El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, de la mano del rotundo triunfo de su propuesta energética en el plebiscito del 18 de mayo, obvió el Congreso al anunciar gestiones para vender gas natural a México y nombrar autoridades judiciales, en un gesto audaz no exento de soberbia, según analistas y políticos.
Las decisiones de Mesa representan una enérgica respuesta a los hoy opositores Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR), que esta semana resolvieron unirse para seguir con el control parlamentario hasta el final de legislatura en 2005, aislando al Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por el indígena Evo Morales.
El MAS fue el único partido que respaldó de manera abierta la postura del gobierno en el plebiscito, aunque tras los resultados Morales se declaró opositor a la ampliación de las ventas de natural a Argentina sin aprobación previa de la nueva ley petrolera, como planteaba una de las cinco preguntas hechas a la ciudadanía en esa instancia.
Esta reedición de la alianza que respaldó la gestión de 15 meses de Gonzalo Sánchez de Lozada, en su segundo mandato frustrado en octubre pasado, amenaza la gestión gubernamental encaminada a traducir el resultado del referéndum en una nueva ley de hidrocarburos, así como la realización de las próximas elecciones municipales y la asamblea constituyente del año próximo.
En su alocución de la víspera, Mesa informó de las negociaciones con México para venderle gas natural, posiblemente a través de un puerto de Perú, y designó mediante decreto a 19 miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía.
Estas resoluciones muestran la audacia del gobierno para capitalizar la victoria de su iniciativa de cambios en la política sobre hidrocarburos, lograda en el referéndum del día 18, y emplea esa fortaleza política para salvar los escollos en el Congreso y una posible oposición de las empresas petroleras privadas y desde las regiones productoras de hidrocarburos, dijo a IPS el analista político y sociólogo Alvaro García Linera.
En un mensaje emitido por televisión, Mesa declaró su preocupación por un virtual colapso de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura por acefalía de ambos cuerpos, que dificultan la administración de justicia.
Durante la inauguración del año judicial, el pasado 2 de enero, el presidente pidió al Congreso la elección de seis magistrados para la Corte y dos miembros para el Consejo, pero 213 días después las vacancias aún no fueron llenadas.
Por la vía de un decreto supremo, Mesa eligió a los funcionarios interinos que luego deben ser confirmados por el Congreso, a los cuales se suman nueve fiscales para cada departamento del país, y aseguró que los elegidos guardan principios de honestidad, transparencia e idoneidad.
No podemos seguir con una justicia a punto de colapsar y el parlamento no ha respondido a la urgencia de realizar designaciones en el sistema judicial, dijo Mesa.
Luego explicó que esta decisión se enmarca en la Constitución Política del Estado (CPE) en ausencia de una acción congresal. Hace algunos meses, el MIR pidió al presidente mayor agilidad administrativa y sugirió gobernar a través de decretos para cubrir los lentos procedimientos congresales.
Es indispensable que el parlamento encare en el más corto tiempo posible esta responsabilidad, pero han pasado los días, las semanas, los meses y los años y ese cuerpo no ha podido llevar adelante estas designaciones, expresó.
El diputado del MAS, Gustavo Torrico, dijo a IPS que el mandatario tiene todo el derecho de actuar como gobernante, lo que no quiere decir que actúe con soberbia. Debe interpretar correctamente el deseo de la gente en las urnas, afirmó.
La elección de fiscales interinos es la réplica presidencial a la actuación de dos representantes del Ministerio Público que el jueves resolvieron archivar y dejar sin efecto las investigaciones sobre la muerte de al menos 70 personas por la represión desatada por Sánchez de Lozada en la denominada guerra del gas de octubre y que culminó con su renuncia el 17 de ese mes y la sucesión constitucional del mandato al entonces vicepresidente Mesa.
Los fiscales Fernando Cortez, Jimmy Pareja y Marco Antonio Nina interpretaron el contenido del decreto de amnistía 27234 promulgado por Mesa para dejar sin efecto las acciones penales contra dirigentes sindicales involucrados en movilizaciones sociales contra el gobierno de Sánchez de Lozada.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Sacha Llorenty, señaló a IPS que los fiscales incumplieron su función y aseguró que en los últimos 10 años murieron 300 personas y 5.000 resultaron heridas por la acción represiva de las fuerzas de seguridad, pero ninguna de las denuncias fue esclarecida.
El viernes, el viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, anunció la presentación de una queja ante la Fiscalía General y una acción conjunta con los familiares de las personas fallecidas en los enfrentamientos registrados en La Paz y en la vecina ciudad de El Alto.
En tanto, la Asociación de Fiscales anunció drásticas sanciones contra sus afiliados porque su actuación va contra el principio de lucha contra la impunidad, según su presidente Milton Mendoza.
Por el momento, la atención de Mesa estará concentrada en la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos y para ese propósito enviará el proyecto en las próximas horas al Congreso Nacional del cual reclamó un tratamiento ágil.
Los tiempos de Bolivia se acortaron, expresó el mandatario al pedir que la agenda congresal incluya como primer punto la consideración de este cuerpo legal desde el 9 de agosto y disminuya el periodo de receso por cambio de legislatura.
El actual gobierno goza de altos niveles de legitimidad en un ambiente de expectativa social y el proyecto de ley de hidrocarburos es enviado rápidamente al Congreso con la finalidad de debilitar posiciones conservadoras del MIR y MNR, explicó García Linera a IPS.
El mandatario anunció un ingreso adicional de 90 millones de dólares como efecto de la aplicación de un Impuesto Complementario a los Hidrocarburos.
Sin embargo, el diputado Torrico considera que esta modalidad impositiva es tramposa, porque mantiene el sistema tributario para las empresas y sólo agrega una nueva obligación, cuando. En opinión del MAS, el Estado debería asumir su papel de propietario de los recursos hidrocarburíferos y compartir utilidades con las petroleras en partes iguales.
En aplicación de las cinco preguntas del plebiscito, el gobierno dejará sin efecto la vigencia de la ley aprobada por el anterior gobierno y retomará el control de los hidrocarburos en boca de pozo, sobre los precios y su comercialización.
Mesa también llamó a las empresas transnacionales que operan en Bolivia a encarar un proceso de adecuación a las nuevas reglas, pero reiteró su política de respeto a la seguridad jurídica.
Además, anunció el fortalecimiento de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con la transferencia de acciones de las empresas privatizadas en 1996 y colocadas en 50 por ciento a nombre de los ciudadanos bolivianos en empresas de fondos de pensiones.
Con el respaldo de los votos del 18 de julio, reiteró la validez del gas natural como recurso estratégico para el desarrollo económico global del país y coadyuvante para recuperar el acceso libre y útil al océano Pacífico.
Ante la aprobación mayoritaria a la exportación del gas natural, anunció acuerdos de integración energética con el presidente peruano Alejandro Toledo y gestiones con el gobierno de México para suministrar el hidrocarburo.
Bolivia posee reservas probadas y probables de 54 trillones de pies cúbicos de gas natural que la colocan en segundo lugar en América Latina, después de Venezuela, y exporta a Brasil a razón de 13 millones de pies cúbicos por día y a Argentina un volumen de cuatro millones de pies cúbicos diarios. (
