El gobierno chileno decidió el lunes darle suma urgencia al proyecto que busca cobrar un derecho a la gran minería. Con esto, la iniciativa debe ser votada por ambas cámaras en un plazo máximo de 10 días. La razón de este cambio, según La Moneda, es separar el debate. Tratando de borrar todo atisbo que mezcle el proyecto de royalty con supuestos afanes políticos-electorales, el Ejecutivo resolvió ayer calificar con suma urgencia la iniciativa que pretende establecer un cobro de tres por ciento a las ventas brutas de la gran minería. De esta forma, el gobierno de Ricardo Lagos busca desmarcarse de los ataques de la oposición y del frente empresarial antiroyalty, encabezado por los presidentes del Consejo Minero, William Hayes y de la Sonami, Hernán Hochschild, y apoyados por el timonel de la CPC, Juan Claro. Los opositores a la iniciativa han sostenido que el proyecto está siendo usado por el gobierno para obtener dividendos electorales en los próximos comicios y que ahuyentará la inversión privada en el país.
