. La detención en Gran Bretaña del entonces senador vitalicio y ex comandante en jefe del Ejército (cargo que ocupó desde agosto de 1973 hasta marzo de 1988), permitió que el juez Guzmán le abriera proceso en Santiago por los crímenes de la "caravana de la muerte", de octubre de 1973.
Si bien en julio de 2002 la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de 57 homicidios y 18 secuestros de la "caravana" invocando su demencia senil, en la actualidad el general afronta otros tres procesos por crímenes represivos, entre los cuales el más trascendental es el de la Operación Cóndor.
La Corte de Apelaciones de Santiago le retiró en junio el fuero penal a Pinochet para que se investigue su responsabilidad en la creación en 1975 de ese operativo que coordinó hasta los años 80 a las fuerzas represivas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en la persecución, secuestro y asesinato de opositores a las dictaduras.
El ex dictador podría ser nuevamente sustraído de la justicia en este caso si la Corte Suprema aplica otra vez el expediente de la demencia senil.
Pero, al margen del desenlace judicial, no cabe duda para más de 70 por ciento de los chilenos de que Pinochet es un violador de los derechos humanos, según sondeos de opinión.
El general que se jactaba de ser pionero de la derrota del comunismo en el mundo, haber instaurado un modelo económico exitoso y concebido una transición ejemplar a la democracia, es ahora no sólo un asesino sino también un corrupto cuyo enriquecimiento ilícito lo pone a la par de Teodoro Obiang Nguema, el dictador que lleva casi 25 años en el poder en Guinea Ecuatorial.
El estadounidense Marck Falcoff, autor del libro "El Chile moderno: 1979-1989. Una historia crítica", recordó que las revelaciones sobre los 700 millones de dólares de que se apropió Obiang a través del Banco Riggs y de los cuatro a ocho millones de Pinochet, surgieron "accidentalmente en una investigación accidental del Senado" en Washington.
"A diferencia del asunto Garzón, nadie puede decir que esto es parte de un plan de la izquierda para desquitarse con el general Pinochet por deponer al régimen (del presidente Salvador) Allende (con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973)", dijo Falcoff en un artículo publicado el día 24 por el diario La Tercera de Santiago.
Solo los más incondicionales adherentes de Pinochet, como el general retirado Luis Cortés Villa, secretario ejecutivo de la fundación que lleva el nombre del ex dictador, se atreven hoy a exculparlo por anticipado de cualquier ilícito en los movimientos bancarios, cuyo monto podría llegar a 12 millones de dólares.
El Ejército, a través de su actual comandante en jefe, el general Juan Emilio Cheyre, se desligó definitivamente del caso el día 23, manifestando que le compete solo a la justicia establecer si Pinochet incurrió en delito.
Otro tanto han dicho dirigentes de partidos de derecha, como la Unión Demócrata Independiente (UDI), que fueron funcionarios civiles de la dictadura y ahora aspiran a ganar las presidenciales de diciembre de 2005 con el alcalde de Santiago-Centro, Joaquín Lavín, como candidato.
"Mi ingenuidad ya no llega al punto de (creer) que en 17 años de gobierno se puedan juntar (honestamente) ocho millones de dólares", dijo Mónica Madariaga, ex ministra de Justicia de la dictadura y prima en segundo grado de Pinochet.
"Nadie puede juntar ocho millones de dólares con un sueldo de empleado público", recalcó.
Las vías para el esclarecimiento judicial de los supuestos delitos en que incurrió Pinochet con el Banco Riggs se abrieron a partir de demandas del Consejo de Defensa del Estado, abogados defensores de los derechos humanos y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Tanto el gobierno del presidente Ricardo Lagos como la gobernante Concertación de Partidos por la Democracia, de centroizquierda, y la opositora Alianza por Chile, de derecha, representadas en el Poder Legislativo, terminaron descartando una investigación parlamentaria para no "politizar" este asunto.
Para Falcoff, al alejarse de Pinochet la derecha chilena se liberará "de lo que queda de la tentación autoritaria y se le permitirá llegar a ser la fuerza política moderna que puede ser", ya que "en algún momento" la coalición gobernante desde 1990 "tendrá que perder una elección frente a una derecha unificada".
Pinochet es hoy para la derecha como un barco en naufragio del cual hay que desembarcar, al contrario de lo que ocurría hasta hace poco, cuando la imagen de incorrupto del general seguía siendo un capital político para Lavín y toda la UDI.
En octubre de 1997 el senador socialista José Antonio Viera-Gallo, ex ministro de Allende, fue acusado por la derecha de hacer "afirmaciones temerarias" y forzado a dar públicas disculpas al Ejército por haber dicho en un foro televisivo que Pinochet "metió las manos" (se apropió de recursos públicos) durante la dictadura.
En 1990, recién restablecido el régimen civil, se descubrió el caso de los "pinocheques", como se denominó a una supuesta liquidación de una empresa de armas encomendada a Augusto Pinochet Hiriart, hijo mayor del ex dictador, por lo cual el Ejército le giró cheques por un total equivalente a tres millones de dólares.
Los "pinocheques" dieron origen a la primera amenaza seria a la institucionalidad en el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994). En octubre de 1990 Pinochet ordenó un acuartelamiento general de los efectivos del Ejército, en el episodio conocido como "el ejercicio de enlace", para forzar al gobierno a detener la investigación del caso.
Una negociación política, conducida por el entonces ministro de la Secretaría General de Gobierno, Enrique Correa, manipuló el informe de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que exculpó de responsabilidad al ex dictador en los pagos a su hijo.
El asunto afloró otra vez en 1995 en una investigación tributaria. El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) adujo "razones de Estado" para retirar todas las demandas fiscales e impedir una encuesta judicial a fondo.
Cuando se negoció el traspaso del poder tras la derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988, la Concertación por la Democracia aceptó una norma constitucional transitoria para no investigar "actos administrativos" de la dictadura.
Así, se sepultaron las posibilidades de indagar ostensibles indicios de enriquecimiento de Pinochet, como el traspaso de mansiones y otras propiedades a su nombre, denunciados bajo la dictadura por la periodista Mónica González, que fue encarcelada.
Los "amarres" de la transición impidieron igualmente investigar privatizaciones y otros actos que redundaron en enriquecimiento de la familia de Pinochet y de colaboradores civiles y militares de la dictadura.
Pero ahora la investigación del Senado estadounidense indica que el enriquecimiento ilícito del ex dictador continuó después de la entrega del gobierno en marzo de 1990.
El viaje que Pinochet emprendió a Gran Bretaña en septiembre de 1998 y que condujo a su arresto en Londres estuvo vinculado, según el periodista argentino Gregorio Selser, con una operación de compra de armas por la cual el general recibiría una jugosa comisión.
Es muy probable que, como buen militar, Pinochet se haya transformado literalmente en un "soldado de fortuna" gracias al negocio armamentista.
