El gobierno de Colombia espera desmovilizar para fines de 2005 a 14.000 paramilitares derechistas, 95 por ciento de los combatientes que dicen representar los jefes sentados a la mesa de negociación instalada en un caserío del noroccidental departamento de Córdoba.
El también derechista presidente Alvaro Uribe, empeñado en conseguir el monopolio estatal de la fuerza, espera conseguir ese objetivo en un proceso gradual que será verificado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Para seguridad de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la federación de grupos paramilitares que dicen luchar contra la guerrilla izquierdista en apoyo a las instituciones estatales, el gobierno estableció la llamada zona de ubicación de 368 kilómetros cuadrados en Santa Fe de Ralito.
La zona donde el jueves comenzó formalmente el diálogo, un santuario de las AUC en el departamento de Córdoba, es controlada por 400 escoltas paramilitares armados, y con custodia perimetral del ejército colombiano.
El trato para sentarse a negociar consistió en que los paramilitares acaten un cese de hostilidades y sus líderes permanezcan en las fincas de la zona de concentración. A cambio, las autoridades se abstendrán de aplicar medidas judiciales en su contra.
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Dos de la treintena de comandantes de las AUC que iniciaron las negociaciones cargan con pedidos de extradición de Estados Unidos para responder por acusaciones de tráfico de drogas, incluido el propio portavoz principal Salvatore Mancuso, mientras que otros tres figuran desde febrero en la lista estadounidense de grandes narcotraficantes.
Después de 22 años de creación del primer grupo paramilitar, estas fuerzas ilegales han perdido vigencia y ya no responden siquiera a una estrategia de contrainsurgencia, sino a intereses privados legales o ilegales, como el narcotráfico, o de políticos locales, dijo a IPS Alirio Uribe, director del humanitario Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Estos narcotraficantes han acumulado capitales muy fuertes. Son hombres enormemente poderosos también desde el punto de vista económico, y ellos necesitan legalizar esos capitales, dijo a IPS el filósofo e historiador Eduardo Medina.
Alirio Uribe recordó que el paramilitarismo no ha atacado guerrilleros, ha matado a población civil en crímenes de lesa humanidad, ha cometido magnicidios y grandes masacres.
A su vez, la guerrilla izquierdista los ubica como brazo armado ilegal del Estado, amparado por sectores de las Fuerzas Armadas. Por eso en el frustrado diálogode paz del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), éstas siempre pusieron como requisito para avanzar el desmantelamiento del paramilitarismo.
Mientras, el alto Comisionado de Paz del Gobierno, Luis Carlos Restrepo, aplaudió el inicio de negociaciones. La puesta en marcha (…) de la zona de ubicación, con la concentración en ella del estado mayor negociador de las AUC, es un hecho de paz, un paso adelante que nos permite avanzar en la dirección correcta, dijo.
En cambio, para el embajador de Washington en Bogotá, William Wood, la instalación de esa mesa de diálogo entre Uribe y los paramilitares no es de su agrado. No me parece que sea una transición en favor de la paz sino a favor del narcotráfico, declaró el diplomático el 16 de este mes al diario de su país Miami Herald.
La negociación de Santa Fe de Ralito cuenta con un verificador puesto por la OEA, el argentino Sergio Caramagna, quien ya cumplió el mismo papel en la desmovilización de la llamada contra de Nicaragua, el grupo armado ilegal que enfrentó en los años 80 al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional con apoyo expreso de Estados Unidos.
Ningún delegado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni la Unión Europea (UE) acompañan las conversaciones en el lugar, mientras que la embajada estadounidense envió a su agregado militar, William Greiff, al acto de instalación de la negociación del jueves.
Es que la ONU responsabiliza a las AUC de cometer 80 por ciento de los crímenes contra la humanidad cometidos en el marco de la guerra civil colombiana, iniciada hace más de 40 años con la aparición de la primera guerrilla izquierdista contra fuerzas de seguridad del Estado.
A los paramilitares se los responsabiliza de matanzas, torturas, asesinatos selectivos de opositores, líderes populares y defensores de los derechos humanos, así como del desplazamiento masivo de sus hogares de colombianos, de la usurpación de bienes, secuestro y desapariciones forzadas de personas.
La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional registran que muchas de estas acciones son cometidas con la tolerancia de las fuerzas de seguridad.
HRW, con sede en Nueva York, aseguró en un informe especial publicado en 2001 que los paramilitares estaban plenamente integrados en la estrategia de combate del ejército, coordinados con sus soldados sobre el terreno y vinculados con las unidades gubernamentales mediante la inteligencia, las provisiones, las radios, el armamento, el dinero y un propósito común.
La existencia de los paramilitares, para muchos colombianos, se traduce en un terror diario imposible de recoger en este informe, de poco más de cien páginas, agregaron los autores.
Aunque las AUC declararon un cese unilateral del fuego a partir de diciembre de 2002, organizaciones de derechos humanos afirman que son responsables de 70 por ciento de las 1.440 muertes registradas en distintas masacres y de 80 por ciento de los 3.313 asesinatos políticos.
Lejos de estar desmovilizándose, los paramilitares continúan consolidando su poder territorial y el proceso de legalización de las tierras y capitales del narcotráfico, expresó a Caramagna un grupo de más de 40 organizaciones sociales, de derechos humanos y líderes políticos.
Si bien Washington tiene a las AUC en su listado internacional de grupos terroristas, Caramagna expresó en Santa Fe de Ralito que el apoyo del gobierno de Estados Unidos al proceso de paz y a la misión (de verificación de la OEA) es claro y es contundente.
Por su parte el secretario general de la ONU, Kofi Annan, recordó el propio jueves que el objetivo de estas negociaciones es terminar con el paramilitarismo en Colombia.
El proceso no debería dar cabida a amnistías generales o impunidades de facto, dijo Annan para luego apuntar que el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a las reparaciones a las víctimas deben ser respetados en su totalidad.
Por su parte, la presidencia de la UE manifestó su apoyo a una estrategia de paz creíble y global, e insistió en la necesidad urgente de poner en marcha esta estrategia.
En los discursos inaugurales del jueves el gobierno de Uribe se reafirmó en sus posiciones, mientras que Mancuso avanzó en más propuestas.
Restrepo indicó que el cumplimiento efectivo y real del cese de hostilidades, así como el abandono de las actividades relacionadas con el narcotráfico, constituye un imperativo para la legitimidad y credibilidad del proceso en marcha.
Existe el compromiso de las Autodefensas de abstenerse de realizar actividades ilícitas, de reclutar personas, de ejercer presión o amenazas sobre los pobladores o visitantes, de desarrollar entrenamiento armado y de ordenar y coordinar acciones ilegales desde la zona, agregó.
En tanto, Mancuso sostuvo que, si la política de seguridad de Uribe continúa recuperando la confianza en las instituciones, en un futuro llevará a las AUC a reconocernos innecesarios como organización armada.
Anunció, además, el proyecto de crear un movimiento político de masas a través del cual la retaguardia social de las Autodefensas pueda constituirse en una alternativa democrática que defienda, custodie y proteja los intereses, derechos y demandas de nuestras comunidades ante los poderes del Estado.
