El Partido Demócrata Cristiano (PDC), integrante de la coalición que gobierna Chile, descartó definitivamente este martes una reelección como alcalde de Valparaíso de su militante Hernán Pinto, cuyo ascenso político se frenó cuando proxenetas lo relacionaron con una red de pedofilia que investiga la justicia.
Al mismo tiempo, el juez Sergio Muñoz, a cargo de la investigación, fue acusado de violar los derechos humanos porque ordenó realizar a Pinto un examen de recto, con la intención declarada de averiguar si es homosexual.
La investigación judicial sobre la red de pedofilia que encabezaba el empresario Claudio Spiniak tuvo un giro inesperado desde la semana pasada, cuando surgieron antecedentes sobre la implicación del alcalde en prácticas de abuso sexual a menores.
Pinto, reelegido en octubre de 2000 como jefe municipal del principal puerto chileno, cercano a la capital, con una de las mayores votaciones de un candidato a alcalde, era una de las principales cartas del PDC para los comicios de octubre.
Pero su ascendente carrera política se vino abajo cuando trascendió que era investigado por el juez Muñoz, y así lo corroboró el senador Adolfo Zaldívar, presidente del PDC, al señalar este martes que su posibilidad de ser nuevamente candidato ya no existe.
La implicación de Pinto suma más ribetes de escándalo al caso Spiniak, que mantiene en vilo a la sociedad chilena desde que en octubre de 2003 la diputada derechista Pía Guzmán aseverara que había tres parlamentarios identificados como partícipes en orgías con menores que organizaba ese empresario, arrestado en septiembre.
Posteriores filtraciones a la prensa indicaron que dos de esos tres legisladores podían ser los senadores Carlos Bombal y Jovino Novoa, ambos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido del alcalde de Santiago-Centro y seguro candidato presidencial de la oposición derechista, Joaquín Lavín.
Novoa, que asumió el mes pasado la presidencia de la UDI, asevera que están completamente desacreditadas las versiones en su contra, sustentadas básicamente en el testimonio de la joven Gemita Bueno, quien asegura que mantuvo relaciones sexuales con el senador en 1998, cuando ella era menor de edad.
El presidente de la UDI presentó hace una semana demandas ante los tribunales contra Bueno y el Canal 13 de televisión, que entrevistó a la joven, al que pretende cobrarle una indemnización en torno a 1,5 millones de dólares.
Pinto no aparece implicado en las fiestas de Spiniak, pero dos proxenetas que integraban la red del empresario dijeron al juez Muñoz que recurría a sus servicios para tener relaciones sexuales con niños.
Zaldívar recalcó que Pinto está suspendido en su condición de militante del PDC y que solo a él le corresponde asumir su defensa judicial.
No puede esperar ni él ni nadie que el partido (Demócrata Cristiano) asuma una defensa institucional o corporativa, y menos aún que yo me involucre en una investigación judicial, apuntó el dirigente.
El presidente del PDC marcó así distancia de la UDI, partido cuyos dirigentes y parlamentarios se involucraron en la defensa judicial de Bombal y Novoa y denunció ante la justicia un complot para afectar la candidatura presidencial de Lavín.
El alcalde de Valparaíso fue también el protagonista ausente de una carta de protesta dirigida al juez Muñoz que presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
En ese documento, la organización protestó por el examen de peritaje rectal que el magistrado ordenó practicar al alcalde, con el objeto de determinar su orientación sexual.
La realización de ese aberrante examen médico es para el Movilh un abuso inhumano de poder que contribuye a estigmatizar y alimentar los prejuicios contra las personas homosexuales, toda vez que la identificación de prácticas gay en nada tiene que ver con los abusos contra menores, dijo a IPS el presidente del grupo, Rolando Jiménez.
¿Se ha preguntado usted, señor juez, cómo nos sentimos las personas homosexuales al ver que la pedofilia es asociada a nuestra orientación sexual?; pregunta el Movilh en su carta a Muñoz.
¿Se ha preguntado usted qué es la homosexualidad y qué es la pedofilia? Asociar ambos fenómenos es simplemente una muestra de que su persona no es la más idónea para investigar la causa que lleva, agrega.
La actitud del magistrado fue también objetada por el psicólogo Antonio Salas, ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología, quien dijo que Muñoz debería ser acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Jiménez señaló que el Movilh no estaría en condiciones de llevar el caso ante ese tribunal hemisférico, ya que allí se hacen presentaciones en términos personales, pero adelantó su disposición a apoyar al alcalde Pinto si decide recurrir a esa instancia.
El activista agregó que el juez Muñoz es homofóbico y que su actitud ratifica que en el Poder Judicial prevalece la homofobia, en tanto este caso se suma a otras actuaciones recientes de la justicia.
Jiménez citó al respecto el fallo de la Corte Suprema que hace dos semanas privó de la tuición de sus tres hijas a la jueza Karen Atala, por el hecho de que ella asumió su condición de lesbiana tras separarse de su esposo y formó un hogar con otra mujer. (
